Acta del INDH revela activo rol de la Fiscalía para impulsar querella por presunto tráfico de influencias en nombramiento judicial

Luego de una semana donde el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) fue blanco de fuertes reproches, tras su determinación de querellarse por presunto tráfico de influencias en la designación de ministros para la Corte Suprema, este lunes se liberó el acta de la sesión en que el Consejo del organismo discutió presentar dicha arremetida.

El documento, cabe hacer presente, había sido exigido por los diferentes sectores, dado que tras la acción judicial la derecha apuntó a que se estaría ante un “plan” para afectar al sector. Sin ir mas lejos, el candidato a alcalde de Santiago por RN, Mario Desbordes, apuntó a que se trataría de una estrategia del PC para desprestigiarlo.

Y es que aunque la querella en cuestión no apunta en contra del exdiputado y exministro en particular -es contra todos quienes resulten responsables-, esta sí lo mencionaba en varios pasajes. Se desliza, tal como lo dio a conocer Ciper, que habría sido a través de él que el exjuez Juan Antonio Poblete promovió la designación de la ministra María Teresa Letelier para ocupar un cupo en la Corte Suprema.

En el mismo sentido, consejeros y parlamentarios de Chile Vamos habían sostenido que tras la querella estaba la mano de la Fiscalía, lo que quedó al descubierto tras la publicación del acta. Ahí, se hace presente que el coordinador nacional de litigio de la Unidad de Protección de Derechos de la entidad, Pablo Rivera -quien defendió la presentación junto al jefe subrogante de la unidad y la directora Consuelo Contreras-, sostuvo una conversación que habría sido clave con el fiscal Jaime Retamal.

“El coordinador nacional de litigio agrega que el día martes en la tarde llegó desde Fiscalía el informe de la Brigada Anticorrupción de la PDI, hecho con ocasión de la causa “Operación Topógrafo” y de la “Operación W” sobre interceptaciones telefónicas espurias (...) Señala que se logró rescatar mucha información desde el celular, en el que se encontraron conversaciones de WhatsApp bastante delicadas y es por esto que el Fiscal abrió este informe, que llegó a todos los querellantes de la causa. El mismo jueves había un alegato en esa causa, momento en el que se le hizo ver al Fiscal que como INDH habían tomado conocimiento del informe que él mismo había enviado, luego se publicó el reportaje en el sitio web de Ciper y que les parecía bastante grave especialmente por el nombramiento de una persona que actualmente es Ministra de la Corte Suprema”, se lee en el acta.

Se agrega, en el mismo sentido, que el mismo abogado continuó: “A lo anterior el Fiscal de la causa, Sr. Jaime Retamal, le señaló que justamente por aquello compartió el informe. Luego, bajo reserva le informó que, atendido a los hechos, había tenido que elevarlo a la Fiscalía Regional y que el Fiscal Armendáriz lo había elevado a la Fiscalía Nacional y en estos momentos está asignado a un abogado asesor de la misma, de la Unidad Anticorrupción para estudiar los hechos de corrupción involucrados. A continuación, pone en conocimiento y consideración de los Consejeros y Consejeras información que le fuera entregada bajo reserva”.

Constatadas esas conversaciones por medio del acta, desde la oposición recalcaron que queda en evidencia el “activo rol” que jugó en este caso el fiscal. De hecho, como confirmó a La Tercera Mario Desbordes, tras corroborar los antecedentes ingresará este martes una querella por prevaricación en contra de los consejeros.

“En primer lugar queda en evidencia que la directora faltó a la verdad cuando señaló que para la presentación de esta querella sólo tuvo a la vista el artículo de Ciper. Esta acta demuestra que sí tenían el informe reservado de la Policía de Investigaciones. En segundo lugar, es claro que acá hay actos reñidos con la ley de parte del fiscal, porque no interactúa con el INDH como si fuera un interviniente más, lo que es de total descaro”, manifestó.

En el mismo sentido, el también exministro hizo presente que, junto con sus abogados mantienen serias dudas respecto del momento en que la Fiscalía le entregó el informe pericial de la PDI al Instituto. “Tenemos sospecha fundadas de que esto fue antes que al resto de los intervinientes”, apuntó.

Y en cuarto punto, confirmando la presentación de una querella contra el INDH, aseguró que pedirán “que se incaute el audio de esta sesión del Consejo, porque el INDH se ha negado porfiadamente a entregarlo, lo que consideramos es un hecho grave, pues hay antecedentes que aún falta por conocer”.

En la mencionada y esperada acta, quedó al descubierto, además, que tras la exposición de Rivera se le entregó la palabra a los consejeros, quienes terminaron aprobando la presentación de la querella -con siete votos a favor y cuatro abstenciones- pese a los reparos que presentaron alguno de los integrantes.

Ese fue el caso de Ignacio Covarrubias, el primero en tomar la palabra. El consejero, que finalmente se abstuvo, argumentó que “no ve la conexión, ni la competencia” del INDH para querellarse en esta causa. Posición que también tuvo la consejera Beatriz Corbo, quien votó por escrito y lamentó “cómo fue este procedimiento”. El consejero Sebastián Donoso fue más allá y planteó, para abstenerse, que “una aprobación como esta no se puede solicitar por correo electrónico, en forma urgente y sin los antecedentes indispensables para evaluarla”.

Otro que se abstuvo en la votación fue Cristián Pertuzé, quien planteó que con la decisión de querellarse, “se está flexibilizando el accionar del instituto en materia de persecución judicial”.

Quienes estuvieron por aprobar la presentación de la querella, fueron los consejeros Juan Carlos Cayo, Francisco Ugás, y las consejeras Paula Salvo, Constanza Valdés, Haydee Oberreuter y Lieta Vivaldi. Además de la directora del organismo, Consuelo Contreras.

En su argumentación, los consejeros que estuvieron por aprobar la querella, lo argumentaron, principalmente, debido a la gravedad de los presuntos delitos. La consejera Valdés por su parte destacó que estos hechos habían sido cometido por agentes del Estado y que podría ser atendido “como un indicio de que puede haber un patrón sistemático en lo que tiene que ver con nombramientos y tráfico de influencias en el Poder Judicial”.

Cayo, por su parte, apuntó a que los hechos comprometen la seguridad democrática al ir en contra de la independencia judicial, por lo cual sostuvo que existía una justificación para la querella. Posición que apoyó el consejero Ugás, quien además planteó la necesidad de conocer las otras querellas que ha presentado el INDH en la materia.