Alerta máxima: las medidas del sistema judicial para frenar la penetración del crimen organizado en sus instituciones

En “alerta máxima”. Así se declaran las instituciones que componen el sistema de justicia y seguridad ante el auge del crimen organizado en el país. La irrupción de bandas internacionales como el Tren de Aragua, Los Gallegos, Los Pulpos, Los Trinitarios, entre otros, ha llevado a las instituciones a reforzar sus medidas de prevención, todo con un objetivo: evitar que los tentáculos de estas organizaciones criminales penetren sus instituciones y corrompan funcionarios.

Si bien hasta ahora se ha tratado de hechos más bien aislados, las diversas medidas que buscan instalar las instituciones surgen para evitar que este tipo de incidentes vayan al alza. Un ejemplo de la vinculación de funcionarios con el delito quedó en evidencia esta semana, cuando tras una investigación interna de Carabineros se detuvo a 12 funcionarios, que cobraban a comerciantes del barrio Meiggs con el fin de entregar protección.

Sin embargo, actualmente también existen investigaciones -en todo el país- por presuntos vínculos entre fiscales, policías, gendarmes y hasta defensores penales públicos con el crimen organizado.

Al interior del Ministerio Público actualmente existen cuatro investigaciones en contra de fiscales, quienes a través de diversos hechos habrían incurrido en delitos al vincularse y favorecer a sujetos investigados por la Fiscalía. El último de los casos detectados fue en la Región de O’Higgins, donde tras una denuncia anónima se detectó que un fiscal Antidrogas tenía patrones comunes en sus investigaciones, ofreciendo salidas alternativas -en general- a los traficantes que investigaba, por lo cual ahora también se le indaga como presuntos delitos de obstrucción y cohecho.

Además del fiscal de O’Higgins, también se indagaba a otros persecutores en las regiones del Biobío y Magallanes.

Tras la llegada del fiscal nacional, Ángel Valencia, la institución decidió crear la Unidad Anticorrupción, Lavado de Activos y Probidad Interna (UNAC), encabezada por Eugenio Campos, quien está encargado de implementar nuevas medidas y la supervisión de estas. El jefe de la unidad sostiene que no tiene dudas de que “los mecanismos que ha establecido internamente nuestra institución es la que permitió dar lugar a la existencia de este tipo de investigaciones de carácter administrativo y/o penal” en los casos actualmente investigados.

En esa línea, según explica el exfiscal regional de Magallanes, en este tipo de investigaciones se debe actuar con severidad y eficiencia ante casos altamente complejos al revestir hechos de probidad. Campos asegura que “el fiscal nacional ha abordado estos problemas mediante diversas resoluciones, adoptando decisiones que a veces incluyen medidas más severas desde el punto de vista administrativo, así como la apertura de investigaciones penales cuando corresponde”.

En ese sentido, desde la UNAC han tomado cinco medidas para evitar vínculos entre funcionarios de la institución y el crimen organizado. La primera de ellas, según explica Campos, fue un catastro de las investigaciones administrativas y penales, así como también la sincronización de información considerada relevante. Además de eso, se han realizado capacitaciones sobre las medidas que deben adoptar sus reparticiones. Así también se estableció un programa de compliance interno y propuesto modificaciones legales para el Ministerio Público.

Una de las acciones más concretas también tiene que ver con la creación de mapas de riesgo para “identificar y enfrentar situaciones que podrían llevar a conductas administrativas indebidas o responsabilidades penales”, sostiene el jefe de la UNAC. También se realizará un mapeo de todos los fiscales a cargo de investigaciones complejas, lo que permitirá tenerlos identificados y apoyados en sus funciones, medida que se aplicará “en el menor tiempo posible, con un fuerte compromiso de cumplir con esta tarea de manera eficiente y efectiva”.

Pero no sólo fiscales son los que actualmente son investigados por presuntos delitos de corrupción. En la Defensoría Penal Pública también existe una indagatoria interna en contra de un defensor quien, presuntamente, habría cobrado a su defendido, siendo que esta labor es gratuita y garantizada por el Estado.

El defensor nacional, Carlos Mora, explica a La Tercera que en la institución han establecido una “tolerancia cero a la corrupción”, por lo cual ante cualquier tipo de incidente sospechoso se realizará una investigación. En ese sentido, afirma que durante el año pasado “nos enfocamos en mejorar los estándares de transparencia, integridad y anticorrupción a través de la actualización de nuestra política y manual (...) relevando la importancia de contar con sistemas preventivos con el fin de identificar y reportar operaciones sospechosas al interior de la Defensoría”.

Lo anterior, sostiene, “dado el compromiso y la colaboración que deben tener los organismos públicos con los más altos estándares de transparencia y probidad en la administración del Estado”, más aún ante el aumento de los delitos de cohecho, fraude y malversación.

En el caso del Poder Judicial, si bien no se han tomado medidas directas para evitar la vinculación de funcionarios con el crimen organizado, sí han firmado un convenio con la Defensoría y la Fiscalía para modificar el actual protocolo de protección en favor de todos los intervinientes en una causa.

A comienzos de mes al interior de Gendarmería se encendieron todas las alarmas, luego de que se diera a conocer que un funcionario de la Cárcel de Arica estaría vinculado sentimentalmente con una reclusa de la banda Los Gallegos, gendarme que fue rápidamente removido de las filas de la institución.

Y es que si bien hasta ahora -sostienen desde Gendarmería- no se han detectado vínculos entre funcionarios y el crimen organizado, durante 2023 sí descubrieron una veintena de casos de corrupción de gendarmes, los cuales no sólo se encuentran investigados administrativamente, sino que los antecedentes fueron entregados al Ministerio Público. El coronel Víctor Provoste, subdirector Operativo de la institución, explica que “siempre, frente a la detección de cualquier hecho que sea constitutivo de delito, o falta, se toman medidas con el fin de mantener el resguardo de la seguridad penitenciaria. Frente a estos hechos, Gendarmería analiza todos sus protocolos, y si hay que adecuarlos, se adecuan”.

Junto al aumento de la población penal llegaron más intentos por vulnerar los controles de seguridad que hace la entidad penitenciaria, lo que representa un riesgo. Por lo mismo, el coronel sostiene que el gendarme de trato directo -el que custodia directamente a los presos- es quien siempre debe estar alerta a los “intentos de corrupción por parte de privados de libertad”.

En esa línea, Provoste asegura que lo más importante es que “no vamos a permitir funcionarios que se alejen del deber ser, y ante ello, la institución tiene una política de tolerancia cero a la corrupción”. Y que para evitar vínculos con el crimen organizado se seguirán potenciando la labor investigativa de Gendarmería. “Ya hemos creado oficinas regionales de la unidad de Investigación Criminal en casi todas las regiones del país en este último año, y seguimos profesionalizando a nuestro personal en materia de inteligencia penitenciaria”, sostiene.

Además, asegura que desde la etapa de formación, “se entregan herramientas que tienen que ver con la ética y el deber ser. También durante la carrera funcionaria constantemente se están reforzando”. Junto con ese reafirma que “la disposición es no ceder un centímetro ante el crimen organizado, y apartar de la institución a aquellos que se vean involucrados en actos que atentan contra los valores institucionales, la probidad administrativa, la ética, y el debido actuar del personal penitenciario”.

A mediados de marzo fueron detenidos dos funcionarios de la PDI, desvinculados y apresados por la propia institución, por su presunta vinculación con el Tren de Aragua. Situaciones en las cuales, según el prefecto general Paulo Contreras, jefe de Inspectoría General de la policía civil, no tienen cabida en la PDI y las cuales al ser detectadas son denunciadas inmediatamente al Ministerio Público, además de los propios procesos administrativos.

Para evitar los casos de corrupción, a finales del 2021, según sostiene Contreras, “la PDI procedió a modificar su estructura de control interno, radicada principalmente en la Inspectoría General, Alta Repartición de dependencia directa del director general, incorporando en ella una Jefatura Nacional de Control Operativo, la cual coordina el trabajo de oficiales contralores en las regiones policiales y jefaturas nacionales”, además de las investigaciones de asuntos internos, control de procedimientos policiales, lo que genera “un modelo ágil en la visualización de escenarios que puedan comprometer la probidad y ética de nuestro personal”.

Junto a eso, explica el prefecto general, al estar adscritos al sistema de acreditación educacional, también se pueden revisar y actualizar las mallas curriculares de la formación de sus funcionarios. Asimismo, el director general, Eduardo Cerna, ha integrado en sus lineamientos el instalar un programa de cumplimiento organizacional “como estrategia de ampliar la mirada de riesgo desde el clásico prisma normativo o legal, hacia lo ético y cultural, encontrándonos en este momento ocupados en actualizar nuestra matriz de riesgo, identificando aquellos que resulten de criticidad alta, para incorporarlos en el respectivo plan de mitigación”.

El jefe de la Inspectoría General de la PDI concluye que han aprendido de “nuestros aciertos, pero principalmente de nuestro errores, los que si bien provocan tristeza en quienes entregan lo mejor de sí día a día, nos ofrece una oportunidad de mejora que no estamos dispuestos a desaprovechar”.

Al igual que lo ocurrido con la PDI, Carabineros también fue el encargado de detectar, denunciar y detener a sus propios funcionarios que cometían delitos en el barrio Meiggs. Consultados al respecto, desde la policía uniformada sostienen que uno de los lineamientos es modernizar la institución, lo que ha generado cambios en la formación de los funcionarios.

En esa línea, sostienen desde Carabineros, se fortaleció y profesionalizó la unidad de auditoría interna, además de que “fueron robustecidas la Contraloría General de Carabineros y la Dirección de Asuntos Internos, creando la Unidad Anticorrupción”, junto con hacer una “amplia difusión de los mecanismos de denuncia ciudadana, como también interna, a través de las diversas plataformas dispuestas por la institución”. Por último, afirman que “se creó la Fiscalía Administrativa Letrada para investigar con mejores capacidades aquellas situaciones irregulares detectadas al interior de la organización”.

Con todo, desde la institución hacen un llamado a la comunidad “a seguir confiando en nuestros canales de denuncia, porque nos permite investigar, identificar, detener y eliminar de nuestras filas a aquellos que abusan y manchan el uniforme. Somos la primera línea de control y no hay cabida para quien se aleje de la ley y traicione nuestros principios y valores”.