Asociaciones gremiales del Poder Judicial inician “jornada de reflexión”: acusan discriminación del reajuste salarial para el sector público

Desde el Centro de Justicia en Santiago, los representantes de las asociaciones gremiales de fiscales, defensores, magistrados y funcionarios del Poder Judicial iniciaron esta mañana una jornada de reflexión en protesta, según acusan, a la discriminación en el reajuste salarial del sector público en un 12%.

El pasado viernes 2 de octubre, el gobierno concretó un acuerdo con la mesa de funcionarios públicos para presentar un proyecto de ley que ajuste en un 12% los salarios de los trabajadores con sueldos menores a $2,2 millones. La iniciativa se votará este lunes en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados.

Sin embargo, dado el límite salarial establecido por el gobierno en el proyecto de ley, los funcionarios del sistema judicial acusaron que se les excluía del “reajuste de remuneraciones del sector público (...). No sólo representa una disminución de los salarios de los operadores del Sector Justicia, sino que constituye un afectación al Principio Independencia Judicial y autonomía del sistema de justicia”, señalaron en un comunicado firmado por nueve asociaciones del sector.

“A la asociación de fiscales nos parece que las expresiones de la ministra de Justicia, de que hay que cuidar la Fiscalía, esto va exactamente en la dirección contraria, esto golpea al Ministerio Público, no lo fortalece, no lo cuida. Por lo tanto, el llamado es particularmente la ministra de Justicia -que es la ministra del sector- a que tome cartas en el asunto y que haga gestiones para revertir esta situación”, llamó esta mañana el presidente de la Asociación Nacional de Fiscales (ANF), Francisco Bravo.

Bravo, además, acusó que como sector solicitaron una reunión con la titular de Justicia, Marcela Ríos, la cual les fue rechazada. “Señalaron que esto estaba concentrado en el Ministerio de Hacienda, nos reunimos el viernes en la Dirección de Presupuesto, la Dipres, y nos recibió una funcionaria de esa entidad, señalando de que no había, en definitiva, ninguna voluntad para revertir esta situación”, aseguró el persecutor.

Por parte de los defensores públicos, el presidente de la asociación, Pablo Sanzana, aseguró que la movilización tiene una “adhesión bastante alta a nivel nacional, la idea de nosotros es demostrar nuestro descontento, pero así mismo tampoco que perjudicar a las personas que defendemos”.

Consultado acerca de si las movilizaciones afectarían el normal desarrollo de las audiencias en el Centro de Justicia, el representante de los defensores públicos aclaró que se están reagendando para los bloques siguientes.

“Estamos en estado de alerta, como señalamos en nuestro comunicado y dependiendo de la respuesta que tengamos de las autoridades, son las acciones a seguir”, cerró su alocución Pablo Sanzana y llamó a la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja a tener en cuenta su solicitud.

La ministra Camila Vallejo, en su habitual vocería de los lunes, se refirió a las demandas de las asociaciones del sector Justicia y desmintió que estuvieran excluidos del reajuste, tal como han reclamado.

“Queremos ser muy claros en señalar que los fiscales y los médicos no están excluidos del reajuste, hay que recordar que el reajuste es de un 12% hasta los $2,2 millones brutos y que hasta ese límite se produce un reajuste fijo de $240 mil, que es un aumento significativo de todas maneras”, puntualizó la vocera de gobierno.

Mientras que Patricio Aguilar, presidente de la Asociación de Profesionales del Poder Judicial, aseguró que el reajuste “es sumamente lesivo. No solo es discriminatorio, porque merma en relación a los demás grados, sino que genera una distorsión importante en la escala de sueldos en el Poder Judicial. Perfectamente puede pasar que un funcionario gane más que su jefatura en algunos tramos y eso evidentemente no condice con la relación jerárquica que nosotros tenemos”.