Balance del Ministerio Público: violencia rural en La Araucanía creció 36% el 2021 y fiscal regional reconoce que es un “fenómeno que ha recrudecido”

El fiscal regional de La Araucanía, Roberto Garrido, entregó hoy su primera cuenta pública, a seis meses de asumir el cargo como el jefe del Ministerio Público en una de las denominadas “zonas rojas” del conflicto mapuche.

En la presentación, el persecutor dio cuenta de una importante alza en el ingreso de causas por violencia rural en La Araucanía, lo que mantiene en alerta a las autoridades de la región. Según Garrido, en 2021 se registraron 165 casos por hechos de alta connotación, superando en 36% los registros del año anterior y en 132% las causas de 2019.

“Al día de hoy, 68 imputados se encuentran sujetos a prisión preventiva, destacando un número importante de ellas, 26, que ya han sido acusadas. Además, durante el año 2021 la Fiscalía logró demostrar la participación de varias personas en hechos ilícitos, sumando a quienes ya se encuentran en prisión preventiva, un total de 21 condenados”, dijo.

Garrido advirtió que “la estadística de los últimos 4 años muestra que el ingreso de delitos de alta connotación asociados a este fenómeno ha recrudecido”.

“Seguiremos persiguiendo con decisión las manifestaciones criminales de un fenómeno cuyas causas son políticas y respecto del que, como todos los habitantes de La Araucanía, esperamos puedan encontrar una solución a través de la institucionalidad democrática”, sostuvo.

Asimismo, planteó que “nos preocupa sin embargo, la dilación constante de determinados juicios, postergaciones reiteradas incluso respecto de imputados privados de libertad”.

Dentro de los procedimientos más relevantes de la zona -expuso Garrido- está el encabezado por el fiscal Carlos Bustos, junto a su equipo y el apoyo del OS-9 de Carabineros, que permitió detener a tres presuntos participantes y tres nuevos involucrados en el asesinato de los carabineros, Eugenio Naín , en octubre de 2020, y Francisco Benavides, en mayo del 2021.

El tráfico de armas y municipios es otros de los focos investigativos prioritarios para la Fiscalía. “A la fecha existen 31 imputados en prisión preventiva, en 21 casos por delitos sancionados en la Ley de Control de Armas y Explosivos”, explicó Garrido, quien sostuvo que el destino de este armamento, donde se incluyen también armas de guerra y una granada, eran comunidades de la provincia de Malleco.

“Las municiones y armas de fuego no solo son compradas con dinero, sino también con droga que es cultivada al interior de algunas comunidades”, reveló Roberto Garrido, quien destacó la detención, en junio de 2020, de dos personas que trasladaban munición de escopeta en un taxi, las cuales serían vendidas a cambio de marihuana y dinero. Ambos fueron encarcelados por tres años.

En cuanto a los resultados en las investigaciones por atentados incendiario, el persecutor indicó que “siete personas están formalizadas y privadas de libertad por su eventual participación en ataques incendiarios, respecto de cinco de ellas la Fiscalía presentó acusación y está solicitando penas que en algunos casos llegan a los 30 años de presidio”.

Como forma de mejorar el trabajo, el Ministerio Público anunció el reforzamiento de la unidad de Alta Complejidad con dos nuevos persecutores que se sumarán a los siete que mantenían dedicación exclusiva a indagatorias de casos de violencia rural. De esta forma, a partir de marzo el 20% de la dotación de fiscales adjuntos de La Araucanía trabajará en la investigación de esos delitos, los que no superan estadísticamente el 2% del total de ingresos en la región.

En materia de protección a víctimas de violencia rural, la Fiscalía mantienen 382 medidas de protección vigentes, de las cuales, 367 corresponden a medidas de intensidad alta o media (87 puntos fijos y 280 rondas periódicas diurnas o nocturnas).