Bermúdez justifica despidos en Contraloría y abre flanco político

Fue un día de explicaciones para el contralor Jorge Bermúdez. El despido de tres funcionarios de la Dirección de Análisis Contable (DAC) del organismo, puso los focos en la autoridad, ya que serían estos profesionales quienes advirtieron sobre un problema en las auditorías municipales, relacionado a diferentes criterios que aplicarían las Contralorías Regionales a la hora de calcular los déficit y superávit de las cuentas locales.

A través de un comunicado, el organismo descartó que se trate de "desvinculaciones por represalias" en contra del jefe de la DAC, Patricio Barra, y sus subalternos Ignacio Tapia y Pablo Soto. En el documento, se argumenta que la decisión del contralor se respalda en el caso de Barra, al ser un cargo de exclusiva confianza, sustentado en la mala evaluación de desempeño que existía en su contra al interior de la institución.

Consultados por La Tercera sobre este punto, desde Contraloría explicaron que estos cargos están en permanente evaluación, por eso no hay reportes que documenten el desempeño de Barra. En tanto, ante la negativa de este de abandonar el cargo -el resto firmó una renuncia voluntaria-, se indicó que se deben esperar 48 horas hábiles para declarar el cargo vacante. No obstante, también se está a la espera que el aun jefe de la DAC pueda acudir a tribunales para oponerse al despido.

En cuanto a la eventual disparidad en las fórmulas de cálculo, el comunicado del ente contralor "ratifica" que se ha aplicado la metodología que establece la normativa en todas las municipalidades del país, "descartando que existan eventuales irregularidades en el trabajo de los equipos de auditoría de la Contraloría". Incluso, la declaración advierte que atendidas las consultas de los municipios, los equipos de Auditoría, Jurídica y Análisis Contable trabajaron un documento para establecer los lineamientos nacionales, despachado a los municipios el 28 de mayo. Este, según advierte Contraloría, fue visado por el propio Barra antes de su salida.

El funcionario aludido, no obstante, se desmarca de esta situación en el complemento de la denuncia interna que presentó tras su despido. Según indicó, el objetivo del contralor tras conocer esta situación era "bajar el perfil", más que solucionar la disparidad de fórmulas. Y aclaró que a él y a su subjefa se les pidió "poner una mosca" solo en la primera hoja del documento, en la que se consigna la fórmula única.

En el Parlamento esta situación abrió un flanco político para Bermúdez, en que distintas voces apuntaron a la autoridad, quien este miércoles a las 15.00 se presentará ante la Comisión de Constitución de la Cámara para responder los cuestionamientos.

El presidente de esta instancia, Matías Walker DC, indicó que "el propio contralor general de la República se comunicó conmigo como presidente de la comisión de Constitución y se ofreció voluntariamente a venir a dar su testimonio respecto de lo dado a conocer por un medio de comunicación, en relación a supuestas represalias que habrían sufrido algunos funcionarios de Contraloría producto de los procesos de auditorias a algunos municipios. Di cuenta de esta disposición del contralor general de la República de asistir a la comisión y se acordó por unanimidad de la comisión de Constitución invitarlo el día de mañana (este miércoles), al inicio de la sesión. Él ya había venido con anterioridad y se va a referir a los hechos profusamente difundidos".

Para el diputado Gabriel Silber (DC), Bermúdez debe dar explicaciones ante la comisión, asegurando que si estas no son suficientes, "por qué no abrir una comisión investigadora".

El diputado Leonardo Soto (PS) destacó la presencia del contralor en el Congreso: "Me parece que cuando hay situaciones poco claras, lo que hay que hacer es darle claridad y eso es lo que vamos a hacer".

En la UDI incluso desconfían y sospechan que el problema metodológico haya surgido para perjudicar a municipalidades en manos de alcaldes oficialistas, como es el caso de La Florida y Viña del Mar. "No podemos tener un contralor que actúa con sesgo y con discriminación, porque esto desvirtúa la institucionalidad", señaló la presidenta de la UDI, Jacqueline Van Rysselberghe.

La situación escaló hasta La Moneda. Consultada, la vocera de gobierno, Cecilia Pérez, dijo esperar "que todos los conflictos que puedan existir al interior de la Contraloría puedan ser solucionados con la misma institución".

En tanto, Barra ha transmitido que tiene interés de participar de la comisión de la Cámara para entregar su versión de esta situación.