¿Calles sin violencia? Radiografía al plan “estrella” del gobierno

Pocas horas habían pasado del crimen del suboficial mayor de Carabineros, Daniel Palma (34), el 5 de abril del 2023, cuando el Presidente Gabriel Boric anunció una estrategia para hacer frente a la crisis de seguridad que afectaba al Gobierno por esos días. Fue ahí que nació “Calles sin Violencia”.

A poco más de un año de este anuncio, y la implementación de este plan en 48 comunas del país, la situación de seguridad vuelve a tocar la puerta de La Moneda. Esto, luego que en cuatro días se registraran 15 homicidios en la Región Metropolitana, lo que significó que la ministra del Interior, Carolina Tohá, tuviera que interrumpir sus vacaciones, Boric debiera bajarse de la inauguración de los Juegos Olímpicos en Paris y que la casa de gobierno fuera el epicentro de una serie de comités policiales y políticos para enfrentar una nueva crisis de seguridad.

En este contexto es que la “iniciativa estrella” de la actual administración, sale al pizarrón, ya que su principal objetivo -para el que recibió $14 mil 167 millones- era, justamente, reducir la tendencia al alza de este tipo de delitos. Para lograr esto, se contemplaba una multiestrategia de persecución penal, despliegue territorial de las policías y prevención en 48 comunas del país, 22 de ellas pertenecientes a la Región Metropolitana.

Como los homicidios volvieron a impactar en la agenda del país, no pocos cuestionaron la efectividad del plan e incluso lo calificaron como un “fracaso”. Ante estas críticas, el subsecretario de Interior, Manuel Monsalve, puso paños fríos y aseguró que “las estrategias tienen que revisarse, pero si uno mira la persecución penal por Calles sin Violencia tiene resultados”.

El Plan Calles sin Violencia, tal y como se anunció el año pasado, establecía cuatro ejes de aplicación: persecución penal efectiva, patrullajes policiales reforzados, fiscalización de incivilidades e intervenciones comunitarias. Todo, según su propia definición, “con el fin de detener el alza los homicidios”. Pero, ¿realmente se ha cumplido este propósito?

A 453 días de que el plan arribara en las 48 comunas escogidas, expertos apuntan a que se mantienen las falencias iniciales que fueron advertidas en su momento.

Una de ellas es Pía Greene, del Centro de Estudios en Seguridad y Crimen Organizado de la Universidad San Sebastián (USS), quien plantea que “Calles sin violencia” en sus orígenes no contaba con un documento en el que se estipularan sus reales objetivos, formas de aplicación, ni métricas para evaluarlo. Algo trascendental -dice- en este tipo de iniciativas. Además, cree que “este plan no tenía un diagnóstico o análisis de lo que realmente estaba pasando en el país”.

Opinión que comparte Daniel Johnson, director ejecutivo de Fundación Paz Ciudadana, quien asegura que no se estableció una línea base del programa, con el cual ahora se pueda comparar las métricas. “Es poca la información que tenemos disponible para poder hacer una evaluación del programa”, sostiene. A eso agrega que a raíz de esa falta de información “no tenemos antecedentes suficientes para poder definir si ha tenido o no éxito”.

Toda falta de métricas y planes concretos iniciales, a juicio de los expertos, deriva en que la iniciativa se implemente de manera poco estratégica y no focalizada en los homicidios, que es lo que busca.

La Tercera analizó las estadísticas sobre los casos policiales vinculados al delito de homicidio, entregados por el Centro de Estudios y Análisis del Delito (CEAD). Para ello se compararon cifras del primer trimestre del 2023, fecha en la que aún no estaba implementado el programa, con el mismo periodo de este año (2024) en que sí estaba vigente la estrategia.

En las 48 comunas del país en la que se aplicó la iniciativa: antes del plan, se registraron 195 casos de asesinatos; después del plan son 174 los homicidios. Es decir 21 casos menos.

En el caso particular de las comunas de la RM, la diferencia de homicidios -comparado con el año pasado cuando no existían “Calles sin violencia”- representa una disminución de sólo un 2,08%. En la práctica: dos casos menos. ¿Se logró el objetivo entonces de romper la tendencia al alza?. En detalle, zonas de Santiago, Estación Central y Peñalolén presentaron una caída, aunque marginal. El mejor escenario se vive en la comuna dirigida por Irací Hasler (PC) donde hay 10 casos de homicidio menos. Sin embargo, otras como Maipú, Independencia o San Joaquín, aumentaron. (Ver infografía)

Para los expertos lo ideal es esperar un poco más para poder evaluar estos resultados, por ejemplo cuando se liberen cifras del primer semestre completo de este año. Greene, por ejemplo, dice que esta leve disminución en las cifras globales del CEAD puede ser reflejo de lo que ocurrió en todo el país, donde a nivel nacional este tipo de delitos disminuyeron, incluso en comunas que no estaban en el plan. “La disminución de dos casos no es un indicador, para nada, de que el plan esté funcionando”, aseveró.

A juicio de Johnson, el que se plantearan los patrullajes como un eje para disminuir los asesinatos es una estrategia equivocada. “Sirve para la disminución de otros delitos, pero no lo homicidios”, plantea. En ese sentido agrega que “para los homicidios que ocurran entre organizaciones delictuales, es muy difícil que este tipo de medidas pueda tener un impacto”.

Rolando Carmona, investigador del Centro de Justicia y Sociedad de la UC, apunta a que el problema de fondo de los barrios críticos no reside en la reacción policial. “Si bien es importante, la clave también está en dotar de espacios públicos y generar instancias de trabajo conjunto”, detalló.

Al analizar la ocurrencia de otros delitos en las mismas 48 comunas donde se aplicó “Calles sin Violencia”, según cifras del CEAD, sí existe una disminución significativa en similar periodo. Pero son ilícitos que no eran el objetivo primordial del plan: robos con violencia (-3,8%), lesiones graves (-4,8%), desórdenes públicos (-11%), entre otros.

Otro de los ejes del programa que, a juicio de los especialistas, no inciden por sí solos en la disminución de homicidios es la transferencia de recursos para mejorar espacios públicos. “Si no se acompañan estas acciones de iniciativas que aborden el problema de base, es difícil pensar que estos logros se sostendrán en el tiempo”, afirma Carmona.

Los expertos sí concluyen y valoran como una de las mejores medidas el eje la de “persecución penal efectiva”. Esto, permitió inyectar recursos económicos al Ministerio Público y gracias a eso se creó el Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH).

Un informe de la Dirección de Presupuesto (Dipres), detalla que para este eje se contemplaron más de $21 mil millones, con el objetivo de crear 16 equipos de primeras diligencias de la Fiscalía. También, se firmó un convenio que entregó más de $8 mil millones a la PDI para crear Grupos de Investigación Especializada (GIE).

“El financiamiento de ECOH deberían suplir la falta de capacidad que tenía el Ministerio Público para investigar a estas organizaciones criminales”, señala Johnson.

Otro de los ejes de “Calles Sin Violencia”, como se comunicó desde un inicio, era “asegurar la tenencia responsable de las armas inscritas, a través de una fiscalización intensiva de estas, por parte de ambas policías”.

De acuerdo con fuentes del Ministerio del Interior, de quien depende el plan, el 25% de las armas que han sido incautadas los últimos meses estaban inscritas debidamente y terminaron siendo utilizadas para cometer algún delito. Esto, luego de haber sido reportadas como robadas o vendidas sin la tramitación correspondiente.

El resto del “mercado”, dicen las mismas fuentes, está integrado por armas adaptadas, “hechizas” o que fueron internadas por contrabando.

La versión que en privado entregan fuentes de la repartición, no es compartida por autoridades del Ministerio Público. Esto, ya que sostienen que un número muy poco representativo de armas incautadas y destruidos corresponden a inscritas.

Tania Gajardo, subdirectora de la Unidad Especializada en Crimen Organizado de la Fiscalía Nacional, pone como ejemplo las 15.172 piezas y municiones destruidas por la Dirección General de Movilización Nacional (DGMN) e incautadas por Carabineros en 2022. La abogada detalla que 44,3% correspondía a armas prohibidas que nunca debieron haber sido comercializadas en territorio nacional, ya sea porque no tenían su correspondiente número de serie o porque habían sido adaptadas para el disparo.

Pero más allá del origen del armamento requisado, Gajardo enfatiza que uno de los verdaderos problemas que se tiene hoy respecto del control, es que la mayor parte de los elementos incautados no tuvieron participación en homicidios, donde han puesto foco las autoridades.

El 20% del total antes mencionado correspondía a escopetas de perdigones y el 16% eran rifles o revólver utilizados para caza menor. Sólo el 24% de lo incautado en ese periodo, dice Gajardo, fue utilizado en homicidios. 14% de ellas eran pistolas calibre .38 y el 10% 9mm.

Por lo mismo, la subdirectora recalca que es necesario enfocar de mejor forma las incautaciones y poner especial atención en las armas que se detectan si tienen participación en más de un delito.

El 26 de septiembre de 2021, se utilizó un arma para lesionar a dos hermanos menores de edad en San Bernardo. Ese día, mientras se transportaban en un vehículo junto a su familia, recibieron múltiples disparos siendo lesionados en sus cráneos. Uno de ellos falleció, mientras el otro quedó con lesiones de gravedad.

Personal de Labocar de Carabineros levantó 66 vainas de diferentes calibres, estableciendo la participación de seis armas. Dos días después se registró un homicidio frustrado en Puente Alto, donde se encontró evidencia balística que arrojó “HIT positivo” (match) con la levantada en San Bernardo.

Así se logró establecer que el autor del segundo hecho era un sujeto apodado el “Piojo Chico”, Manuel Ramírez Villagrón, quien -como se acreditó en la investigación- proporcionaba armas a Leonardo Enrique López Lizama, alias el “Chico Leo”, sujeto posicionado en el homicidio y lesiones de los dos hermanos.

Un ejemplo de la importancia de lo que decía Gajardo: estudiar si las armas incautadas en un crimen, han participado en más delitos.

Actualmente no es posible hacer estimaciones de cuántas armas efectivamente hay en el país. El único dato serio al respecto es el que corresponde a las que están debidamente inscritas.

Y en ese ámbito, ha llamado la atención entre las autoridades que durante los últimos años el número ha ido al alza, pese a que los planes apuntan hacia el “desarme” de la población, como justamente ha propuesto el Presidente Gabriel Boric.

De acuerdo con cifras de la DGMN, a mayo de 2024 hay un total de 862.426 armas inscritas. Y los primeros cinco meses del año, se registraron 2.361.

“La gente ha ido inscribiendo más armas, no de manera tan significativa, pero eso creemos que responde a la situación de seguridad que Chile ha estado experimentando los últimos años. A mayor inseguridad, la gente invierte en seguridad y, en ese campo, están las armas para defensa personal, a pesar de que se han ido disponiendo mayores exigencias”, sostiene el coronel David Rojas, jefe del departamento de Control de Armas de la DGMN.

De las armas inscritas activas (767.053), que excluyen las que han sido destruidas y las que se encuentran bajo resguardo institucional o fuera del país, según los datos de la misma institución, 35% son escopetas y 31% revólveres. Las otras son pistolas, rifles u otros.