Cámara aprueba en general proyecto que sanciona porte injustificado de combustibles para la comisión de atentados

En una sesión realizada la tarde del lunes, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó en general -por 110 votos favor, 30 en contra y tres abstenciones- un proyecto que sanciona el porte injustificado de combustible para la comisión de atentados contra las personas o para ocasionar daño en las cosas durante reuniones en lugares públicos.

Según el informe emanado de la Comisión de Seguridad Ciudadana, el objetivo de la iniciativa es proteger el derecho a manifestarse pacíficamente. De tal modo, busca asegurar la integridad física de las personas que ejercen dicho derecho, de los transeúntes y de las policías. 

Mediante una modificación del Código Penal y el Código Procesal Penal, se propone disponer de herramientas para disuadir las acciones y conductas que pueda atentar contra las manifestaciones pacíficas.

De acuerdo a lo señalado en el sitio web de la Cámara, el proyecto “incorpora una nueva falta en el ordenamiento jurídico punitivo para quien, injustificadamente, en el contexto de reuniones en lugares de uso público, porte combustible apto para cometer atentados contra las personas o para ocasionar daño en las cosas”.

Y se indica “que busca terminar con los atentados de bombas molotov y las barricadas en las manifestaciones públicas”.

En particular, se ratificaron los dos primeros artículos. El primero establece una multa de diez a veinte UTM, la que se aplicaría siempre y cuando no pueda proporcionarse una explicación razonable para su porte, mientras que el segundo permite a las policías detener a las personas que incurran en esta falta.

Durante la votación en particular, además se aprobó una indicación que incorpora una sanción penal. La norma sanciona con presidio menor en su grado mínimo -desde 61 días a 540 días- a quien, en las situaciones antes descritas porte injustificadamente combustible para cometer atentados.

Sobre el punto, el Ejecutivo mantuvo su postura al señalar que es incompatible respecto de la nueva falta y que vulnera la idea matriz de la iniciativa. En tal contexto, hizo reserva de constitucionalidad.

La ministra del Interior, Carolina Tohá, que estuvo presente durante la discusión, dijo que “debemos dar un consenso político de que las molotov deben ser erradicadas”.

Pero a la vez criticó que la sanción penal excede al espíritu de esta ley, y llamó a rechazarla, por contradecir a la sanción ya planteada, es decir, la falta.

La secretaria de Estado anunció que, de aprobarse, se recurriría al Tribunal Constitucional (TC), ya que -según dijo- no es posible mandar a la cárcel a quién aun no comete un delito. Por otra parte, sostuvo que portar una molotov u otro artefacto explosivo ya tiene una sanción penal, más alta que la que plantea el proyecto.

En la votación, se rechazó, al declararse inadmisible, el artículo tercero, que sancionaba con presidio menor en su grado mínimo a medio -de 61 días a 3 años y un día- a quien fuese aprehendido con sustancias, artefactos o implementos dispuestos para fabricar elementos de carácter explosivo. Lo anterior era sin perjuicio que el hecho pudiera derivar en tentativa o comisión frustrada de un delito distinto, en cuyo caso se planteaba aplicar la pena de mayor entidad.

La propuesta pasó ahora a consideración del Senado.

Durante la discusión del proyecto, en el hemiciclo se apreciaron tres posturas.

Una de ellas fue expresada por legisladores del Partido Comunista, como también por parte del Frente Amplio. Estas fuerzas de gobierno expresaron su oposición al texto, estimando que atenta contra la presunción de inocencia, y además porque -a su juicio- se entrega una facultad a las policías que se puede ejercer con discrecionalidad al no estar especificada. Por ejemplo, detener a alguien que transporte combustible para su hogar.

Por su parte, representantes de la derecha y algunos del centro político evaluaron de manera positiva la propuesta y la consideraron necesaria para resguardar el derecho a la protesta pacífica. En ese sentido, desestimaron los argumentos de la izquierda, remarcando que nadie va a una manifestación con un bidón de parafina, salvo que quiera irrumpir en ella. Y, defendieron que se cree una sanción penal y no solo una falta.

Una postura intermedia fue la de algunos sectores afines al gobierno, como los partidos Socialista y Liberal, así como del centro. Si bien, defendieron el proyecto, rechazaron la norma penal bajo diversas consideraciones.