Caso emblemático del estallido: piden a Fiscalía Oriente reconsiderar decisión de no perseverar en investigación por golpiza a Moisés Órdenes en Ñuñoa

En una transmisión en vivo por un noticiero de TV, a las 20.42 horas del lunes 21 de octubre de 2019 en la Plaza Ñuñoa, se ve un piquete de 12 carabineros de Fuerzas Especiales a cargo del teniente Martín Blanc enfrentar a un hombre vestido con una polera y un pantalón negro, que lleva una sartén en la mano. El sujeto, protestando en medio de un toque de queda, choca contra los uniformados que empiezan a golpearlo con bastones y patadas en la cabeza y la espalda, hasta que Moisés Órdenes Corvalán, entonces de 55 años de edad, cae y se azota la cabeza contra el suelo.

Con ese video la Fiscalía Metropolitana Oriente abrió una investigación de oficio por presuntas torturas, que, sin embargo, decidió cerrar.

En diciembre de 2019 los uniformados que participaron de los hechos fueron formalizados en lo que se constituyó como el primer caso de carabineros imputados por torturas en el marco de la crisis social. Cinco de los 12 integrantes del piquete quedaron entonces en prisión preventiva.

Esta jornada, representantes de Amnistía Internacional, junto a la madre de Órdenes, Lissien Corvalán, concurrieron hasta la sede de la entidad persecutora para manifestar su preocupación por la decisión de no perseverar en la investigación que se seguía respecto de los uniformados imputados.

A causa de los golpes, el manifestante resultó con sus costillas rotas, dientes perdidos y daños oculares graves, entre otras lesiones. La agresión fue transmitida en vivo por las cámaras de CNN Chile y Chilevisión. “La víctima habría terminado politraumatizado, con trauma ocular grave, trauma torácico izquierdo contuso, fracturas costales múltiples, neumotórax izquierdo leve, fractura dental incisivo central, luxación de hombro izquierdo reducida y fractura nasal”, según detalló la querella presentada por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) ante el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago.

El Consejo de Defensa del Estado también se querelló junio de 2021 por delitos de apremios ilegítimos, falsificación de instrumento público y obstrucción a la investigación.

Según Rodrigo Bustos, director ejecutivo de Amnistía Internacional Chile, “la agresión sufrida por Moisés Órdenes se trata de un caso paradigmático de tortura colectiva, pues implica coerción física intencional aplicada por un grupo de agentes públicos para castigar a un manifestante mediante sufrimientos físico y psicológico.”.

Amnistía Internacional sostiene que la determinación del órgano persecutor implicaría una infracción a los estándares internacionales de derechos humanos en torno a la investigación por denuncias de tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes.

“Hemos venido a la Fiscalía junto con la madre de Moisés Órdenes y sus abogados para solicitar que se reabra la investigación de los siete carabineros por las violaciones de derechos humanos sufridas por Moisés, pues todos los sospechosos de ser responsables de las graves lesiones que sufrió deben rendir cuentas. El derecho a la justicia en este caso pende de un hilo y hoy vinimos a recordar que debe ser garantizado”, sostuvo Rodrigo Bustos.

Los abogados de la familia de la víctima y el Instituto Nacional de Derechos Humanos, sostienen que la investigación no se encuentra aún agotada, pues existen diligencias pendientes que fueron solicitadas.

Cristián Cruz, uno de los abogados de Órdenes sostuvo que “esta investigación no se debió haber cerrado porque hay diligencias pendientes relevantes que buscan reafirmar la responsabilidad de aquellos carabineros. Recordemos que no sólo se produce la golpiza sino que también hay actos de obstrucción y de falsificación de instrumento público. Estos carabineros están formalizados por tres delitos, entonces no nos parece lógico y carece de justificación que se les libere de toda investigación respecto a estos tres ítem mencionados”.

En enero Amnistía Internacional realizó una solicitud a nivel global para que personas de todo el mundo envíen cartas dirigidas a la fiscal regional de la Fiscalía Metropolitana Oriente, Lorena Parra, pidiendo que la investigación se reabra.

Hoy la organización presentó una carta a la entidad persecutora con sus observaciones para que los ilícitos cometidos no queden impunes y requirió además una reunión con la fiscal regional antes de la audiencia de comunicación de no perseverar establecida para el próximo 24 de febrero.

En enero de 2020, el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago sobreseyó a siete de los 12 carabineros formalizados, descartando la existencia del delito de tortura, pero reconocimiento la eventual comisión de lesiones graves.

El año pasado el Ministerio Público tomó la decisión de no continuar con la investigación por no contar con los antecedentes suficientes para llevar adelante la acusación.