Pasadas las 9 de la mañana de este miércoles inició la audiencia de formalización de Karina Oliva y otros 11 imputados por presuntos fraudes en la rendición de gastos de campaña de la otrora candidata a gobernadora de la Región Metropolitana.
En la audiencia que a esta hora se desarrolla en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, la Fiscalía Metropolitana Sur está exponiendo los antecedentes para formalizar no sólo a Oliva, sino que también a su expareja y expresidente de Comunes, Jorge Ramírez, además del exadministrador electoral Martín Miranda, y a otros ocho exdirigentes del mismo partido. Se trata de: Ailine Ramírez, Camila Ríos Puebla, José Robredo Hormazábal, Diego Corvalán Pérez, Juan Pablo Sanhueza Tortella, David Castillo Palma, Marcelo Riffo Sáez y Luis Romero Golzio.
En el caso de Jorge Ramírez, quien durante la campaña de Oliva se desempeñaba como presidente de Comunes, según las declaraciones del caso este estaba al tanto de las presuntas irregularidades en las rendiciones. Según señalaron los mismos militantes, el otrora dirigente de la tienda del Frente Amplio era conocido por lo “oscuro” de sus acciones. “Fue muy preocupante observar su liderazgo, porque, a mi juicio, es peligroso y sesgado”, dijo al ser consultado por su trabajo Francisca Keller Ávila, experta en innovación y comunicación política que participó en la campaña.
Otro de los formalizados es Martín Miranda, quien era el administrador electoral de la campaña de Karina Oliva. A su cargo estaba la rendición de los gastos y, por lo mismo, el Ministerio Público determinó encausarlo por dos ilícitos.
La Fiscalía también indaga a una serie de “boleteros”, personas que habrían emitido facturas ideológicamente falsas para aumentar los gastos electorales y consigo las devoluciones que realizaría el Servicio Electoral (Servel). En ese listado figura la hija de Ramírez, Ailine Ramírez, quien se vincula al caso porque emitió boletas por supuestamente haber realizado labores como monitora de despliegue territorial y brigadista para la campaña de Oliva.
Mismo caso que Camila Ríos Puebla, la que se desempeñó como secretaria ejecutiva de Comunes y, según declaraciones recopiladas por el ente persector, habría solicitado la emisión de boletas a terceros.
Diego Corvalán Pérez aparece identificado en este caso como jefe del equipo electoral del Partido Comunes. De acuerdo con las pesquisas, por ese trabajo recibió $10 millones. Según declaró, recibió instrucciones directas de Ríos. Mismo caso que Juan Pablo Sanhueza Tortella, vicepresidente de Chile Movilizado e identificado como otro de los boleteros. Emitió una boleta con fecha 13 de junio de 2021 a la candidata por $5.000.000, por su trabajo como “encargado territorial Distrito N° 9 Campaña Karina Oliva por Pagar”.
En esa línea también está David Castillo Palma era presidente de Chile Movilizado y también emitió una boleta para la candidatura. Emitió la boleta de honorarios N° 120 de fecha 13 de junio de 2021 por $3.000.000, por su supuesto rol como encargado territorial Distrito 13. A quien lo sigue Marcelo Riffo Sáez, un supuesto empresario que trabajaba con el partido. Según dijo, rindió más de 12 servicios, entre boletas y facturas, en el balance del partido.
Por último, está José Robredo Hormazábal operó como jefe, coordinador y asesor comunicacional de Karina Oliva por lo cual cobró $20,9 millones. Listado que cierra Luis Romero Golzio, quien de acuerdo con documentos del caso se desempeñó como encargado territorial del distrito 14 de la otrora candidata y quien también emitió una boleta por $ 10 millones.
También está Jean Flores Quintana, quien no se presentó a la audiencia y será formalizado el 5 de febrero. Se desempeñó como encargado del diseño y planificación del despliegue territorial de la campaña de Oliva en el Distrito 8, durante la primera vuelta, por lo cual emitió una boleta por $15 millones.
