Caso Rojas Vade: fiscal ordena a la PDI ubicar y tomar declaración como imputado a constituyente, y a Loncón y Bassa como testigos

No han pasado ni 24 horas y la denuncia presentada por la mesa de la Convención Constitucional ante la Fiscalía Centro Norte ya cuenta con sus primeras diligencias. La causa, que es tramitada por el fiscal jefe Patricio Cooper, quedó asignada este martes a un equipo de la Brigada de Investigaciones Criminales (Bicrim) de Santiago que como primera misión tienen la de ubicar y tomar declaración en calidad de imputado al constituyente Rodrigo Rojas Vade (37). A éste se le indaga por eventuales delitos cometidos en el marco de una declaración de intereses en la que registró una deuda por un “tratamiento quimioterapéutico por cáncer”, enfermedad que reconoció no padecer tras un reportaje de La Tercera Domingo.

En la orden de investigar que llegó a manos de la PDI, el Ministerio Público les pide interrogar al integrante de la Convención cuyo paradero, hasta ahora, es desconocido. Ayer en la mañana, la presidenta de la Convención, Elisa Loncón, admitió que no se ha contactado con él, y sería la vicepresidenta Lorena Céspedes la que ha mantenido conversaciones con el constituyente. Desde la Lista del Pueblo, en tanto, algunos representantes afirmaron que han tenido poco contacto con Rojas.

Algunos datos apuntan a que estaría refugiado en su casa en Pomaire, pero la primera orden es establecer en qué lugar físico está, notificarlo de la causa penal que se tramita en su contra y citarlo a declarar. Con todo, y por su calidad de imputado en el caso, Rojas Vade tiene derecho a ser asesorado por un abogado de su confianza, y también a guardar silencio ante los hechos que hoy son blanco de esta investigación penal.

Junto con esto, el fiscal Cooper solicitó a los policías que tomen declaración, aunque como testigos, a Loncón y al vicepresidente, el académico Jaime Bassa. Ambos aparecen firmando el documento que permitió la apertura de esta causa criminal, y el propósito sería adjuntar mayores antecedentes que tengan, más allá del oficio enviado el lunes 6 al Ministerio Público.

Al respecto, en un punto de prensa realizado la tarde de este martes tras la publicación de esta información en La Tercera, Loncón y Bassa afirmaron que prestarán toda su colaboración con el proceso judicial contra Rojas Vade.

Consultados ambos sobre si ya fueron notificados por la PDI para que entreguen sus declaraciones en el caso, Loncón respondió que “hasta el momento nada, nos hemos enterado (de la citación) por La Tercera”. Bassa reafirmó esta situación, al indicar que “no hemos sido notificados todavía de esta diligencia”, pero destacó que la mesa de Convención tendrá “la mejor disposición de colaborar (...) No va a haber defensas corporativas, sino que nos vamos a poner al servicio de la investigación penal”.

Consultado si este proceso podría afectar la imagen del órgano encargado de elaborar la nueva Carta Magna, Bassa indicó que “yo creo que no. Sabemos que estamos pasando por un momento difícil, no queremos desmerecer la gravedad de la situación (...), pero sabemos también que nuestro mandato popular va mucho más allá de lo que pueda ocurrir con un constituyente en particular, incluso con un grupo de constituyentes en particular”, remarcó.

Entre otras de las pesquisas encargadas, según las fuentes consultadas, está un oficio a la Contraloría de la República que tiene como propósito que se remitan todos los documentos y antecedentes que existen en dicha entidad respecto a la postulación y el cargo que Rojas actualmente desempeña en la Convención Constitucional. El domingo, quien fuera electo constituyente por el distrito 13 -El Bosque, La Cisterna, San Ramón, Lo Espejo, Pedro Aguirre Cerda y San Miguel-, tras las repercusiones del reportaje de La Tercera, renunció a la vicepresidencia adjunta que asumiría en la instancia. Sin embargo, aún es un misterio su futuro en la asamblea, ya que no existen mecanismos de renuncia ad hoc a la recién creada constituyente.

A la causa por eventual perjurio, en que se indaga si las declaraciones de intereses fueron bajo juramento y son falsas, se suma una eventual estafa que se configuraría en el caso de que el imputado haya solicitado dinero a terceros -en campañas solidarias- bajo ardid o engaño. Algunas de ellas fueron publicadas a través de sus redes sociales y las de su hermana Carolina, siempre bajo el argumento de recaudar fondos para financiar sus supuestos tratamientos oncológicos.

Si bien Rojas Vade sostuvo en un video que padece otra enfermedad y que no quiso contarla por ser “estigmatizante”, existen interrogantes que son importantes de despejar, según fuentes del caso, respecto de su verdadero estado de salud, ya que podrían incidir en consecuencias penales.

En la orden de investigar dictada por el fiscal Cooper se ofició también al Ministerio de Salud para que remita todos los registros y antecedentes relacionados con Rojas Vade como usuario del sistema de salud público en los últimos años.