CDE se querella por robo en Desarrollo Social y pide a Fiscalía rastrear visitas a principal imputado en la cárcel

A diez días del robo en el Ministerio de Desarrollo Social, la investigación del caso sigue avanzando. Además de las diligencias decretadas por el Ministerio Público para esclarecer la circunstancias del atraco, ahora el Consejo de Defensa del Estado (CDE) se querelló en la causa, en contra los dos imputados ya formalizados en la investigación.

“El Consejo de Defensa del Estado, interpuso una querella criminal contra Miguel Ángel Apablaza, imputado en calidad de autor del delito consumado de robo con intimidación, previsto y sancionado en el artículo 436, en relación con los artículos 432 y 439, todos del Código Penal, actualmente privado de libertad; contra Elena Cecilia Rojas Crespo, como autora del delito de receptación de especies y contra todos quienes resulten responsables durante el desarrollo de la presente investigación, por los hechos que afectaron recientemente al Ministerio de Desarrollo Social y Familia”, se lee en un comunicado de prensa enviado por el organismo.

La acción judicial se interpuso el viernes 28 de julio en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago y, según el Consejo, “se funda en los acontecimientos ocurridos el pasado miércoles 19 de julio en que dos guardias de seguridad, que prestaban servicio a dicha Cartera del Estado, respondieron a distintas llamadas efectuadas por un sujeto que se identificó como el Ministro de Desarrollo Social y Familia, quien a través de una comunicación permanente les entregó una serie de instrucciones para el retiro de especies del edificio ministerial”.

La querella considera que lo sustraído desde el edificio ministerial, causan perjuicio fiscal, por lo que se solicitó que se ejecuten una serie de diligencias “pertinentes y necesarias” para contribuir a esclarecer los hechos investigados.

Entre las pesquisas solicitadas por el CDE hay una que apunta directamente a indagar los eventuales contactos previos al atraco que tuvo Apablaza en la cárcel de Puente Alto.

El Consejo le pidió a la Fiscalía, “oficiar a Gendarmería para que informe las visitas recibidas por el imputado Miguel Ángel Apablaza Suárez durante los últimos 6 meses y los internos con los que compartió celda duran el último año”.

La institución encargada de custodiar los fondos fiscales, tomó en consideración la comunicación previa entre Rojas y su sobrino, antes de recibir los computadores robados, así como también su declaración en la investigación.

“Horas antes de la detención, la querellada Elena Rojas Crespo, vio en la televisión noticias sobre los hechos relatados, asociándolo a las especies, por lo que le escribió a su nieto (Apablaza Crespo) para que se las llevara. Éste le dijo que volviera al paradero donde recibió las especies y que iría otro vehículo a retirarlas. Así lo hizo y fue detenida por carabineros cuando esperaba con las especies en unas bolsas en un carro de supermercado. La imputada, al respecto, señaló que “yo creo que a él le pagaron o le ofrecieron moneda para hacer esto, no lo puedo asegurar porque realmente no lo sé, pero a él lo escuché muy tranquilo, como que no sabía realmente que esto era algo grave...”, se lee.