CNA advirtió en 2014 la "tensión financiera" de la U. del Pacífico

Los estudiantes y académicos de la Universidad del Pacífico aún intentan conectar toda la información dispersa sobre la situación del plantel, luego de que el directorio reconociera que la viabilidad de la institución no está asegurada.

Sin embargo, en 2014, la Comisión Nacional de Acreditación (CNA) ya había hecho advertencias respecto a la situación financiera del plantel, que podrían haber alertado a la comunidad.

Ese año, la CNA rechazó la acreditación del plantel, debido, entre otras cosas, a su estructura de propiedad, pues la Fundación Julio Ortúzar Rojas (FJOR) es dueña de la universidad y también de los edificios que ocupa.

"Estos inmuebles son arrendados por la universidad y han sido tasados en una relación de 1,8 veces del valor de los bienes raíces a los créditos respectivos. Todo lo anterior configura una situación en que la universidad paga arriendos a la FJOR, que obtiene plusvalías por las propiedades que no benefician a la universidad", decía el informe de la CNA.

El documento de 2014 estableció que "la Universidad del Pacífico es fiadora y codeudora solidaria de créditos otorgados por los bancos a la FJOR por los edificios de las sedes de Las Condes y Melipilla" y "garantiza el pago de las obligaciones de la FJOR a la banca, sin razón aparente".

"Para la Comisión, no es claro si es conveniente para las operaciones de la universidad otorgar estas garantías relativas a obligaciones ajenas", añadió la CNA, que planteó que "esta situación tensiona innecesariamente la situación financiera de la universidad y debe ser resuelta a la brevedad, liberando a la universidad de estas obligaciones".

La CNA rechazó en aquella oportunidad la acreditación. Sin embargo, el plantel apeló y el Consejo Nacional de Educación (CNED) le otorgó la certificación por dos años, por considerar que sí había motivos para ello. Respecto del punto financiero, ese organismo afirmó que "la situación financiera de la universidad no representa un escenario crítico", como había dicho la CNA, pues "existe un margen operacional que aunque escaso, es positivo".

Sin embargo, con el paso de los años, la situación financiera empeoró. El plantel cerró el 2017 con una pérdida de $ 2.059 millones y una merma patrimonial importante, pues tuvo que vender el edificio de Las Condes (uno de los tres que tenía) en $ 8.797 millones. En tanto, la fundación traspasó en 2015 la sede de Melipilla a la universidad.

Ante la crisis, el directorio de la universidad se reunió este jueves con la División de Educación Superior del Mineduc para entregarle un plan de acción, el que contempla el traspaso de estudiantes a otros planteles.

El jefe de la división, Juan Eduardo Vargas, explicó que la universidad buscará "la posibilidad de firmar convenios con otras universidades, en virtud de las cuales puedan reubicar, en las mejores condiciones posibles a sus estudiantes en 2019".

Además, confirmó que abrieron una investigación, "que podría eventualmente arrojar como resultado la decisión de solicitar al CNED la posibilidad de revocar el reconocimiento oficial de esta institución".

Sobre el año académico 2018, Vargas advirtió que la universidad debe garantizar el cierre del proceso y "para aquellos estudiantes que finalmente opten por seguir en la institución, deberá garantizar la continuidad de los servicios educacionales el próximo año".

Sin embargo, los académicos emitieron una declaración en que apoyan a los estudiantes y advierten que si no les pagan los sueldos adeudados al 5 de diciembre, "la finalización del semestre no se llevará a cabo por este cuerpo docente".