Comisión de Familia de la Cámara aprueba legislar prohibición de eventos que promuevan la narcocultura

La Comisión de Familia de la Cámara de Diputados aprobó en general los proyectos refundidos que apuntan a la prohibición de conciertos de aquellos artistas que promuevan la narcocultura, como también las actividades que hagan apología a la explotación sexual, pornografía infantil y consumo de drogas ilícitas.

En la instancia, las mociones obtuvieron seis votos a favor y tres en contra. Los diputados René Alinco (ind.), Sara Concha (Partido Social Cristiano), Felipe Donoso (UDI), Juan Irarrázaval (Republicano), Francesca Muñoz (Partido Social Cristiano) y Jorge Saffirio (Demócratas) dieron su aprobación, mientras que la socialista Ana María Bravo, la comunista Lorena Pizarro y Francisca Bello (Convergencia Social) -en reemplazo de Mercedes Bulnes- rechazaron.

Para el ingreso de las indicaciones se estableció plazo hasta el 31 de mayo, mientras que la votación de las mismas se iniciaría el próximo 3 de junio.

La primera iniciativa fue presentada por el ex PDG Gaspar Rivas, en medio de la polémica por el artista mexicano Peso Pluma, a quien se le cuestionó el contenido de su música en medio de su planificada visita al Festival de Viña del Mar 2024, del cual se terminó “bajando”.

En un artículo único, el proyecto presentado por Rivas plantea que debe prohibirse “en el territorio de Chile, a las plataformas digitales y redes sociales reproducir, publicar, transmitir, comercializar o permitir descargar de internet material audiovisual que expresamente promueva, apologice, normalice o justifique el narcotráfico y las manifestaciones culturales asociadas a él”.

El incumplimiento a esta disposición legal, significaría una multa de beneficio fiscal de 1.000 unidades tributarias mensuales, equivalentes a más de $65,4 millones al presente mes.

Asimismo, establece la restricción a “la realización de conciertos en vivo, sea en recintos privados o de libre acceso al público, de artistas que, a través de su creación artística, promuevan, apologicen, normalicen, naturalicen o justifiquen el narcotráfico y las manifestaciones culturales asociadas a éste. Tanto la persona natural o jurídica que organice la presentación en vivo de estos artistas, como asimismo la que sea propietaria del lugar en la que ésta se realice, serán sancionados con una multa a beneficio fiscal de quinientas unidades tributarias mensuales”, es decir, cerca de $32.700.000 al mes de mayo.

“Las normas de la presente ley no se aplicarán a las producciones televisivas, cinematográficas o de plataformas de entretenimiento que, claramente sin buscar su promoción, apologización, naturalización, normalización o justificación, se limiten a presentar una visión periodística, informativa, biográfica o de mero esparcimiento relacionado con el narcotráfico”, exime el proyecto.

Asimismo, en marzo pasado se presentó una nueva moción por un grupo transversal de diputados. Entre ellas, Francesca Muñoz (PSC), junto a René Alinco (ind), Sara Concha (PSC), Felipe Donoso (UDI), Juan Irarrázaval (Rep), Pamela Jiles (PH); Carla Morales (RN), Emilia Nuyado (PS), Jorge Saffirio (Demócratas) y Hotuiti Teao (ind).

De acuerdo con lo presentado, la idea matriz del proyecto es “prohibir la promoción y apología de la narcocultura, la explotación sexual, la pornografía infantil, el consumo de drogas y otros delitos violentos, prohibiendo la celebración de espectáculos y difusión de obras en los que se promueva dichas conductas. Esto, con el objeto de evitar, que bajo el pretexto de la realización de actos culturales o artísticos, se corrompa a la ciudadanía y en especial a niños, niñas y adolescentes”.

Para ello se incluyen tres artículos en la iniciativa, donde el primero de ellos busca prohibir el desarrollo de actividades, tanto de entidades públicas y privadas, en las que se promueva, fomente o celebre las manifestaciones culturales asociadas al narcotráfico, la explotación sexual, la pornografía infantil o el consumo de drogas ilícitas.

En segundo artículo se busca la prohibición de las “obras musicales” que promueva, fomente o celebre manifestaciones culturales ligadas al narcotráfico, explotación sexual y otros puntos a sancionar.

Por último, se establece la pena para quien promoviera, facilite, autorice o realizara algún tipo de espectáculo con este tipo de contenido, el que podría ser sancionado con presidio menor en su grado máximo, es decir, desde tres a cinco años de cárcel.