A mediados de mayo de 2022, con Izkia Siches liderando el Ministerio del Interior, el gobierno publicó el decreto con la finalidad de implantar un Estado de excepción constitucional de Emergencia para el “resguardo de las rutas” de la Macrozona Sur por 15 días.

Con ello se entregó a las Fuerzas Armadas la posibilidad de colaborar con policías en labores de resguardo de la población ante los hechos de “violencia rural” en la Región de La Araucanía y en las provincias de Arauco y del Biobío, en la Región del Biobío.

Tras la aplicación “acotada” de la medida, con la venia del Congreso se fue extendiendo su aplicación. Primero, cada 15 días y luego cada 30 días, tras la aprobación de una reforma ad hoc a fines de enero.

Este miércoles, la Cámara de Diputados aprobó la solicitud del Presidente de la República para prorrogar la vigencia del estado de excepción. El tema se puso en tabla en la Sala del Senado para su sesión ordinaria de las 16.00 horas y tras el debate de rigor, se confirmó su aprobación con 23 votos a favor, uno en contra y una abstención.

“Esta herramienta sigue siendo necesaria”

El ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Álvaro Elizalde, expuso ante la Cámara Alta, señalando que “la convicción del gobierno es que esta herramienta sigue siendo necesaria”.

Asimismo, Elizalde debió explicar la ausencia en la sesión de la ministra de Defensa, Maya Fernández, por temas de agenda, destacando que la secretaria de Estado estuvo presente en el debate de más temprano en la Cámara de Diputados.

El ministro destacó que “el Congreso tiene un rol fundamental en fiscalizar la forma en la cual se está llevando adelante la aplicación del Estado de excepción constitucional”.

“A nosotros nos parece que tiene todo sentido debatir hasta cuándo va a durar esta situación excepcional. Porque cuando se establecen estas excepciones, hay un plan de entrada. Pero no está claro cuál es el plan de salida. Me parece legítimo que ese sea un tema que se debata en un foro democrático como es el Congreso Nacional, en cualquiera de las dos cámaras. Pero también existe la convicción del gobierno de que esta herramienta sigue siendo necesaria”, aseguró.

Elizalde resaltó las cifras que dan cuenta de una disminución de hechos de violencia con la vigencia de la medida.

“Imaginémonos que hoy día no se renueva el Estado de excepción, la situación que vivirían la próxima semana los ciudadanos de La Araucanía o de las provincias de Biobío y Arauco. Cuando, por otro lado, ha habido una mejoría significativa, aunque, reitero lo que dije anteriormente, no para sacar cuentas alegres ni para decir que la pega esté hecha, respecto de la situación que estábamos viviendo hace un par de años atrás. Las cifras son claras. El año 2017, 258 eventos de violencia rural en la Mancrozona Sur. Esto al 15 de septiembre del año respectivo. 2018, 308; 2019, 632; 2020, 860; 2021, 1.255; 2022, 871; 2023, 725; 2024, 404″, detalló.

El titular de la Segpres enfatizó que “ha habido una evolución positiva” de la medida y “hubo un deterioro y después una mejoría” asociada a la aplicación de la herramienta constitucional.