Contaminación en "zonas de sacrificio" llega a la Comisión Interamericana de DD.HH.
La Defensoría Ambiental, junto al Colegio junto al Colegio Médico y agrupaciones de afectados, expondrán en Sucre ante la CIDH. Las organizaciones denuncian vulneración de derechos en Quintero y Puchuncaví, Huasco, Coronel, Tocopilla y Mejillones.
El 13 de febrero, representantes de Defensoría Ambiental, del Colegio Médico de Chile y de la agrupación Mujeres de Zona de Sacrificio Quintero-Puchuncaví en Resistencia, viajarán hasta Sucre, Bolivia. Ello para denunciar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) lo que califican como "incumplimientos" del Estado chileno en el resguardo de los derechos humanos de quienes habitan en las denominadas "zonas de sacrificio" ambiental.
Aprovechando que la CIDH realizará sus audiencias públicas en la capital constitucional boliviana entre el 7 y 16 de febrero, las organizaciones darán cuenta del origen y consecuencias sanitarias en las cinco zonas reconocidas por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH). Se trata de Quintero y Puchuncaví, Huasco, Coronel, Tocopilla y Mejillones.
Herramientas internacionales
Como contraparte, un representante del Gobierno debería ser convocado para presentar sus descargos. Posteriormente, la comsión podría emitir recomendaciones al Estado chileno. No obstante, puntualizan desde la Defensoría Ambiental, depende de las autoridades su efectiva aplicación.
"Estamos utilizando las herramientas que nos otorga el ordenamiento jurídico nacional e internacional para hacer frente a esta situación, ya que el Estado ha brillado por su ausencia", dijo a La Tercera la abogada de la ONG Defensoría Ambiental Alejandra Donoso.
En tanto, representantes de la organización Mujeres de Zona de Sacrificio mostraron su disconformidad con las medidas anunciadas para Quintero y Puchuncaví. Ello en el marco del plan de descontaminación anunciado por el Ejecutivo.
"No nos han dejado ninguna alternativa. El nuevo plan de descontaminación no contempla lo que necesitamos. Eso es cerrar todas las empresas sin resolución de calificación ambiental", recalcó Katta Alonso, una de sus integrantes.
Intendente: "Ejercen su derecho"
Sobre la audiencia ante la CIDH, el Intendente de Valparaíso, Jorge Martínez, admitió el derecho de las organizaciones a recurrir a instancias internacionales.
"Quien su derecho ejerce, a nadie ofende. Todas las personas tienen derecho a recurrir a todas las instancias en donde pueden hacer valer sus derechos", aseveró.
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