Contraloría detecta que Municipalidad de San Ramón contrató a 54 personas condenadas por hechos delictuales y remite antecedentes a la Fiscalía

Tras denuncias por presuntas irregularidades en la contratación de empleados, una auditoría realizada por la Contraloría a la Municipalidad de San Ramón concluyó que entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de julio de 2019, fueron empleadas 54 personas que registraban condenas por crímenes o delitos simples; entre los que se destacan hurtos, manejo en estado de ebriedad, tráfico de sustancias, y otros.

Hecho que ocurrió bajo la administración del actual edil de la comuna, Miguel Aguilera, quien por lo demás enfrenta desde 2018 una querella del CDE por fraude al Fisco y la designación de cargos públicos afectos a inhabilidad legal, posee una investigación abierta en Fiscalía desde 2017 y veía en la mira un posible proceso de destitución, el que quedó suspendido por efecto de la pandemia.

En cuanto al Informe Final 181 de 2020, el órgano fiscalizador además detectó que cuatro funcionarios contratados en el mismo plazo tenían vínculos de parentesco con funcionarios que ocuparon cargos directivos, de jefes de departamento o de concejales al interior del municipio.

Otro de los hallazgos de esta auditoría revela que la Municipalidad de Ramón desembolsó $5.503.888 por prestación de servicios a honorarios, sin contar con los antecedentes que respaldan dichos pagos.

Asimismo, la Contraloría descubrió que un funcionario, designado a contrata por 44 horas semanales, también registraba una contratación a honorarios por “Prestaciones de Servicios en Programa Comunitarios”. Con lo cual el funcionario obtuvo el monto de $6.666.660 por los servicios prestados entre enero de 2018 a marzo de 2019. No obstante, la controversia estuvo en que las actividades realizadas a honorarios por este funcionario fueron hechas dentro del horario laboral que debió cumplir como funcionario municipal a contrata.

Finalmente, también se detectó que ninguno de los contratos a honorarios examinados contenían cláusulas de inhabilidades, lo que infringe la legislación vigente en la Ley 18.575.

El citado informe fue remitido al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado. Respecto a la contratación de personal con antecedentes penales, la Contraloría determinó que la entidad comunal deberá poner término a los vínculos contractuales e informar de ello en un plazo de 60 días hábiles.

La Contraloría formulará el reparo respectivo por la suma total ascendente a $12.170.548 e iniciará un juicio de cuentas para que dichos recursos sean restituidos.

El municipio deberá suspender los sumarios que estaba desarrollando y deberá enviar todos los antecedentes a la Contraloría en un plazo de 15 días hábiles, para que el organismo de control lleve a cabo el proceso.