Contraloría: Justicia cambió decreto para nombrar a Toledo como notario
Organismo indicó que el lunes había sido designado el defensor regional de O'Higgins, luego lo retiró y reemplazó con el nombre del ex fiscal del caso Caval.
El ministro de Justicia, Jaime Campos, defendió ayer la designación del ex fiscal del caso Caval, Luis Toledo, como notario de San Fernando, luego de que se cuestionara su nombramiento por haber sido el persecutor que encabezó la investigación a la nuera de la Presidenta Michelle Bachelet, Natalia Compagnon, y al hijo de la Mandataria, Sebastián Dávalos, en 2015.
Después de ser persecutor regional en la VI Región fue nombrado por el fiscal nacional, Jorge Abbott, como jefe de la Unidad Especializada en Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas del Ministerio Público, cargo que ocupa desde 2016.
Posteriormente, en enero de 2017, Toledo postuló a notario de San Fernando y fue seleccionado como parte de la terna, junto a Isabel Chadwick y Alberto Ortega, defensor regional de O'Higgins. El Ejecutivo era el encargado de elegir y así lo hizo: nombró a Toledo y envió su designación a la Contraloría para que tomara razón.
Sin embargo, según publicó ayer La Tercera PM (leer la nota de La Tercera PM aquí), antes de que se oficializara la decisión de nombrar a Toledo, el ministro de Justicia, Jaime Campos, había designado a Ortega. El lunes pasado, el titular de la cartera convocó a su equipo asesor y le señaló que por "instrucciones superiores" debía dar pie atrás en el nombramiento. Además, se consignó que, según fuentes de ese ministerio, Campos habría dejado ver su incomodidad con una llamada que lo obligaba a retirar el decreto que había enviado a la Contraloría, en que se daba cuenta de que el defensor regional obtuvo el puesto. Finalmente, tras esa llamada, el nombre de Ortega fue reemplazado por el del ex fiscal del caso Caval.
https://www.latercera.com/politica/noticia/la-misteriosa-llamada-telefonica-tras-nombramiento-del-ex-fiscal-del-caso-caval/90772/
Sobre lo ocurrido, Alberto Ortega dijo que "en lo personal me parece mal lo que ha pasado, uno se ilusiona con situaciones de este tipo. El viernes, desde Justicia me dijeron que estaba mi nombre en el decreto y luego el lunes, de forma sorpresiva, me dicen que habían vetado mi nombre y eso me parece mal".
Ese cambio de designación fue confirmado ayer en la tarde por la Contraloría. "Efectivamente el decreto 230 de 2 de marzo de 2018, que designaba notario a Alberto Ortega fue ingresado el 5 de marzo y ese día fue retirado por el Ministerio y luego reingresado el 6 de marzo, con el mismo número, pero designando a Luis Humberto Toledo Ríos", indicaron desde el organismo. Sobre los plazos que poseen para confirmar la designación, desde la institución señalaron que "la Contraloría tiene por ley 15 días hábiles para la toma de razón. Esto prorrogable por otros 15 días. Actualmente, el promedio del trámite de toma de razón es de 11,9 días".
Con esto, se abre la posibilidad de que el nuevo ministro de Justicia, Hernán Larraín, pueda retirar el decreto tras asumir su cargo el 11 de marzo, si aún no se ha tomado razón de éste.
Durante la mañana de ayer, el ministro Campos defendió su decisión a través de un comunicado de prensa. "En estos tiempos de escándalos y sensacionalismo, mi dilema fue que, respecto de cualquiera de los indicados, era fácil urdir tesis de tráfico de influencias, presiones indebidas o pago de favores".
En ese sentido, explicó que "si nombraba a la primera (Isabel Chadwick), no faltarían los que elucubrarían que lo hacía para congraciarme con el futuro ministro del Interior (Andrés Chadwick), dado que son parientes. Si nominaba al segundo (Ortega), inventarían que lo hacía para beneficiar a un funcionario dependiente de este ministerio, ya que la Defensoría Penal Pública es uno de los servicios del mismo. Y si designaba al tercero (Toledo), fabularían con que se estaban pagando imaginarias ayudas por su pasada intervención en el denominado caso Caval".
Sobre el caso de Toledo y su etapa como investigador en el caso Caval, el ministro manifestó que "nombré a don Luis Toledo Ríos, puesto que no encontré ningún antecedente que nos impidiese ética o legalmente hacerlo, salvo los decires y suspicacias de algunos interesados, máxime cuando su formación y experiencia profesional lo justificaban, a lo que se unía la alta votación que había obtenido en dos ocasiones en la Corte de Apelaciones de Rancagua". Desde el Ministerio de Justicia no quisieron referirse a la llamada que Campos recibió desde La Moneda.
Las críticas
A diferencia de la expectación mediática que había sobre Toledo durante el caso Caval, donde formalizó por primera vez a Natalia Compagnon y a otros 12 imputados, su labor actual en el Ministerio Público está radicada en el estudio de casos de drogas y estadísticas en materia de tráfico y microtráfico.
Es por eso que los cuestionamientos a su designación lo sorprendieron. El presidente de la Asociación de Notarios, Alfredo Martin, manifestó no se referirán a las desginaciones, pero que "la directiva del gremio ha solicitado en reiteradas ocasiones a las autoridades que los exámenes de conocimiento y la ponderación objetiva de los antecedentes académicos y personales tengan un carácter obligatorio y sean vinculantes en el proceso de designación de nuevos cargos en el sistema de justicia preventiva".
Sin embargo, el cuestionamiento más duro a la designación vino desde la Asociación Nacional de Fiscales: "El nombramiento de Luis Toledo como notario ha tendido, razonablemente, un manto de dudas sobre la independencia con que adoptó las decisiones en el caso Caval. El descrédito que ello importa para el Ministerio Público es irreparable e inadmisible".
Incluso, a través de su cuenta de Twitter, el ex fiscal Carlos Gajardo criticó la designación: "Gobierno de Bachelet nombra Notario a Fiscal que investigó a hijo y nuera de la Presidenta a 5 días del término del gobierno. Piden suspensión condicional para ex administrador electoral de Sebastián Piñera a 5 días de que asuma nuevamente como Presidente. Se perdió el pudor".
El diputado independiente José Antonio Kast manifestó que "todo indica que Michelle Bachelet va a cerrar Punta Peuco para tapar escandalosa designación de fiscal como notario. El único legado de esta Presidencia será la corrupción. Es inaceptable".
En la misma línea, el senador PPD Felipe Harboe también cuestionó la decisión de Justicia: "No fue adecuada la designación como notario, dada las condiciones previas".
Uno de los diputados que apoyó el nombramiento fue Juan Luis Castro (PS), quien recalcó que Toledo "tiene una trayectoria valorable, nadie puede decir que haya sido complaciente en el caso Caval. Yo no veo un favor político para nada".
La respuesta
Toledo respondió a las críticas y descartó cualquier conflicto de interés, destacando que su postulación la inició en enero a través de un proceso "transparente y público". El ex fiscal que interrogó en el caso Caval a Compagnon y Dávalos sostuvo que "me tocó investigar una causa muy compleja a nivel nacional que generó una noticia. Me tocó formalizar a personas que hoy día son incluso acusados y que en ese momento no existió ningún cuestionamiento respecto de esta conducta, incluso fui felicitado por diversos actores en el ámbito nacional".
Toledo agregó que "detrás de esto no hay nada oscuro, no hay nada oculto, yo simplemente soy un profesional que ha ejercido su labor, creo tener una trayectoria, y se me incorporó en una terna por méritos que aprobaron los ministro de la Corte de Apelaciones de Rancagua". El abogado rechazó la posibilidad de renunciar a este cargo, pues "no tengo ningún motivo para bajar mi candidatura, porque yo no he tenido ninguna conducta reñida ni con la moral, ni con la ley, para postular en un concurso público".
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