Cordero al entregar resultados del análisis a 89 cajas con osamentas “olvidadas”: “Es evidencia de la indolencia estatal”

El ministro de Justicia, Luis Cordero, entregó este miércoles los resultados del informe de revisión especial del Servicio Médico Legal a 89 cajas con restos óseos que estaban en custodia en dependencias de la Universidad de Chile y que no habían sido analizados, tras lo cual se determinó que “existe posibilidad” de que el material contenido en 65 cajas sea de interés y que 20 de ellas contienen material docente por lo cual deberían ser descartadas de las pericias a efectuar.

Se trata de osamentas provenientes de diferentes zonas del país y que habían sido traídas a la capital hace dos décadas con el fin de realizar las pericias correspondientes, y de las que se creía podía haber una asociación con causas por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura.

De hecho, familias de detenidos desaparecidos, entre ellas de las agrupaciones Tocopilla, Hijos Tocopilla, Antofagasta y Calama, de la agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y de la Agrupación de Ejecutados Políticos AFEP, tenían conocimiento de la ubicación de los restos, sin embargo, solo a comienzos de febrero de este año se enteraron que las pericias nunca se habían concretado y que recién en ese momento se daría inicio a los análisis.

Así las cosas, en esta jornada el secretario de Estado dio a conocer las conclusiones del proceso pericial, que apuntó a determinar la procedencia y si había correspondencia con el periodo en que se produjeron las desapariciones forzadas en el país.

En un punto de prensa desde Morandé 107, donde estuvo acompañado por la directora del Servicio Médico Legal (SML), Marisol Prado, el titular de Justicia señaló que “tras concluir la clasificación de las cajas, en junio de 2023, el Servicio Médico Legal determinó que en 65 de ellas existe material que podría ser de interés y que debe ser periciado. De igual forma, concluyó que existen a lo menos 20 cajas que corresponderían a material docente, por lo cual deberían ser descartadas de las pericias a efectuar y otras 4 cajas no fue posible determinar su procedencia, dado que no tenían indicación de origen alguna”.

Asimismo, el secretario de Estado detalló que “8 de ellas corresponden al cementerio de Concepción, 18 respecto de hallazgos encontrados en Cerro Chena, 1 en Artillería Linares, 6 en Pampa Dolores, 4 en Río Negro, 2 en el cementerio Copiapó, 2 del cementerio de Rahue Alto, 2 del Servicio Médico Legal de Osorno, 1 en el caso Calama, 1 en el caso Pisagua, 1 en el Patio 134 del Servicio Médico Legal, 2 del Servicio Médico Legal de Concepción, una del laboratorio de Río Bueno” y dos en posesión de doctores. Es decir, de 51 cajas de las 65 que contienen material de interés, ya se conoce su procedencia.

Sobre el retraso por 20 años en las pericias, Cordero dijo: “Lo que revela el caso de las 89 cajas es una de las manifestaciones más evidentes de la indolencia estatal, por más de 20 años, a la vista de distintos organismos del Estado, hallazgos de restos en investigaciones judiciales vinculadas a desaparición o ejecución de personas en crímenes de la dictadura se encontraron albergadas, sin que el Estado tuviera una posición proactiva para resolverla”.

“Es complejo una situación de estas características, no solo porque reaviva los dolores de los familiares (…) sino que vuelve a reafirmar los errores que el Estado ya cometió en el pasado, el año 2006, el Estado de Chile tuvo que reconocer los errores a consecuencias de los problemas de identificación en el patio 29. Respecto a eso, el Estado ha tratado de corregirlas y, de hecho, el Estado fue condenado por los errores que en ese momento ocurrieron”, recordó.

En esa misma línea, el secretario de Estado, visiblemente emocionado, apuntó que “es difícil pedirle a los familiares que vuelvan a confiar en el Estado, cuando sistemáticamente ha incumplido sus obligaciones. El compromiso, sin embargo, de esta administración (...) es que asuntos como este no vuelvan a ocurrir”.

Asimismo, Cordero informó que, entre enero y agosto pasado, se remitieron algunas muestras óseas y dentales a laboratorios en Austria y Estados Unidos, de casos de Calama y Río Negro, en valija diplomática.

“Paralelamente, el Ministerio de Justicia ha ordenado la instrucción de un sumario administrativo con el objeto de determinar responsabilidades, aun cuando estemos indagando un periodo de más de veinte años en que estos hechos ocurrieron”, sostuvo.

En la conferencia, el ministro también confirmó que los antecedentes fueron derivados a los jueces con dedicación exclusiva que están a cargo de casos de violaciones de Derechos Humanos, algunos de los cuales ya dieron instrucciones para realizar las pericias respectivas, como de ADN y de Carbono 14, para determinar si su data corresponde a víctimas de la dictadura.

De acuerdo con las pesquisas realizadas en la auditoría del caso, nunca hubo un adecuado registro de los elementos contenidos en las cajas, algunos fueron solicitados por ministros para investigaciones puntuales, pero también existió un periodo de siete años en que no hubo solicitud alguna.

También se constató que el 29 de mayo de 2012 el ministro Alejandro Solís emitió la orden judicial mediante la cual se solicitaba a la Universidad de Chile remitir las osamentas y todo el material al SML -como lo había solicitado el director del servicio en diciembre de 2011-, eso se ignoró. Aquello, porque evidenciaron que en 2014 las osamentas continuaban en custodia del Departamento de Medicina Legal de la Universidad de Chile, sin que se presentaran antecedentes que explicaran la tardanza de dos años en la devolución.

Además, se advirtió que en ese periodo la bodega donde estaban las cajas estuvieron anegadas. Aunque los anaqueles donde se encontraban las osamentas no fueron directamente afectados, eso no impidió, de todas maneras, la proliferación de hongos, lo que contaminó los restos.