Corte da portazo a Santiago y declara inadmisible recurso con que Desbordes buscaba frenar construcción de nueva cárcel

El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, ha sido enfático en que ni el municipio ni las juntas de vecinos están de acuerdo con la construcción de la ampliación de Santiago 1, medida anunciada por el Presidente Gabriel Boric en el marco del combate del crimen organizado.

Por lo mismo, el 20 de enero pasado, su administración interpuso un recurso de protección en contra del Ministerio de Vivienda, entidad que visó la modificación del plan regulador comunal que habilitó la construcción de las nuevas plazas.

“Antes que pensar en construir una nueva cárcel, es urgente solucionar muchos problemas de seguridad. Pero, además, si el gobierno del Partido Comunista y el Frente Amplio, al igual que en caso de la casa de la calle Guardia Vieja, insiste con esta idea, debe hacerlo bien, sin reírse de los vecinos saltándose la ley olímpicamente”, manifestó en ese momento el jefe comunal.

Pese a ello, el recurso en cuestión fue declarado inadmisible por la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago el pasado 22 de enero.

“La acción impetrada no reúne los requisitos que permitan declarar su admisibilidad, por cuanto no resulta ser la vía idónea al efecto, toda vez que aquéllos deben ser discutidos y probados en un procedimiento judicial de lato conocimiento, lo que se contrapone con la naturaleza cautelar de la acción de protección”, se indicó en dicha oportunidad.

Y aunque el municipio recurrió de reposición frente a dicha disposición, este nuevamente fue rechazo el martes 28, en atención a que “los argumentos expuestos no logran hacer variar aquellos fundamentos tenidos en consideración al momento de dictar la resolución impugnada”.

Pese a esto, desde el municipio indicaron que se persistirá ante la Corte Suprema vía recurso de apelación.

Consultado respecto de la determinación del tribunal de alzada capitalino, el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, indicó a La Tercera: “Como Ministerio de Justicia y Derechos Humanos hemos expresado nuestra disposición a buscar con el Municipio instancias de mitigación. El proyecto de ampliación de Santiago I es esencial para enfrentar la urgencia en materia penitenciaria y debemos llevarlo adelante. Seguimos abiertos al diálogo para trabajar en ese marco”.

Desde la otra vereda, el alcalde Mario Desborde manifestó, en primer punto, que “hay que dejar bien claro que la Corte no se está pronunciando sobre la legalidad, sobre el fondo del asunto que estamos discutiendo. La Corte no ha dicho que la construcción sea legal o que se ajuste a derecho el procedimiento que optó el Gobierno a través de estas modificaciones para el regulador. Lo que la Corte ha dicho es solamente de que esto no hay que hacerlo por la vía de un recurso, sino que hay que hacerlo por la vía de una denuncia civil”.

“Lo segundo es que la presidenta de la sala, que es además la única ministro titular, está de acuerdo con que el recurso procede. Y los que están en desacuerdo, es un ministro suplente y un abogado integrante designado por el Gobierno”, agregó.

De igual forma, insistió en que esta es la primera acción judicial que el municipio levante, remarcando que durante la administración de su antecesora, Irací Hassler, “se perdió tiempo valioso” y que sólo hizo “un par de acciones comunicacionales”.

“En ese contexto hemos decidido apelar la resolución de la Corte de Apelaciones de Santiago. Si es que la Corte Suprema le da la razón a la Corte de Apelaciones, vamos a demandar por la vía ordinaria. Vamos a hacer todas las acciones judiciales que sean posibles. Vamos a pedir que se detenga la construcción, si es que se inician los procesos vamos a hacer todo lo necesario para que esa cárcel no se construya, porque estamos convencidos que técnicamente no corresponde una cárcel de alta seguridad en ese lugar. Y además, estamos convencidos de que el proceso no está correcto. El Gobierno está construyendo una nueva cárcel, no la ampliación de una cárcel anterior, y por lo tanto los procedimientos que se están usando por parte del Ministerio de Vivienda son completamente ilegales”, enfatizó Desbordes.