Nueva audiencia: Corte de Arica acoge recursos por juez que autorizó revelar a defensa identidad de testigos protegidos en causa contra Los Gallegos

La Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Arica acogió los recursos de protección presentados por la Fiscalía Regional de Arica y Parinacota, el Ministerio del Interior y Seguridad Pública y la Dirección Regional de Gendarmería y ordenó un nueva audiencia que debe realizar un juez no inhabilitado en la causa abierta contra integrantes del denominado clan Los Gallegos.

Esto, luego que, a solicitud de la defensa de los imputados, el 13 de septiembre pasado, el juez de garantía de Arica, Héctor Barraza, resolvió que esa parte podía acceder a la identidad de 57 testigos reservados, agentes encubiertos y víctimas protegidas que figuran en la acusación contra el brazo operativo del Tren de Aragua.

En fallo unánime, la sala integrada por los ministros Pablo Zavala Fernández, José Delgado Ahumada y Reynaldo Oliva Lagos optó por retrotraer “la causa al estado que se realice, por juez no inhabilitado, la audiencia de cautela de garantías solicitada por las defensas, debiendo citarse a todos los intervinientes que deban concurrir a la misma, en la forma de comparecencia que hayan coordinado los intervinientes con el Juzgado de Garantía”.

Se tuvo en consideración que el juez de la causa (Barraza) vulneró, según el criterio del tribunal de alzada nortino, el principio de la bilateralidad de la audiencia y el debido proceso al no dejar comparecer a dos intervinientes: el Ministerio Público y la cartera de Interior como parte querellante.

Finalmente la decisión de Barraza fue impugnada por la Corte de Apelaciones de Arica, que dio a lugar a una orden de no innovar. Tras ello, la Defensoría Penal Pública (DPP), que había accedido ya a la información, devolvió de forma voluntaria los antecedentes.

El Ministerio Público anunció la apertura de una investigación penal de oficio para determinar si se cometieron delitos relacionados con la entrega de información confidencial. En tanto, el Pleno de la Corte de Apelaciones de Arica instruyó investigación administrativa contra el juez.

A fines de junio, la Unidad de Análisis Criminal de la Fiscalía de Arica solicitó once penas de presidio perpetuo en una acusación presentada contra 44 miembros de la organización criminal. El ente persecutor acusa a dichos integrantes de diversos delitos violentos como homicidios, secuestros, tráfico de armas, de drogas y trata de personas, entre otros.