Corte de Chillán comunicará el 15 de octubre decisión sobre desafuero del gobernador Óscar Crisóstomo

La Corte de Apelaciones de Chillán dará a conocer el 15 de octubre si acoge o no la solicitud de desafuero del gobernador de Ñuble, Óscar Crisóstomo, investigado por un delito de cohecho pasivo entre particulares.

La mañana de este miércoles se desarrollaron los alegatos ante el Pleno del tribunal, que dejó el fallo en acuerdo. La resolución será redactada por la ministra Paulina Gallardo.

La Fiscalía de Ñuble pidió el desafuero de la autoridad apuntando a solicitar medidas cautelares personales en la formalización de la investigación. De no acogerse el desafuero, la causa deberá sobreseerse.

Crisóstomo es investigado por el fiscal jefe de Chillán, Sergio Pérez Nova, existiendo, además, un coimputado en esta indagatoria, que también será formalizado.

Desde el Ministerio Público explican que el delito indagado se concretó antes de que la autoridad asumiera su cargo. Según la imputación, actuando como particular en la gestión de un proyecto de viviendas rurales, en mayo de 2019, Crisóstomo habría aceptado recibir 22 millones 950 mil pesos, a cambio de favorecer la contratación de una empresa, en desmedro de otros potenciales oferentes para ejecutar la construcción de las casas y de los propios intereses de 17 beneficiarios de subsidios habitacionales del Estado.

En esta causa existe una querella presentada por un particular en contra del Óscar Crisóstomo y otras personas, que incluye el hecho por el que se pide el desafuero y también otros que se encuentran en investigación y que no son parte de esta solicitud planteada ante el tribunal de alzada.

Francisco Soto Donoso, abogado asesor de la Fiscalía Regional de Ñuble, indicó que este miércoles “el Pleno de la Corte de Apelaciones de Chillán conoció los alegatos vinculados a la solicitud de desafuero que realizó el Ministerio Público respecto del gobernador regional”.

“Estos alegatos dan cuenta de un delito de corrupción entre particulares que habría cometido el gobernador antes de ocupar este cargo. Y esta situación se dio en el marco de la obtención de subsidios habitacionales para la construcción de viviendas rurales respecto de personas que viven en las comunas de Cobquecura y San Fabián. Él habría recibido dinero para que una empresa constructora específica realizara la construcción de sus viviendas, lo cual configura la conducta penal de corrupción de particulares del artículo 287 bis del Código Penal”, precisó el letrado.