Corte Suprema revoca pensión de Myriam Olate

Fue el 29 de septiembre de 2017 que la Corte de Apelaciones de Santiago acogió un recurso de amparo por ocho exfuncionarios de Gendarmería, entre ellos Myriam Olate, quien recibía una jubilación superior a los $ 5,4 millones y que en 2016 había sido objetada por Contraloría. Sin embargo, hoy los recurrentes recibieron una mala noticia: la Corte Suprema revocó la sentencia del tribunal de alzada y ordenó aplicar el criterio dictado por el ente contralor.

En 2016, la Contraloría dictaminó el tope de 60 UF (cerca de $ 1,6 millones) para las pensiones en Gendarmería. Quienes se vieron afectado por esta decisión interpusieron un recurso de protección en la Corte de Apelaciones contra el contralor Jorge Bermúdez, por una supuesta "privación al legítimo ejercicio de sus derechos constitucionales".

Según estableció el tribunal de alzada de Santiago, que Contraloría haya ordenado reducir la pensión de Olate, "sobrepasa sus atribuciones interpretativas, autoatribuyéndose facultades que la ley asigna al órgano de la administración activa", y ordenó restituir la pensión original que recibía la exfuncionaria.

No obstante, el proceso no se cerró ahí. La Contraloría recurrió a la Corte Suprema, la que hoy entregó distintos fallos para cada uno de los recurrentes. En el caso del grupo de ocho exfuncionarios, el que integraba Olate, el máximo tribunal resolvió que "lo primero que ha de dilucidarse es que siendo la materia discutida de carácter previsional, según lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley N° 10.336, corresponde exclusivamente a la Contraloría General de la República la facultad de fijar el sentido y alcance de las normas que versen sobre la materia".

De esta forma, la Suprema validó lo dictaminado por la Contraloría: "En ejercicio de dicha facultad, el contralor general de República, en su oportunidad, emitió el dictamen N°42.701 de 2016, que determinó el correcto sentido y alcance de las normas contenidas en el artículo 6 inciso 4 de la Ley N° 19.200 y en el artículo 9 de la Ley N° 18.675, que, en síntesis, hacen aplicable el tope de 60 UF a las pensiones de retiro del personal de Dipreca y de Gendarmería de Chile".

El fallo no establece que Olate y el resto de los exfuncionarios tengan que devolver las pensiones, dado que el recurso de protección era para mantener las pensiones sin límite, acusando una afectación de sus derechos constitucionales. Ahora, para recuperar los montos, que según Contraloría se pagaron de más, se podría iniciar un procedimiento civil por parte del Consejo de Defensa del Estado (CDE), situación que aún no ocurre.

Para el dirigente de la Asociación Nacional de Suboficiales y Gendarmes, Joe González, "hoy la solución la tienen el gobierno y la institución para cerrar la controversia".

Para el diputado RN, Gonzalo Fuenzalida, "es de toda justicia lo que ha hecho la Corte Suprema, pues esa pensión no se justificaba. Ahora deberá regirse por el límite que ya había puesto la Contraloría".