Cristián Nazer: "Seguiremos en gratuidad siempre que no hipoteque nuestro desarrollo académico"

El pasado martes y tras casi cuatro años de discusión y 18 meses en proceso legislativo, se publicó la Ley de Educación Superior, que entre otras cosas modifica la política de gratuidad. Actualmente son 33 las universidades adscritas al beneficio. Una de ellas es la U. Finis Terrae, que tiene un 52% de alumnos estudiando bajo este sistema de un total de 7 mil matriculados. En conversación con La Tercera, Cristián Nazer, rector de esa casa de estudios, detalló los efectos colaterales que ha tenido aplicar esta política.

¿Cuáles serán los efectos que traerá la entrada en vigencia de la nueva Ley de Educación Superior?

El primer efecto tiene que ver con las definiciones de universidad y de instituto técnico-profesional que contempla la nueva ley, que consagra que los planteles chilenos deberán corresponder al modelo de universidad compleja. Otro elemento importante tiene que ver con toda la estructura de fiscalización y control que la nueva legislación genera. Sin duda, se trata de estructura necesaria para evitar abusos muy dañinos y que han causado importantes perjuicios a las personas y al sistema, ya que quedó claro que el mercado no puede ser el regulador del sistema de educación superior, pero esto no significa -y es un gran riesgo- que burocraticemos el sistema. Si cada un peso que invertimos en acciones universitarias concretas implica que debemos invertir otro peso en burocracia, la reforma será nefasta.

¿Puede que algunos de los cambios que concibió la ley traiga más desventajas que la gratuidad actual?

Efectivamente ese aspecto va a complejizar de manera importante la aplicación de la ley. Estamos hablando de que por cada carrera existirán potencialmente seis aranceles que harán muy difícil cualquier proyección financiera y con ello el diseño de planes de desarrollo académico de gran envergadura. Las autoridades del Mineduc están preocupadas por este aspecto y confiamos en que tomarán los resguardos no solo para evitar mayores daños al sistema de educación superior, sino para volver a reactivar el desarrollo de nuestras instituciones. Antes de eso, es urgente y fundamental revisar y corregir los aranceles regulados que no cubren los gastos globales de las universidades.

Quedan 53 días para que las instituciones adscritas a gratuidad decidan si se mantienen o no en ella. ¿La U. Finis Terrae tiene definida una posición al respecto?

La decisión de ingresar a la gratuidad responde en gran medida a ser coherentes con nuestro ideario y, por lo mismo, no quisiéramos vernos en la necesidad de abandonarla. No está ni en nuestra voluntad, ni menos aún en nuestro deseo. Ahora bien, somos conscientes de que la gratuidad como se ha concebido hasta ahora es, de cierta manera, "transitoria". Aún faltan los reglamentos de la nueva ley que nos permitan visualizar cómo se van a enfrentar los vacíos y complejidades que tiene la nueva ley. Esperamos que antes de estos 60 días tengamos mayor información de la autoridad para tomar la decisión más adecuada. Como universidad tenemos muy claro que seguiremos en la gratuidad siempre y cuando no debamos hipotecar nuestro desarrollo académico y calidad o renunciar a nuestra misión.

Hay planteles que financieramente se han visto afectados por la gratuidad, entre ellos la U. Diego Portales y la U. Alberto Hurtado. ¿Cómo ha enfrentado la U. Finis Terrae poner en marcha esta política?

La implementación de la gratuidad ha generado déficits en los ingresos para todos los planteles que adscribieron a esta política. En la práctica, cada institución, sin estar preparada, ha debido cofinanciar el margen existente entre el aporte del gobierno y lo que cuesta una determinada carrera. En nuestro caso, esto nos ha llevado a diferir algunos proyectos de infraestructura y a establecer una política de austeridad en los gastos corrientes, a fin de poder cumplir con nuestro plan de desarrollo académico a pesar de los menores ingresos por alumno