Cruch acusa al gobierno de "agravar un problema social" tras fallo del TC

Tras el fallo del Tribunal Constitucional, que rechazó el uso de las platas del Fondo Solidario para cubrir las brechas de la gratuidad, el Consejo de Rectores (Cruch) reaccionó con extrema molestia con el gobierno, algo pocas veces visto en el mundo colegiado académico, por haber alegado a favor del requerimiento de Chile Vamos.

El conflicto surgió porque la Ley de Educación Superior establece que los estudiantes que se retrasen en sus carreras perderán la gratuidad, y el Cruch entiende que esa condición comenzó a regir el año pasado, cuando fue promulgada la ley. Pero según la interpretación del gobierno, el retraso de los alumnos se debiera contar desde 2016, cuando comenzó a regir la gratuidad, cuando se estableció por glosa presupuestaria.

Esa diferencia de interpretación tiene como efecto que este año, y solo en el Cruch, más de 18 mil estudiantes perderán la gratuidad, lo que implica una merma de $ 26 mil millones para esas instituciones. Y para paliar esos efectos, el consejo buscó que se usasen las platas del Fondo Solidario, lo que fue bloqueado por el gobierno al alegar a favor de Chile Vamos en el TC.

"Donde el Cruch estuvo por buscar una solución, lamentablemente los parlamentarios de la coalición que fue al TC (Chile Vamos) y el gobierno, que estuvo alegando a favor de ese requerimiento, estuvieron por agravar un problema social y no por solucionarlo", dijo el vicepresidente del Cruch, Aldo Valle.

Ante esta situación, el consejo tomará dos acciones: acudirá a la Contraloría para pedir que el retraso de los alumnos sea contabilizado a partir de 2017, y le pedirá al gobierno que envíe un proyecto de ley para modificar la ley que regula el Fondo Solidario, con tal de permitir el uso de esos recursos. Con ello, buscarán "que quede claro cuál es la voluntad política del gobierno", dijo Valle.

Además, enviarán una carta formal a La Moneda y un comunicado a todas las comunidades universitarias, pues con la pérdida de la gratuidad para 18 mil estudiantes, existe un alto riesgo de que se desaten movilizaciones estudiantiles este año.

"Se quiere radicalizar un problema, cuando lo que queríamos era evitar mayor conflictividad estudiantil en 2019. Pero acá se optó por el camino inverso, es decir, para que se den todas las condiciones para que haya una mayor conflictividad y radicalidad en ese conflicto", explicó Valle.

La molestia del Cruch con el gobierno es transversal, pues los rectores de las universidades públicas no estatales, agrupadas en el G9, también se sumaron a la protesta.

Y a eso se suma la alerta que generó en las 18 universidades estatales el anuncio del Mineduc de reubicar a los estudiantes de la U. del Pacífico en cuatro instituciones privadas, pues la Ley de Universidades Estatales establece que estos planteles deben colaborar en las reubicaciones.

"Es una actitud que no podemos entender, porque ningún rector de universidad estatal fue consultado sobre si puede recibir a estos estudiantes. Es sorprendente, no hay reciprocidad en la conducta que hemos tenido con el ministerio", dijo el rector representante de las estatales, Ennio Vivaldi.