Cuál fue la medida autorizada por el juez Daniel Urrutia que generó críticas del gobierno
El Ejecutivo cuestionó con dureza una decisión del magistrado respecto a un grupo de reos del Recinto Penitenciario Especial de Alta Seguridad.
La tarde del jueves se reveló que el juez Daniel Urrutia, del 7° Juzgado de Garantía de Santiago, autorizó que cuatro reos del Recinto Penitenciario Especial de Alta Seguridad (Repas) pudieran realizar videollamadas con terceros, a pesar de no estar autorizadas por Gendarmería.
Además, se informó que el magistrado había solicitado que el interno Rafael Marín Vielma, de nacionalidad colombiana y condenado a quince años de cárcel por narcotráfico, pudiera concretar una visita íntima en el recinto, pese a que éste no cuenta con dependencias para este tipo de encuentros.
Entre las explicaciones entregadas por Gendarmería para rechazar esta medida estaba el hecho de que las llamadas podían realizarse con individuos que no estuvieran debidamente acreditados. Urrutia, de todos modos, confirmó su resolución. Por ello, la institución recurrió a la Corte de Apelaciones de Santiago para alertar sobre la situación.
El recurso enviado contra la medida del juez fue aceptado por la corte el 13 de febrero, por lo que la resolución finalmente fue suspendida. Además, el tribunal dio un plazo de dos días para remitir un informe con los detalles de la decisión, según detalló la investigación realizada por Meganoticias.
Críticas transversales
El mismo día, el gobierno criticó duramente la decisión adoptada por el juez. El ministro de Justicia (s), Jaime Gajardo, calificó el hecho de “gravísimo”. Además, explicó que “estas personas se organizan para cometer crímenes y, por lo mismo, necesitamos que rompan su vínculo con el exterior. Permitirles videollamadas es dejar en cero aquello”.
Respecto al Repas, mencionó que allí “se encuentran los criminales más peligrosos que tenemos en el sistema penitenciario”.
Este viernes habló en la misma línea el subsecretario de Interior, Manuel Monsalve. “Nos parece que esta decisión es una decisión completamente equivocada, que perjudica la seguridad del país, que socava los esfuerzos que hacen las instituciones para luchar contra el crimen organizado y que son por lo tanto malas señales, y esperamos que esto no vuelva a ocurrir y no haya autorizaciones de esta naturaleza a líderes de organizaciones criminales”, señaló sobre el tema.
“Las organizaciones criminales altamente peligrosas buscan tomar control de los recintos penitenciarios, buscan reproducir su jerarquía criminal y que eso hay que cortarlo de raíz y de manera radical. La única forma es el aislamiento, por eso es que los líderes de organizaciones de esta naturaleza tienen que estar en módulos de máxima y de alta seguridad”, complementó.
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