Cubillos descarta extender gratuidad: se debe privilegiar a parvularios

Los 27 mil estudiantes que perdieron la gratuidad este año por atrasarse en sus carreras mantienen en alerta a los rectores, quienes temen que de no modificarse la Ley de Educación Superior para financiar más años de estudios a esos alumnos, la situación podría desfinanciar a las instituciones.

No obstante, en el Ministerio de Educación (Mineduc) creen que extender el beneficio es inviable. Las autoridades han insistido en que los rectores conocían las condiciones de la ley cuando se sumaron a la gratuidad. Y este jueves, coincidiendo con la reunión mensual del Consejo de Rectores, la ministra del ramo, Marcela Cubillos, explicará con cifras por qué se debe priorizar la educación parvularia por sobre la extensión de la gratuidad universitaria.

Según la minuta elaborada por la cartera, un año extra de gratuidad para esos 27 mil alumnos costaría $ 57.750 millones. Ese monto equivale a la mitad del financiamiento que requiere el proyecto de ley que creará una subvención para la educación parvularia, que beneficiará a 132 mil niños y está en trámite en el Congreso. También serviría para pagar la subvención de reingreso a 34.482 niños que no van al colegio.

El documento plantea que la gratuidad, que tiene un costo de US$ 1.430 millones, apoya solo a 29% de los estudiantes de educación superior. Compara que en Argentina, donde las universidades estatales son totalmente gratuitas, 73% de los estudiantes termina sus carreras. Agrega que en el caso chileno, el presupuesto para educación superior creció 59% entre 2015 y 2018, y los recursos para el sector parvulario aumentaron solo 11%.

La minuta de la ministra cita distintos estudios para resaltar la importancia de la educación parvularia. Uno de ellos demuestra que los niños que asisten a ese nivel de enseñanza obtienen más tarde hasta ocho puntos más en las pruebas Simce en 2° medio. También menciona a 15 académicos que reafirman que este nivel de enseñanza es crucial para el desempeño futuro de los estudiantes.

"Estamos optando por focalizar los recursos donde más impacto tienen en los niños. Según demuestra la evidencia, invertir en educación en la primera infancia tiene un impacto decisivo para que el origen socioeconómico no sea determinante en la trayectoria educativa de los niños", recalca Cubillos, quien expondrá este jueves estos antecedentes a la opinión pública.

"Tenemos que invertir en educación parvularia. Esto es especialmente necesario cuando vemos que uno de cada dos niños no va al jardín y parte la carrera con desventaja", refuerza.

Desde las universidades, los rectores no están de acuerdo con la dicotomía que plantea la ministra, pues dicen que extender la gratuidad también impacta en la calidad. El presidente de las universidades estatales (Cuech) y rector de la U. de Chile, Ennio Vivaldi, advierte que de no resolver este déficit "habría que decirles a los jóvenes que verán deteriorada la calidad de la educación, porque hay que ser consecuentes: si el objetivo es que haya una educación superior de buena calidad, no creo que el camino sea quitar el presupuesto y dejar un déficit".

El presidente de las universidades públicas no estatales del Cruch (G9), Óscar Galindo, considera "un error enfocar de esa manera la política pública. Todos los niveles educacionales requieren apoyo. No se puede poner a las universidades, que son un patrimonio del país, en contra, supuestamente, de ampliar el acceso a la educación preescolar. Somos partidarios de que se amplíe el acceso de los preescolares, pero estas restricciones a las universidades también afectan la inclusión".

En tanto, el rector de la U. de Talca, Álvaro Rojas, hace notar que los alumnos atrasados "están terminando carreras de Ingeniería, Medicina u Odontología y son profesionales necesarios. No por esto debieran dejar sus estudios".

"Se podría revisar la agenda de gastos prescindibles que tienen los gobiernos. Si vamos a escrutar por qué cada recurso del Estado va donde va y no se dirige a la primera infancia, sería un camino muy peligroso para quien ejecute las políticas públicas", dice.