DD.HH. en la crisis social: 68 casos han sido cerrados ante tribunales por falta de antecedentes

Hasta el 30 de octubre de 2020 no hay “sentencias asociadas a las causas por delitos de derechos humanos, por lo que todavía no es posible informar las sanciones y medidas de reparación”. Esto concluye un documento de la Dirección de Estudios de la Corte Suprema sobre el estado de las investigaciones por ilícitos de lesa humanidad registradas entre el 18 de octubre de 2019 y el 20 de marzo.

Para llegar a ese resultado, el estudio del Poder Judicial consideró las causas en que la imputación recae sobre agentes del Estado, como son los ilícitos de apremio ilegítimo, detención irregular y/o tortura (en sus diferentes modalidades, como, por ejemplo, con cuasidelito de homicidio, violación o abuso sexual) . Y llegaron al resultado de 2.679 causas (ver infografía). Luego, como segundo filtro para acotar los casos de DD.HH. vinculados al movimiento social, leyeron cada causa. De esta manera llegaron a las 1.842 indagatorias que forman el núcleo central del análisis.

Según el informe, de ese total ya han terminado por diversas razones 261 casos, es decir, el 14%. De ellos, 125 fueron acumulados a otras causas (49%) y cerca de un tercio fue cerrado por diversas razones, como por incompetencia, porque fueron declaradas inadmisibles por el tribunal o debido a que se aprobó no iniciar investigación.

Y hay 68 casos (26%) que concluyeron luego de que la fiscalía tomara la decisión de no perseverar en el procedimiento. Esto se basa en el Artículo 248 del Código Procesal Penal, que señala que el Ministerio Público podrá comunicar la decisión de no perseverar en el procedimiento “por no haberse reunido durante la investigación los antecedentes suficientes para fundar una acusación”.

Alejandro Soto, director de estudios de la Corte Suprema, explicó que el análisis les “permite ir viendo el comportamiento de estas causas en el tiempo para ver en qué estado procesal están, cuánto avance han tenido. Ya anticipamos que no hay ninguna sentencia, lo que es propio de los tiempos del procedimiento penal”.

Destacó que “acá no estamos mirando casos que pueden ser súper emblemáticos, como el de Gustavo Gatica o el de Fabiola Campillai, porque ahí no se trata de delitos de apremios ilegítimos o de torturas, que por su naturaleza se refieren a ilícitos de derechos humanos, que además están así consignados en el sistema de tramitación de causas”.

En ese sentido, dijo que casos como el de Gatica y Campillai tienen que ver con ilícitos como mutilación, lesión grave gravísima o incluso un homicidio frustrado. Por eso, indicó que excluyen “todos los traumas oculares, salvo que hayan ocurrido en contexto de torturas, cosa que no son ya que se dan en manifestaciones y un perdigón les llega”.

Soto agregó que desde que comenzaron las movilizaciones el año pasado empezaron a recopilar información, la que ha sido requerida particularmente por organismos internacionales.

De acuerdo al documento, Carabineros es la institución a la que pertenece el mayor número de personas identificadas como presuntos responsables de delitos de derechos humanos, con el 92,9% del total de las causas.

Además, los lugares donde se identificó la mayor frecuencia de los ilícitos fue el contexto de marchas (69%), seguido por comisaría (13%) y camino a comisaría (5,5%).

Desde el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) señalaron que han presentado a la fecha 2.520 querellas por distintos delitos de violaciones a los derechos humanos ocurridas en el contexto de la crisis social, de las cuales 31 se encuentran formalizadas respecto de 72 imputados.

En cuanto a las cifras dadas a conocer por la Dirección de Estudios de la Corte Suprema, indicaron que “para el INDH resulta fundamental que el Estado fortalezca a las distintas instituciones que forman parte del sistema de justicia penal, y que otorgue prioridad a este tipo de investigaciones para que se imparta justicia y se repare a las víctimas de manera oportuna”.