Este domingo la Fiscalía publicó el primer Informe de investigaciones por financiamiento irregular de la política, en que resume la situación de los casos Penta, SQM, Corpesca y Asipes. El documento de 24 páginas, elaborado por la Unidad Especializada en Anticorrupción, resume el estado procesal y formas de término aplicadas en cada caso hasta septiembre. Además, se detalla la situación de cada imputado y las penas solicitadas por el Ministerio Público.

Este caso se encuentra actualmente a la espera de la realización de la audiencia de preparación de juicio oral para 15 imputados, la que está fijada para el día 4 de noviembre de 2020. Los querellantes en esta causa son el Consejo de Defensa del Estado, el Servicio de Impuestos Internos, el Partido Socialista y la Fundación Ciudadano Inteligente.

Algunos de los imputados arriesgan penas que van desde la prohibición de celebrar contratos con el estado por un período determinado, hasta multas. También se solicita pena aflictiva para algunos de los acusados por delitos tributarios.

En este caso se investigó la obtención de reiterados beneficios económicos proporcionados por la empresa Pesquera CORPESCA a los excongresistas Jaime Orpis y Marta Isasi, a través de la facilitación de boletas falsas.

Además, el informe señala que la investigación comprobó la simulación de contratos falsos entre Orpis y el Senado, para defraudar al Fisco por la vía de asignaciones parlamentarias.

Este caso se encuentra en la fase final del juicio oral. Se cerró la etapa de presentación de pruebas de la defensa y desde el lunes 28 de septiembre se dio paso a los alegatos de clausura.

Tanto Orpis como Isasi arriesgan diferentes penas de reclusión de acuerdo de los delitos imputados, además de inhabilitación para ejercer cargos públicos y multa de 40 UTM.

El documento asegura que “de los antecedentes de investigación se desprendieron acciones relacionadas a las efectuadas por Corpesca por parte de Asipes, la que agrupa a varias pesqueras que presuntamente habrían financiado a parlamentarios de la región del Biobío, mientras se tramitaba la ley de pesca”.

La investigación, que se encuentra desformalizada, está a cargo de la fiscal regional de Biobío, Marcela Cartagena, quien el pasado 3 de septiembre solicitó una audiencia para comunicar el cierre de la investigación. Esta se fijó para el próximo 6 de octubre de 2020.

En esta audiencia se van a adoptar decisiones de término de no perseverar respecto de 22 personas, entre las que se encuentra la senadora Jacqueline Van Rysselberghe. Además, se solicitará el sobreseimiento definitivo de otros 13 imputados salvo respecto de Pablo Longueira, que fue sobreseído durante el año 2019. En este grupo también está figura el senador Carlos Bianchi.

El informe detalla que esta investigación, “dada su complejidad, la cantidad de personas investigadas, formalizadas y querelladas, ha dado origen a una serie de causas que se han ido separando sucesivamente”. Por ello “se ha procedido a dar distintos tipos de términos a los distintos imputados, principalmente de delitos tributarios”.

Para el próximo 5 de octubre está fijada una audiencia de preparación de juicio oral, en que se espera la presentación de los acusados que se encuentran vigentes, entre estos, Pablo Longueira, el exgenerente general de SQM, Patricio Contesse y el excandidato presidencial Marco Enríquez-Ominami.

El informe detalla que además “existe un grupo de imputados (por delitos tributarios), que aún no han sido formalizados, principalmente emisores de boletas ideológicamente falsas”. En esta causa son querellantes el Consejo de Defensa del Estado, el Servicio de Impuestos Internos, la Fundación Ciudadano Inteligente y el Diputado Hugo Gutiérrez.