Desde que la defensa de Luis Hermosilla -encabezada por su hermano Juan Pablo Hermosilla- comunicó que haría público un listado de fiscales y jueces que lo habrían contactado para presuntos favores, la expectación y especulaciones sobre las consecuencias del denominado caso Audio fueron en incremento.
Por lo mismo, durante la última semana y especialmente la jornada de este jueves, cuando finalmente pasadas las 17.40 horas el abogado comenzó el punto de prensa en que entregó los antecedentes, tanto en el Ministerio Público como en el Poder Judicial comenzaron a analizar qué caminos seguirían y si tomarían o no determinaciones concretas.
Sin embargo, dado que la totalidad de la estrategia de la defensa del imputado por diversos delitos se mantuvo bajo reserva hasta avanzada la tarde, gran parte de las evaluaciones llegaron a que de nada les serviría idear posibles reacciones y que tendrían que esperar para definir medidas. Se desconocía el alcance de la comunicación y, por eso, recién terminada la elocución se conocieron las primeras impresiones.
En principio, desde ambos organismos, transmitían que no les merecía mayor importancia lo que el abogado del otrora influyente profesional pudiera decir, aunque en la práctica, los funcionarios de las mismas sí miraban con cierta preocupación el escenario. De hecho, en el Fiscalía incluso se alistaban para eventuales aperturas de nuevas indagaciones y en la Corte Suprema ministros deslizaban la posibilidad de realizar un pleno extraordinario para ponderar los detalles.
Pese a ello, culminada la intervención del abogado, la evaluación fue que no era necesario, al menos por ahora, emitir declaraciones. Aquello, como indicaron fuentes consultadas por este medio, por que el mismo Juan Pablo Hermosilla manifestó que en el listado puesto a disposición no se hace mención a personas que hayan tenido “conductas que se estimen constitutivas de delitos y ni siquiera ilícitas”.
Es más, el mismo abogado descartó hablar de irregularidades y se limitó a sostener que su hermano mantenía activos contactos judiciales lo que es habitual entre abogados penalistas e integrantes del ministerio Público. Sobre esa base, leyó un documento en el que enumeró a 28 personeros y al equipo que integra la Fiscalía de La Araucanía que encabeza Roberto Garrido.
Los fundamentos
Según manifestó Juan Pablo Hermosilla al comenzar sus palabras, el principal motivo tras la entrega de los antecedentes sería “detener el espectáculo que fueron las filtraciones”. Por eso, como dijo, quisieron entregar detalles de todos los fiscales y jueces que en el pasado se comunicaron con su hermano con motivos de causas judiciales o con miras a eventuales nombramientos. Se excluyó, agregó, a quienes sólo mantenían conversaciones en el ámbito de la vida privada o que estuvieran cubiertas por secreto profesional.
“Han pasado cuestiones que son extraordinariamente graves, que han sido viciosas, que son inestimables, que son hechos públicos y notorios, en que, en mi opinión, estas filtraciones han sido parte de un intento de manipulación, no solo de la información, sino un intento de manipulación de la causa misma, cuestión que yo denuncié en cada alegato, en cada audiencia, lo he señalado públicamente, pero esto no se detuvo, no hubo nadie del Estado que parara esto”, sostuvo.
Fue por ello, subrayó, que decidió compartir los antecedentes que hasta el momento han encontrado. “Tengo el máximo respeto por gran parte de los fiscales mencionados, pero se han filtrado varias cosas que no son constitutivas de delitos, entonces justamente porque el origen de esto es evitar que haya filtraciones, es que decidimos transparentar todas las conversaciones que encontramos”, puntualizó.
En la mayoría de los casos vinculados a fiscales, según detalló el penalista, se trató de contactos por causas judiciales en que él estaba involucrado. No para obtener antecedentes reservados o cuestiones irregulares, sino que como dijo, con motivos del ejercicio propio de la profesión. Algunos de ellos también lo contactaron por nombramientos, al igual que los jueces mencionados.
Los nombres incluidos en el listado
- El fiscal nacional Ángel Valencia (sólo una reunión).
- Exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco, conversaciones de causas y nombramientos.
- Fiscal Carlos Palma, nombramientos y causas.
- Danilo Quezada, nombramientos judiciales.
- Exfiscal Emiliano Arias, causas judiciales.
- Eugenio Campos, causas.
- Eduardo Baeza, causas.
- Enrique Vázquez, causas.
- Juan Pablo Araya, causas.
- Francisco Jacir, causas.
- Fiscal regional Sur Héctor Barros, causas.
- Ministro de la Suprema, Jean Pierre Matus nombramientos y causas.
- Jose Luis Pérez Calaf, causas.
- Lamberto Cisterna, causas.
- Lilian Leyton, causas.
- Fiscal regional Oriente Lorena Parra, causas y nombramiento.
- Lya Cabello, exfiscal judicial, por nombramiento.
- Ministro de la Suprema Manuel Antonio Valderrama, causas.
- Ex fiscal Manuel Guerra, causas judiciales y otros.
- Ministro de la Suprema Mario Carroza, nombramientos.
- Fiscal Marta Herrera, nombramientos.
- Jueza Paula Brito, nombramientos
- Sergio Moya causas.
- Exfiscal Tufit Bufadel, causas.
- Violeta Arriagada, causas.
- Xavier Armendáriz, causas.
- Ximena Chong, causas.
- Claudia Perivancich, causas.
- Todo el equipo de fiscales de la Macrozona Sur.
Nueva arremetida contra Valencia y los chats con políticos
Parte importante de la alocución de Hermosilla se centró en las actuaciones del fiscal nacional Ángel Valencia.
Hermosillo acusó al fiscal de intimidarlo a través de la denuncia que el persecutor anunció en su contra por haber difundido la versión que en la reunión que Valencia sostuvo con Andrés Chadwick y Luis Hermosilla se habría comprometido a entregar antecedentes que pudieran afectar a Sebastián Piñera, lo que fue desmentido por la Fiscalía Nacional.
A raíz de ello, el abogado apuntó a que sería totalmente irregular que el fiscal se defienda por canales institucionales y que intente, como dijo, amenazarlo. Por ello, también apuntó a que en próximos días definirá si ejerce alguna acción en particular en contra del máximo persecutor.
En cuanto a las pruebas que se presentarán para probar lo sostenido, se limitó a sostener que la aportarán en sede judicial, aunque fue claro en que se han advertido una serie de “indicios” que permitirían sustentar lo indicado. Entre ellos, que el fiscal ha sido poco exacto a la hora de referirse a los intercambios que tuvo con el imputado, que no registró la reunión sostenida y que reconoció la misma a meses de que estallara el caso.
En el mismo sentido, también adelantó que eventualmente revisarán los contactos con autoridades políticas. “Quedó pendiente el tema de autoridades y ahí yo estoy abierto (a entregar) todo lo que sea de interés público, no ilícito necesariamente”.
Consultado por nombres en específicos del mundo político que aparezcan de manera recurrente en los chats, aseguró que “no me he metido en el tema (...) lo que hicimos fue empezar a centrarnos en el tema judicial (...) ¿Puede haber (autoridades) políticas? No lo sé. Tenemos que hacer el trabajo y no tengo problemas en repetir esto”.
“Yo quedé de hacer esto primero y de ahí meterme en el tema político, Si hay interés, no tengo problemas en repetir el trabajo en relación con las autoridades políticas”, cerró.