Defensora de la Niñez denuncia a Fiscalía presunto abuso laboral infantil en liceo de Valparaíso
Según la denuncia, los alumnos del Liceo Técnico de Valparaíso eran obligados a embolsar, diariamente, 1.500 yogures, manzanas y galletas. Las colaciones habrían sido vendidas por la Corporación Municipal a otros establecimientos educacionales, generando en 2017 más de $180 millones.
La Defensora de los Derechos de la Niñez, Patricia Muñoz, solicitó a la Fiscal Regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, investigar la supuesta confección y venta irregular de colaciones, en donde se habría obligado a trabajar a los alumnos de Alimentación Colectiva del Liceo Técnico de Valparaíso, dependiente de la Corporación Municipal para el Desarrollo Municipal de Valparaíso (Cormuval).
Muñoz fue alertada de esta situación por el diputado Andrés Celis (RN), que vía oficio le indicó que, durante el 2017, "los alumnos eran obligados a embolsar y trasvasijar diariamente 1.500 yogures de marca registrada, 1.500 manzanas compradas en el Mercado Cardonal de Valparaíso y 1.500 sachet de galletas de marca registrada", en el marco de sus "prácticas supervisadas por maestros especialistas en la preparación de alimentos".
Estas colaciones habrían sido vendidas por la propia Cormuval a otras 37 escuelas de la misma corporación, y "habría generado más de $180.000.000" por el dicho concepto. Según la denuncia, "habría tenido su origen en la decisión de la actual directora del Área de Educación de la Cormuval, Silvana Sáez, que, desconociendo el sistema de contratación pública (…) ordenó que las colaciones debían ser solicitadas a cuatro unidades educativas, dentro de las cuales estaba el Liceo Técnico de Valparaíso, a cargo de su director, Mario Díaz, respecto del cual mantendría una relación familiar o afectiva".
En efecto, Sáez y Díaz están casados desde el 7 de marzo de 1988. Díaz además ejerce como presidente del Colegio de Profesores de Valparaíso. La Defensora de la Niñez remitió estos antecedentes a la Fiscalía, como denuncia, "teniendo en consideración que los hechos descritos, en lo relacionado con la posible utilización irregular de fondos públicos, podría constituir alguno de los delitos funcionarios previstos en los artículos 233 y siguientes del Código Penal, y en el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 16 inciso segundo de la Ley N°21.067, que crea la Defensoría de los Derechos de la Niñez, y en el artículo 175 del Código Penal".
De hecho, y según constata el oficio remitido por el diputado Celis a Muñoz, el "negocio de las colaciones" violaría la Convención Sobre los Derechos del Niño, en su artículo 28 y 32, por cuanto los Estados partes "reconocen el derecho del niño a la educación" y "reconocen el derecho del niño a estar protegido contra la explotación económica y contra el desempeño de cualquier trabajo que pueda ser peligroso o entorpecer su educación".
En este sentido, el parlamentario es enfático: "Reflexionando al tenor de los hechos que se denuncian (…) cabe preguntarse de qué manera podría concebirse –siquiera– la idea de educar, formar o capacitar a una persona, haciéndola diariamente embolsar, trasvasijar y separar mecánicamente una bolsa, un número determinado de productos, en forma repetida una y otra vez".
Además de proporcionar estos antecedentes a la Fiscalía, Patricia Muñoz también solicitó información al alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, como presidente del directorio de la Cormuval, y a Mario Díaz, como director del establecimiento.
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