Defensoría de Arica confirma que identidad de testigos protegidos no fue entregada a presuntos miembros del Tren de Aragua

Este viernes, la Defensoría Penal Pública (DPP) informó que devolvió de forma voluntario los antecedentes sobre las identidades de los testigos protegidos en el marco de la causa contra el clan Los Gallegos, célula del Tren de Aragua en la región de Arica.

Esto, tras la decisión de la Corte de Apelaciones de la ciudad que revirtió la decisión adoptada en primera instancia por el juez de garantía de Arica, Héctor Barraza, quien había resuelto que la defensa de los imputados accediera a la identidad de 57 testigos reservados, agentes encubiertos y víctimas protegidas que figuran en la acusación contra el brazo operativo del Tren de Aragua.

Sin embargo, pese a cumplir con lo dictado por el tribunal de alzada ariqueño, el defensor regional informó que se presentó un recurso de reposición, ya que desde el organismo consideran que la resolución dictada por los ministros de la corte “no se ajusta a derecho”.

“Los defensores penales públicos, sin perjuicio de la resolución dictada por un juez de garantía que ordenaba la devolución de la información sobre testigos protegidos -la cual a juicio de nosotros no se ajustaba a derecho y respecto de la cual ejercimos los recursos que correspondían- voluntariamente hicieron entrega de lo solicitado a la espera de que el tribunal competente, la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Arica, resuelva el asunto”, detalló el defensor regional Sergio Zenteno.

Del mismo modo, la autoridad regional de la DPP confirmó que la información sobre la identidad de los testigos se manejó “bajo estrictas medidas de confidencialidad” y que nunca fue entrada a terceros.

“Ese es el actuar que siempre han tenido -y van a seguir teniendo- nuestros defensores”, cerró el defensor público.

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero, acusó al juez de garantía de Arica, Héctor Barraza, de posibles incumplimientos de deberes funcionarios tras su cuestionada decisión en el marco de la acusación contra Los Gallegos.

Aunque finalmente la decisión de Barraza fue impugnada por la Corte de Apelaciones, el ministro Cordero confirmó que -por instrucción expresa del Presidente Gabriel Boric- el gobierno envió los antecedentes de la decisión del juez de garantía a la Corte Suprema, para que sea el máximo tribunal el que dirima posibles sanciones en contra del magistrado.

“La Constitución establece una facultad para el Presidente de la República de velar por la conducta ministerial de los jueces, es una atribución genérica. El Ministerio de Justicia, que de conformidad a la ley se vincula con el Poder Judicial, esta mañana por instrucción del Presidente hemos remitido a la Corte Suprema los antecedentes que disponemos sobre la decisión del juez”, confirmó Cordero.

Según el titular de Justicia, el envío de antecedentes a la Suprema se trata de una situación “muy excepcional” y aseguró que la resolución adoptada por Barraza constituyen “hechos graves que pueden comprometer esa conducta ministerial, de modo tal que el pleno de la Corte Suprema adopte las medidas que correspondan”.

El ministro de Justicia valoró la decisión de la Corte de Apelaciones, que ordenó al tribunal que instruya a la Defensoría Penal Pública (DPP) devolver los antecedentes de las identidades concedidas por el juzgado, dando garantías de que esa información no fue compartida con terceros.

En paralelo, el fiscal nacional, Ángel Valencia, ordenó la apertura de una investigación penal contra todos quienes resulten responsables por la posible divulgación de antecedentes que ponen en peligro a informantes e incluso agentes encubiertos de la policía que participaron de las diligencias.