La jornada de este miércoles 10 de abril el defensor nacional, Carlos Mora Jano, rindió cuenta pública de la gestión institucional durante 2023, instancia en que reveló -entre otros asuntos- que el número de causas judicializadas que se relacionan con jóvenes infractores de ley cayó un 63% en los últimos 10 años.
Y es que como detalló el profesional, la entidad que encabeza atiende y representa a más del 98% de los jóvenes imputados que ingresan al sistema penal, dado que son muy pocos los que pueden recurrir y costear los honorarios de un abogado particular.
Así, conforme a su exposición, “las cifras demuestran que se ha producido una disminución constante en el número de ingresos de causas de adolescentes desde 2013 hasta 2023″.
Del total anual de causas ingresadas en 2023, detalló el defensor nacional, 11.936 correspondieron a personas adolescentes, es decir, un 4,2% del total de atenciones. Y eso, comparado con lo que ocurría hace una década, es bastante menos.
“Si comparamos esta cifra a la registrada en 2013, año en que el número de jóvenes atendidos por nuestra institución alcanzó los 32.159, podemos decir -con certeza- que estamos frente a una disminución importante”, destacó más tarde Mora Jano en conversación con La Tercera.
En el mismo sentido, el defensor nacional explicó que si bien las autoridades del Ministerio Público han advertido que el número de casos ha tendido al alza durante los últimos 12 meses, “lo cierto es que las cifras de judicialización de las mismas siguen siendo bajas”, insistió.
Y agregó: “La Defensoría Penal Pública percibe esta tendencia como una oportunidad para la especialización y el enfoque en la defensa juvenil, buscando estrategias más efectivas para abordar las necesidades específicas de este grupo vulnerable”.
“Es cierto que se ha registrado cierto tipo de criminalidad más compleja a la que no estábamos acostumbrados y, también, adolescentes que requieren una intervención mucho más profunda y especializada en razón de sus complejidades psicosociales. Así, por ejemplo, hay una incidencia mayor de jóvenes migrantes, lo que significa un desafío –aún más grande- para dicha intervención”, manifestó el abogado.
De esta forma, destacó la importancia del nuevo Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, pues a su juicio -tal como lo destacó el Presidente Gabriel Boric-, “esta transformación en la institucionalidad permitirá romper el ciclo de pobreza y delito, al ofrecer formación en oficios certificados y nuevas oportunidades, poniendo énfasis en una firme persecución de los delitos pero también en la preocupación por el proceso de reinserción social”.
Por último, respecto a los delitos más comunes cometidos por menores de 18 años, Mora Jano reveló que las principales categorías registradas en 2023 fueron los robos, otros delitos contra la propiedad y las lesiones.
Personas sin condena
Durante la cuenta pública, Mora también informó de las personas que permanecieron en prisión preventiva durante el año pasado, criticando duramente la forma en que en ocasiones se utiliza esta medida cautelar, de cual -expuso- se ha “abusado”.
En las cifras entregadas por el defensor, durante el 2023 fueron 21.833 las personas privadas de libertad. De este total, según las estadísticas de la Defensoría, 8.245 fueron condenadas a una pena de cárcel, lo que corresponde al 37,8% del total de las personas que estuvieron en algún proceso judicial.
A raíz de aquello, Mora sostuvo: “¿Fue necesaria la aplicación de la medida más gravosa para el 62,2% restante?”. En esa línea, el máximo defensor apuntó que “lamentablemente, el uso y abuso de la aplicación de la prisión preventiva sigue en aumento y ha decantado en el hacinamiento carcelario y en la imposibilidad de las instituciones para poder abordar el fenómeno de la criminalidad”.
En medio de su exposición, el profesional informó sobre aquellas personas que estuvieron cumpliendo prisión preventiva y que después fueron declaradas inocentes o no condenadas, es decir, que fueron absueltos, sobreseídos o que no se perseveró en su causa. Relevó, en ese sentido, que 2.007 personas terminaron sus procesos judiciales sin ser declaradas culpables.
Desde la creación de la reforma procesal penal, esa cifra se eleva a casi 40 mil personas, razón por la cual la Defensoría creó el “Proyecto Inocentes” para dar cuenta de estas historias. Mora concluyó su presentación sosteniendo que “como Defensoría Penal Pública, continuaremos trabajando para velar por la presunción de inocencia y por el derecho que tiene cada persona a una defensa penal de calidad y una resolución justa”.
