Diputado Longton oficia a Fiscalía e INDH por “actuar negligente” en juicios contra funcionarios de las fuerzas de orden
La solicitud hacia ambas instituciones fue presentada por el parlamentario, a propósito de las duras críticas a la investigación de la Fiscalía del Biobío tras la absolución al infante de marina, Ricardo Seguel -acusado por el homicidio de un comunero mapuche- ocurrida esta semana.
Hacia el fiscal nacional y la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) están dirigidas dos solicitudes de oficio enviadas esta semana por el diputado Andrés Longton (RN), cuyo principal foco es la preocupación del parlamentario respecto al “actuar negligente” de ambos organismos en procesos judiciales contra funcionarios de las Fuerzas de Orden y Seguridad.
Los documentos enviados por el diputado manifiestan su inquietud en relación al rol del Ministerio Público y el INDH en varios casos de esta índole, en particular, tras la reciente absolución del infante de marina Ricardo Seguel, quien era acusado del homicidio del comunero mapuche, Yordan Llempi, ocurrido en 2021.
Tras aquella polémica resolución, el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Cañete criticó la investigación liderada por el fiscal Nelson Vigueras y apuntó que “la prueba rendida por el Ministerio Público y la acusadora particular resultó insuficiente para acreditar, más allá de toda duda razonable, los hechos objeto de sus acusaciones”.
En relación a ambas solicitudes, el diputado indicó que “vemos con preocupación que no es la primera vez que los jueces llaman la atención a la Fiscalía y al INDH. A la Fiscalía, por incumplir el principio de objetividad, al tener una idea preconcebida de los hechos, no considerar pruebas exculpatorias y pasar por alto el principio de inocencia”.
“Este caso afecta al Infante de Marina Seguel, quien fue a proteger a carabineros que estaban siendo asediados bajo fuego. Anteriormente, ya ocurrió con el cabo Zamora. Es decir, las instituciones encargadas de resguardar la vida de todos los chilenos no solo enfrentan el asedio de los delincuentes, sino también, en algunos casos como estos, el asedio de la Fiscalía, lo cual es inaceptable”, agregó.
De igual forma, hizo un llamado al Ministerio Público a corregir estas situaciones y al INDH a demostrar que están utilizando los recursos públicos de manera imparcial, “ya que, con un sesgo evidente contra las policías y las Fuerzas Armadas, se querella solo para realizar una performance mediática y luego se desentiende de los hechos”, sentenció el diputado.
Oficios al Ministerio Público y al INDH
Es en ese contexto que el parlamentario de Chile Vamos se dirigió en el documento de solicitud al fiscal nacional Ángel Valencia, para pedir “un apego irrestricto al principio de objetividad” en las investigaciones y acciones judiciales relacionadas a este tipo de funcionarios.
En el documento el diputado se refirió al caso de Ricardo Seguel y señaló que en ese fallo “se detallan una serie de actuaciones desprolijas por parte del ente persecutor, el que habría llevado a juicio una prueba insuficiente para imputar por hechos especialmente graves al funcionario”.
Así también la investigación de la Fiscalía “habría omitido deliberadamente incluir en los hechos a ser ponderados los enfrentamientos ocurridos entre civiles y agentes de orden, lo que culminó con la muerte de una persona. Esto, sin duda, es una trasgresión clara al principio de objetividad que debe regir la actuación del Ministerio Público”, detalla el escrito.
En esa misma línea, el oficio enviado al INDH tiene relación a casos judiciales, como el del infante de marina o el cabo Zamora, en los que el actuar del instituto fue considerado “insuficiente o irrelevante”.
De igual manera, el diputado criticó que las acciones judiciales relacionadas a este tipo de casos -en especial aquellos vinculados a hechos ocurridos durante el estallido social- tuvieron “un valor más bien performático antes que propiamente judicial”.
Asimismo, en relación a la resolución del Tribunal de Cañete respecto al caso del infante Seguel, Longton sostuvo que aquel órgano “criticó seriamente la intervención de este Instituto como querellante, afirmando que no tuvo participación alguna en la instancia de juicio, que no interrogó a los testigos y no aportó prueba relevante para comprobar la calificación jurídica que sostenía de los hechos”.
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