Disponer de militares para resguardar el orden público: las dos ocasiones en que el Ejército ha manifestado sus reparos ante esta posibilidad

A tres semanas de Fiestas Patrias, han resurgido las solicitudes al Ejecutivo para disponer de contingentes militares con el fin de resguardar el orden público, ante la última ola de violencia que azotó a país, principalmente a la Región Metropolitana, que dejó cerca de una veintena de fallecidos.

Uno de los requirentes en ese contexto ha sido el gobernador de la RM, Claudio Orrego, quien este año ha pedido disponer del Ejército en tres ocasiones. La primera fue en marzo, donde adhirió a la petición del alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, ante hechos delictuales ocurridos en tomas de terreno.

La segunda fue en mayo, donde pidió a los militares colaborar con las policías, tras conocer las cifras entregadas por el gobierno en el Informe Nacional de Víctimas de Homicidios Consumados en Chile 2023. Y la tercera fue hace tres días, luego del asesinato de un funcionario de Carabineros, en el exterior del Teatro Caupolicán, tras lo cual expresó “yo creo que llegó el momento de también pedirle ayuda a las Fuerzas Armadas para este momento crítico en Santiago”.

La misma solicitud fue replicada en marzo por los alcaldes Felipe Muñoz H. (PS) de Padre Hurtado; Rodolfo Carter (Independiente, ex UDI) de La Florida; Emilia Ríos (FA) de Ñuñoa; Carolina Leitao (DC) de Peñalolén; Germán Codina (RN) de Puente Alto; Cristóbal Lira (UDI) de Lo Barnechea; Felipe Muñoz V. (Ind.) de Estación Central, e incluso por Gonzalo Durán (FA) jefe comunal de Independencia, actual delegado presidencial de la RM.

En torno al despliegue de militares con el fin de fortalecer las labores policiales, la ministra del Interior, Carolina Tohá, remarcó este domingo que el gobierno “siempre ha estado disponible a evaluar esa posibilidad”, admitiendo que “nunca hemos visto como algo negativo pensar en las Fuerzas Armadas como un recurso que puede apoyar la estrategia de seguridad”.

Pese a ello, aclaró que esta idea sólo se puede concretar con la declaración del Estado de Emergencia, y que “cada vez que uno se sienta a analizar esto con los actores que públicamente lo dicen (…) nadie se termina de convencer que eso va a ser el instrumento que haga la diferencia”.

La propuesta de que las FF.AA. asuman el mando de la estrategia de seguridad -que rige actualmente en la frontera norte del país y en la Macrozona Sur-, ha renacido cada vez que hay una seguidilla de delitos violentos.

No obstante, durante el gobierno del Presidente Gabriel Boric, la institución castrense ha manifestado sus reparos a esta posibilidad en dos ocasiones.

La primera vez fue en palabras del mismo comandante en jefe del Ejército, general Javier Iturriaga, quien el miércoles 18 de enero de 2023 participó en la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados, donde se abordó el proyecto de reforma constitucional que busca que las Fuerzas Armadas puedan resguardar infraestructura crítica.

En esa ocasión, la máxima autoridad del Ejército advirtió que este tipo de labores que se les busca asignar, incluido el resguardo de fronteras, “desvirtúan” su tarea principal, que es el resguardo del territorio nacional.

“Son tareas que finalmente van a afectar nuestra operacionalidad, porque son las mismas tropas que están equipadas y entrenadas para otras tareas que tienen que derivar esta función principal hacia otros problemas que tienen hoy el país”, argumentó.

Las palabras de Iturriaga fueron respaldadas en la misma instancia por el comandante en jefe de la Fuerza Aérea de Chile (FACh), Hugo Rodríguez, quien indicó: “Quisiera hacer eco de las palabras del señor comandante en jefe del Ejército, que es la institución prevalente de la Defensa por la magnitud que tiene la institución. Y en tal sentido, todo lo expresado en eso, la FACh hace eco de lo mismo y está en plena concordancia por ya haber discutido esa materia en esa relación”.

A más de un año de esas declaraciones, la premisa se rememoró luego de que el Presidente Boric convocara al Consejo Nacional de Seguridad (Cosena), el 5 de febrero de este año, a raíz de una nueva crisis de seguridad percibida en ese momento, por el aumento de los delitos violentos evidenciados tanto en la capital como también en regiones, siendo uno de esos casos el doble homicidio de los agricultores Francisco Mora y Raúl Cid en la comuna de Malloa, Región de O’Higgins.

Pocos días después de la reunión, celebrada en el Palacio de La Moneda, se dio a conocer el acta, en la cual se plasmaron las visiones donde las Fuerzas Armadas expusieron sus reparos y falencias ante un posible despliegue para el control del orden público, manifestando el mismo general Iturriaga que “son tareas en las que hay que interactuar con la población, para lo que (las FF.AA.) carecen de entrenamiento, educación o equipamiento adecuado”.

Las razones que motivaron a que el comandante en jefe del Ejército a mostrarse contrario a esta disposición –según dijo- “no dicen relación de modo alguno con el amor que éstas profesan a la Patria, sino que se debe a dudas razonables sobre la estructura de mando en esas tareas”.

Pese a ello, se mostró “disponible para colaborar siempre que, durante dicho proceso de transición, haya claridad legal sobre deberes y roles”.

La opinión fue también compartida por la máxima autoridad de la FACh, que afirmó que tras estudiar el proyecto de infraestructura crítica, identificó que habría “definiciones pendientes” en torno a “qué involucra la protección de la infraestructura crítica”, manifestándole al Presidente Boric que “le preocupa que se defina claramente ‘el objetivo de ingreso’ y ‘efecto operacional’ buscado con la intervención de las FF.AA.”.