Dorothy Pérez en comisión investigadora por líos de platas: “Necesitamos más recursos”

La contralora subrogante Dorothy Pérez expuso la mañana de este martes ante la segunda Comisión Especial Investigadora (CEI) de la Cámara de Diputados que indaga los recursos transferidos a entidades privadas por organismos del Estado a partir de convenios.

Pérez había asistido a mediados de abril a dar cuenta de fiscalizaciones de Contraloría a convenios de fundaciones con los ministerios de Desarrollo Social y de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.

Este martes, la jefa (s) del organismo detalló transferencias desde los gobiernos regionales.

A modo general, Pérez expuso que se observó debilidades en la “trazabilidad de los proyectos a los cuales se les asignaron recursos de manera directa”.

Esto, por la ausencia de un sistema informático para administrar todos los proyectos.

La contralora subrogante advirtió una “falta de capacidad en términos de recursos de administración y gestión interna”.

“Cuando los gobiernos regionales se constituyeron, no existía la robustez para administrar todos estos proyectos. Es algo que los mismos gobiernos regionales han señalado en las distintas reuniones que han sostenido con nosotros y que hemos visto en nuestras fiscalizaciones”, expuso.

En su detalle, la autoridad señaló que se constató en algunos convenios la omisión de cláusulas sobre la obligación de la entidad ejecutora de reintegrar los recursos que hubieran sido transferidos en caso de que no hubieran sido utilizados, no hubieran sido rendidos u hubieran sido objetados.

“Esa es una cláusula que debe estar siempre para el recuerdo de los fondos públicos. También se observó la falta de mecanismos objetivos para asignar un puntaje de evaluación en esta asignación directa que se hacía. También había puntajes de evaluación y no estaban los elementos objetivos para hacer esa determinación. Y se determinaron debilidades en el proceso de control de estas rendiciones de cuenta”, explicó.

La autoridad fue cauta para responder ante la consulta del diputado Rubén Oyarzo, presidente de la comisión, respecto a la constatación de algún tipo de “modus operandi” de Procultura, fundación con convenios con problemas en varias regiones.

“Es importante hacer presente una distinción respecto del tipo de trabajo y fiscalización que realiza la Contraloría versus el tipo de trabajo y las competencias que tiene el Ministerio Público. En la Contraloría nosotros, y en esta presentación de 31 láminas, estamos mostrando todas las observaciones que hemos detectado en una serie de fiscalizaciones que hemos realizado, y efectivamente hay instituciones que se repiten”, indicó.

“También hay algunas situaciones, errores en algunos casos y en otros casos irregularidades que se repiten, por ejemplo, la asignación directa, por ejemplo, la falta de cauciones o garantías. Sin embargo, la Contraloría, de acuerdo al trabajo que realiza, no efectúa investigación penal para poder determinar si hay un ánimo, no efectúa investigación penal para poder determinar si hay un ánimo de efectuar una maquinación. Entonces, no nos compete a nosotros opinar en ese punto. Pero cuando vemos situaciones que sean de competencia del Ministerio Público, lo hemos enviado para que ellos hagan la investigación. Y ellos, conforme a sus procedimientos, tendrán que determinar si esto sucede o no”, puntualizó.

Por otro lado, Pérez reiteró su evaluación sobre la falta de personal en la Contraloría.

“Estamos en todo el país y hacemos un tremendo esfuerzo, pero la cantidad de personas que nosotros tenemos para la labor de fiscalización es muy menor, comparativamente hablando con otros países. Para la magnitud de los recursos que se transfieren es muy menor. El Ministerio de Hacienda ha hecho algunos esfuerzos en términos de dotarnos de mayores recursos, fundamentalmente en los temas tecnológicos. Pero en términos de dotación de personal para acudir a ver la multiplicidad de proyectos de la manera en que se ejecutan los fondos en nuestro país, principalmente vía transferencias, es muy baja la dotación”, apuntó.

Respecto a lo limitado de los recursos con que operan, como ejemplo, mencionó la plataforma en la que se rinden los dineros y la necesidad de almacenar la documentación respectiva. En esa línea, comentó que ante la “explosión de transferencias” de recursos que tienen que rendirse, incorporando cada cumplimiento de cada hito de cada proyecto eso requiere una capacidad de almacenamiento.

“Uno lo cotiza y vale 400 millones de pesos. ¿Los tenemos? No. Tenemos que ir a pedir nuevamente a Hacienda. Entonces, nosotros podemos aumentar nuestra capacidad de fiscalización por la vía de la transparencia, poniendo a disposición de la ciudadanía todos estos datos para que cualquier persona pueda tener acceso a la información, que la gente pueda ir revisando las rendiciones, pero ahí necesitamos fondos para ese almacenamiento”, señaló.

La contralora manifestó que es “un contrasentido” que la Contraloría deba solicitar a un ente fiscalizado, como el Ministerio de Hacienda, los recursos para poder mejorar su fiscalización.

“En otros países es un porcentaje del presupuesto nacional, y en Chile también así lo era hasta cierta época, que va aumentando a medida que el Presupuesto de la Nación aumenta, aumenta de la misma manera en proporción. Y eso permite, entonces, que si hay muchos proyectos y muchas líneas que van aumentando, la Contraloría aumenta en proporción para fiscalizar esas líneas. ¿Qué es lo que necesitamos, entonces, en estricto rigor? Necesitamos más recursos. Ahora, la determinación de esto, como en todos los casos, le corresponde a los poderes colegisladores. Y nosotros en eso somos respetuosos en señalar el punto, pero esperar cuáles son las soluciones y las determinaciones que tomen los gobiernos”, dijo.