El tira y afloja por mantener en prisión a condenado por incendio en Metro Pedrero: Corte revoca su libertad y despachan orden de detención por tercera vez en el caso

“Despache orden de detención respecto del adolescente, la que deberá ser diligenciada por ambas policías”. Es la tercera orden de detención -emanada el miércoles- que un tribunal de justicia despacha una orden de detención sobre Benjamín Salazar Morales, joven de 18 años, pero que fue detenido cuando tenía 16 años, por el delito de incendio en la estación Pedrero, durante la noche del 18 de octubre de 2019.

Su caso es una de las causas “emblema” por los presos del estallido social, pues su extensa permanencia en prisión preventiva es una de las banderas de lucha de las agrupaciones que abogan por el indulto o amnistía para estos imputados y que será, sin duda, uno de los temas que marquen la primera parte del gobierno entrante.

Pero, más allá del tema de fondo, las nuevas autoridades tendrán que decidir qué hacer con el caso de Salazar Morales ¿Por qué? Le pesa una nueva orden de detención que, quizás, se ejecute con la administración del Presidente Gabriel Boric ya en La Moneda, cuando una de las promesas de campaña fue el retiro de las querellas por Ley de Seguridad del Estado, situación que se da en esta causa.

Este escenario se abre luego de un eterno tira y afloja que el Ministerio Público ha mantenido con los tribunales de justicia por la necesidad de cautela del joven, quien el 20 de mayo del 2021 fue condenado por el Séptimo Tribunal de Juicio Oral en Lo Penal de Santiago como autor del delito de incendio, a la pena de 2 años de internación en régimen cerrado, más 3 años y un día de régimen semicerrado con programa de reinserción social, abonando a dicha sentencia 362 días de internación provisoria (poco más de un año).

De esta resolución la defensa -representada por el abogado Rodrigo Román- recurrió de nulidad ante la la Corte Suprema, la cual, luego de la vista de la causa, determinó rechazar el referido recurso, el 25 de noviembre del año pasado, en una audiencia donde el condenado no se presentó, despachándose así una orden de detención en su contra.

Así la policía comenzó su búsqueda para ponerlo a disposiciones de los tribunales. Según un informe de la PDI, los detectives concurrieron a su casa, en la comuna de La Granja, donde no estaba, y su madre les comunicó que “vivía en ese domicilio, sin embargo, desde hace dos semanas no ha vuelto al hogar, no teniendo concomiendo de su actual paradero”. Seis días después fue detenido en el sector sur de la capital.

El 22 de diciembre, entonces, Salazar ingresó a cumplir su condena a un Centro de Internación Provisoria y de Régimen Cerrado del Sename, en Tiltil. El 28 de ese mes, sin embargo, una audiencia que sería para pedir su traslado a otro centro, terminó en lo “impensado” para el Ministerio Público: el delegado a cargo del recinto, según resumió el tribunal en su resolución, “expuso pormenorizadamente respecto de la situación particular del adolescente y las perspectivas de reinserción social que se vislumbran de permanecer en la internación en régimen cerrado versus aquellas que podrían significar más avances como es la internación en régimen semicerrado, entendiendo que se ha agotado la posibilidad de intervención y que existe peligro de contagio criminógeno en la medida de que éste permanezca en el Centro de Reinserción Social de la comuna de Tiltil”.

Atendido este alegato, el tribunal oral ordenó -por segunda vez- la libertad del joven condenado para que pudiera cumplir su sentencia en un régimen no cerrado, es decir, fuera de la cárcel o un centro Sename.

Pero la Fiscalía quería jugarse una última carta y lograr que Salazar cumpliera su pena en un recinto cerrado. El 5 de enero de este año, apeló a la resolución, en la Corte de Apelaciones de Santiago, donde el fiscal Omar Mérida alegó que “el Ministerio Público estima que la resolución del señor juez de Garantía no se ajusta a derecho, en cuanto a que no resulta posible que, apenas a seis días de iniciado el cumplimiento de la sanción de régimen cerrado, se pretenda que es procedente otorgar una sustitución, so pretexto de manifestarse por Sename un cumplimiento satisfactorio que la hace procedente”.

Para Mérida, Salazar debía “someterse al plan regular que asiste a todos los demás sentenciados para que pueda ser objetivamente apreciada su conducta actual dentro del régimen cerrado, evaluados, extendidos y proyectados los objetivos del plan de reinserción y demás objetivos de la sentencia, antes de pedir la sustitución que la defensa pretende obtener en un plazo inferior a una semana de permanencia del sentenciado en el centro”.

¿Qué decía el informe del Sename? Entre algunas de las observaciones que hizo el organismo sobre el condenado, se indica que este “señala inicio de conductas transgresoras alrededor de los 12 años de edad, involucrándose en delitos menores, los cuales no se encuentran judicializados, siendo esta la primera condena”, y que la “motivación para la comisión de ilícitos se encontraría dada por el sentido de responsabilidad de aportar económicamente a su hogar. Asume rol parentalizado luego de separación de sus padres”.

El Servicio propone una intervención integral a la base familiar del menor, entregando apoyo a este núcleo para lograr el cumplimiento de la sanción. Entre las “fortalezas” que se identifican se expone que “presenta motivación al cambio, visualiza proyecto de vida orientado al desistimiento”, “en entrevista muestra capacidad de reflexión, visualiza consecuencia del delito, identificando costos personales y familiares frente a ello” y “muestra motivación a insertarse y finalizar enseñanza media durante el año 2022″.

Hasta el cierre de esta edición, el joven aún no era detenido por las policías, desconociéndose, por ahora, su paradero.