El “tour” judicial de un sospechoso de Covid-19 que indignó a la fiscalía

La Región de Ñuble es una de las cuatro zonas del país con más personas contagiadas por el coronavirus. Hasta ahora van 259 casos positivos conocidos, donde Chillán, su capital, concentra más del 57 % de los infectados por esta pandemia.

Las autoridades locales y nacionales tienen la información de las personas contagiadas, por eso, una audiencia de formalización que se realizó el miércoles 25 de marzo, en Chillán, dejó a abogados y funcionarios del Ministerio Público de la zona, más que preocupados.

Esta es la historia: Daniel Orlando Moraga Baeza (28) fue detenido el 24 de marzo, a las 8.30 de la mañana, en la vía pública por el robo desde el patio de una casa, en Chillán, en compañía de Óscar Llanos González (31).

Ambos fueron aprehendido por Carabineros y puestos a disposición de la fiscalía para que determinara los pasos a seguir: Sin embargo, cuando el imputado Moraga Baeza aún estaba en la comisaría detenido, dijo tener síntomas de estar contagiado por el coronavirus.

Inmediatamente se activó todo un plan por parte de la policía, en coordinación con el Ministerio Público, para que el imputado recibiera la atención necesaria y se descartaran presuntos nuevos contagios. Y se trasladó al sospechoso hasta el Hospital Herminda Martín de Chillán, donde se le hicieron algunos exámenes.

Según el parte de Carabineros, ya en el establecimiento médico "le realizaron el test de coronavirus, activándose los protocolos mencionados del Ministerio de Salud, donde el medico de turno le diagnosticó ‘aislamiento, infección viral, no especificada’”. En el acta médica se le ordena entrar en cuarentena, a partir de esa fecha, por 14 días, y extremar medidas de higiene.

Pero a diferencia de lo que señaló el médico, el “tour" del detenido y sospechoso de estar contagiado por el virus no terminó ahí. Daniel Moraga continuó desplazándose por Ñuble, región que está en cuarentena total desde el domingo.

Luego de estar en el hospital, el imputado debió volver a la comisaría a la espera de lo que dispusiera el Ministerio Público y el Juzgado de Garantía de Chillán.

El fiscal de turno, Rolando Canahuate, envió ese mismo día, a las 23.29 de la noche, un correo al Poder Judicial: “Informo que el día de hoy siendo las 19:04 horas, a solicitud del suscrito, el Magistrado Edgardo Pinto del Tribunal de Garantía de Chillán, autorizó el traslado de los detenidos Daniel Orlando Moraga Baeza y Oscar Andrés Llanos González, desde dependencias de la Subcomisaría Huambalí hasta Gendarmería de Chile, atendido que el imputado Moraga Baeza era sospechoso de presentar sintomatología de Covid-19, previa certificación del Hospital Local de Chillán, y el imputado Llanos González por haber permanecido juntos al anterior durante varias horas. Lo anterior se determinó atendido que Gendarmería contaba con instalaciones adecuadas para recibir a imputados con las características antes señaladas”, dice el correo del fiscal al Poder Judicial.

Pero, agrega el fiscal, que “siendo las 20:24 horas de este mismo día (24 de marzo) se comunica con el suscrito el magistrado Edgardo Pinto, informando que se dejaba sin efecto el traslado atendido que en comunicación telefónica con la señora seremi de Justicia (Jaqueline Guiñez), ésta le informó que Gendarmería no tenía habilitada dependencias para recibir detenidos con esas características sanitarias, señalando que el Hospital de Chillán sí contaba con instalaciones para recibirlos, por lo anterior el magistrado determinó finalmente que los imputados fueran trasladados a dependencias del Hospital de Chillán bajo custodia de Carabineros, a la espera de la audiencia de control de detención”.

En resumen, el sospechoso de tener coronavirus primero estuvo en la subcomisaría de Carabineros, luego fue al hospital, de nuevo a la unidad policial, después a Gendarmería y finalmente otra vez al hospital. Y, le quedaba una parada más.

Finalmente, el 25 de marzo, el magistrado Manuel Vilchez, dispuso que la audiencia de control de detención se realizara con el imputado en el Juzgado de Garantía, pasadas las 12.00 del día.

La formalización presencial desató la molestia del Ministerio Público, a pesar de que la audiencia se hizo con intervinientes con mascarillas, guantes, y con distancias entre cada uno de 4 y 5 metros, aseguró uno de los presentes.

La incomodidad de hacer la audiencia presencial para la fiscalía radicaba en que se expuso a todos los presentes a posibles contagios, tomando en cuenta la realidad de la región, y a daños de salud más severos para el imputado, quien debía estar en cuarentena.

Por esto, la fiscal regional de Ñuble, Nayalet Mancilla, presentó un recurso de queja contra el juez Vilchez, ante la Corte de Apelaciones de Chillán. El tribunal del alzada acogió la presentación y pidió un informe al magistrado, con un plazo de cinco días para que presente sus descargos.

Desde el Poder Judicial explicaron que el magistrado sostiene que la audiencia se realizó, pues no funcionó la red de banda ancha para hacer la audiencia por video conferencia. De todas maneras, explicaron, todas sus argumentaciones serán vertidas en el informe.

En tanto, la defensora, Viviana Castel, sostuvo que “la persona detenida fue examinada para determinar si estaba contagiada con Covid-19 o no, y dados los primeros resultados, tenía que estar en cuarentena. De todas maneras, para nosotros era importante que se hiciera el control y así resguardar los derechos de nuestro representado. Él quedó con la medida cautelar de arresto domiciliario”.

Pero esta no sería la única vía por la que la fiscalía busca determinar responsabilidades del juez que autorizó la audiencia. Se está a la espera del examen PCR de coronavirus para que, en caso de que el sospechoso dé positivo, eventualmente, se indague penalmente al magistrado, por poner en riesgo la salud pública.

¿Y qué se robó el imputado? Un cilindro de gas.