En dictadura, el estallido social y cárceles: experta de la ONU emite informe sobre tortura y trato cruel en Chile

“Chile tiene un delito robusto de tortura”.

Esa es una de las conclusiones que sacó de su estadía en Chile la relatora especial de Naciones Unidas sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, Alice Jill Edwards, quien este jueves presentó sus observaciones preliminares tras el término de su misión en el país. Su visita coincidió con los 50 años del Golpe de Estado y el cuarto aniversario del estallido social de 2019.

Durante su estadía, la relatora especial de la ONU se reunió con autoridades y otras contrapartes a nivel nacional y regional. También sostuvo conversaciones con representantes de órganos de investigación y seguimiento, organizaciones de la sociedad civil, abogados, víctimas y sus familias.

Según detalló en su presentación, dirigida a los medios de comunicación, en su paso por Chile pudo visitar ciudades de la regiones Metropolitana, Valparaíso, Araucanía y Tarapacá. En ellas estuvo en cinco cárceles, cinco comisarías de Carabineros, dos celdas en cuarteles de la Policía de Investigaciones, dos hospitales psiquiátricos, dos centros de detención juvenil, dos residencias, un hospital y los Servicios Médico Legal (SML) de Santiago y Temuco.

La visita tuvo por objeto evaluar los avances que ha hecho Chile en el cumplimiento de sus obligaciones internacionales de prohibición y prevención de la tortura. Además de hacer recomendaciones sobre los retos a los que se enfrenta el gobierno, entre ellos proporcionar recursos legales y rehabilitación a las víctimas y sobrevivientes de causas de derechos humanos.

La experta explicó que una de sus tareas fue examinar los esfuerzos realizados para reformar las operaciones de control de multitudes y las armas utilizadas por Carabineros, en respuesta a manifestaciones y disturbios, esto luego de los eventos de 2019.

“Miles de personas tuvieron que buscar tratamiento de emergencia como resultado de la excesiva respuesta policial. Esto incluyó a alrededor de 350 personas que sufrieron lesiones oculares graves y en algunos casos ceguera. Los alegatos de violencia sexual, apremios ilegítimos y tortura siguen en investigación”, dijo.

“Aunque se han producido algunos avances, aún es necesario implementar más reformas”, indicó Alice Edwards en su intervención y en un comunicado posterior. “La munición de doce tiros se sustituyó por la de tres, pero pido al gobierno que vaya aún más lejos para garantizar que los agentes del orden únicamente utilicen armas de un solo tiro. También deben retirarse los perdigones u otras balas de goma con plomo”, afirmó.

La relatora especial advirtió que la munición y los lanzadores que contienen proyectiles múltiples no son seguros. Son inadecuados, atacan objetivos de forma indiscriminada y arbitraria, y suponen un riesgo significativo para los transeúntes, señaló la abogada.

Jill Edwards afirmó que los diecisiete años de la dictadura encabezada por Augusto Pinochet se caracterizaron por la tortura, las desapariciones forzadas y las ejecuciones fuera de procesos legales, con un desprecio por el estado de derecho, por la vida y la dignidad de los seres humanos.

A pesar que elogió a Chile por los avances en materia de derechos humanos desde el término del régimen dictatorial, la experta advirtió que la dictadura “está muy arraigada, no solo en las familias (afectadas), sino en la sociedad en general, y posiblemente lo estará en las generaciones futuras”.

“La sombra de la tortura aún sobrevuela el país y ha dejado profundas huellas en los cuerpos y las mentes de los chilenos, aunque muchos no tengan memoria viva de ella”, dijo Edwards. “Los efectos de la tortura a una escala tan amplia los sienten sus víctimas directas y sus familiares y también la sociedad en su conjunto”. añadió.

En ese sentido, apuntó que “aunque se reconocen los numerosos procesos que se han puesto en marcha para hacer frente a la tortura, la lentitud de la justicia puede resultar agobiante para los sobrevivientes de la tortura”.

“He observado que una pequeña parte de los acusados han sido procesados y aún menos condenados”, declaró Edwards. “Se deben investigar todos los actos de tortura y malos tratos, tanto pasados como presentes, y deben tomarse medidas para evitar que se repitan”, recalcó.

La experta australiana también evaluó las condiciones y el trato a las personas privadas de libertad en diversos lugares, como cárceles, instituciones psiquiátricas, celdas de los juzgados, comisarías (Carabineros de Chile y Policía de Investigaciones) y centros de justicia juvenil.

“En cuanto a lo más problemático, había hacinamiento en las cárceles. Me dijeron que la población penitenciaria subió un 26% en los últimos 16 meses, esa tormenta perfecta, si se le quiere llamar así, lleva a tratamientos inhumanos y degradantes”, aseguró.

Otro punto crítico que observó Jill Edwards fue la “sobremedicación de los internos, incluidos los internos juveniles”, afirmando que “los medicamentos son utilizados como una forma de control, en vez de ser usados por los motivos médicos necesarios”. “Se usan psicotrópicos fuertes”, enfatizó.

Asimismo, dijo que espera que sus observaciones preliminares se tengan en cuenta durante la revisión del Reglamento Penitenciario por parte del gobierno.

En sus conclusiones finales, la experta de Naciones Unidas dijo que “diversos sectores han emprendido numerosas e importantes reformas jurídicas e institucionales para inculcar una cultura de derechos humanos en todo el país y dentro de las instituciones” y felicitó al Estado de Chile “por la arquitectura de derechos humanos que ha construido, aunque se necesitan más ajustes”.

Los esfuerzos de Chile “han aumentado significativamente las normas de conducta profesional” y han reducido “el uso de la tortura y otras formas de malos tratos”, afirmó.

La relatora especial presentará un informe sobre su visita ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.