En visita a Iquique: ministra de Justicia anuncia proyecto para reponer expulsión de extranjeros condenados por ley de drogas

En el marco de una visita a Iquique, la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Ríos, acompañada por el subsecretario de la cartera, Jaime Gajardo, y el delegado presidencial de la Región de Tarapacá, Daniel Quinteros Rojas, anunció este lunes la presentación de una modificación legal que busca reponer la expulsión de extranjeros condenados por ley de drogas.

Esto, en base a datos que señalan que la población migrante recluida se ha incrementado y se concentra en el norte del país, señalan desde la cartera. De acuerdo a datos de Gendarmería, creció desde 3,7% en en 2013 a 10,3% hasta abril del presente año (4.298 personas extranjeras).

La iniciativa de expulsión exige cumplir ciertos requisitos para que se concrete como una pena sustitutiva. Se establece que la condena no puede ser superior a 5 años y 1 día; que la persona no registre otras condenas, haber cumplido un tercio de la pena originalmente impuesta de manera efectiva y tener buen comportamiento.

“Esto es un paso clave, nosotros estuvimos en esta misma región hace un mes, y tal como lo comprometimos, regresamos con propuestas y evidencia en mano para hacernos cargo de una de las mayores preocupaciones de la ciudadanía, tal como nos lo han hecho saber. Respecto de la modificación, quienes hagan uso de la pena sustitutiva, se les va a imponer además, una prohibición de volver al país por 10 años, y en el caso que se les encontrara de regreso, tendrán que cumplir la pena efectiva en un recinto penal”, detalló la secretaria de Estado.

Por su parte, el subsecretario Gajardo afirmó que “esta es una medida esencial” para el sistema penitenciario, considerado “clave para la seguridad pública”.

“Que tengamos un sistema penitenciario que nos permita tener condiciones necesarias para que se pueda realizar la reinserción social es fundamental”, sostuvo.

Antes de prohibirse la expulsión para Ley 20.000, mediante la promulgación de la Ley 21.325 de Migración y Extranjería, la mayoría de las órdenes judiciales de expulsión eran en casos de delitos contemplados en la normativa antidrogas.

De las expulsiones decretadas hasta 2019, la gran mayoría proviene de algún delito de ley de drogas, alcanzando aproximadamente el 90% de todas las expulsiones realizadas en el periodo 2012-2022.