Encuesta: 56% de los chilenos cree que el sistema judicial va a mejorar con la nueva Constitución

La Defensoría Penal Pública y Cadem realizaron una encuesta con el objetivo de identificar el conocimiento, y la percepción, que tienen los chilenos sobre los Derechos Humanos en el ámbito penal. En esa línea, uno de los puntos consultados fue cómo ven los chilenos que será el sistema judicial en la nueva Constitución.

“Imagen y Posicionamiento de la Defensoría Penal Pública” fue realizado consultando a 1.220 personas entre el 27 de noviembre al 11 de diciembre de 2020. Según se informó, se consideró a mayores de 18 años, de todos los niveles socioeconómicos y de todas las regiones del país. Además, el estudio tiene un margen de error del 2,8%.

En cuanto a la nueva Carta Magna, un 56% de los consultados cree que la situación del sistema de justicia mejorará con ella, La percepción es “especialmente alta entre las personas de entre 18 y 34 años; de estratos sociales medios altos y que viven en regiones del norte del país”, informó la Defensoría.

En ese sentido, sobre el nivel de importancia de los derechos humanos en ciertos hitos, el 75% de los chilenos cree que los derechos humanos serán importantes con una nueva Constitución. Esto, superando la percepción de importancia respecto de otros hitos recientes, como el estallido social (65%) y la pandemia (59%).

Por otro lado, a 20 años de la implementación de la Reforma Procesal Penal, un 68% de los chilenos dice conocer “poco o nada” los derechos que le asisten en el actual sistema de justicia. “En este desconocimiento, las personas de entre 18 y 34 años aparecen como quienes dicen conocer menos sus garantías fundamentales (74%), junto a quienes provienen de los estratos socioeconómicos más bajos (71%) y de las regiones del sur de Chile (73%)”, se señaló.

Asimismo, sobre las garantías de las personas en el sistema penal, donde los consultados dicen que “ha oído hablar” o “conoce”, un 92% de los chilenos señaló reconocer el derecho a contar con un abogado si es acusado de cometer un delito; el 72% de las personas reconoce el derecho a no sufrir malos tratos o torturas y un 66% ha escuchado el derecho a la presunción de inocencia.

En tanto, un 35% de la ciudadanía cree que el sistema penal chileno respeta y garantiza los derechos humanos de las personas; percepción especialmente mayor entre las personas de estratos socioeconómicos altos (46%).

Por otro lado, al ser consultados si están de acuerdo con que la Defensoría Penal Pública sea autónoma, al igual que las otras instituciones del sistema de justicia penal, un 76% de los chilenos dijo apoyar esta moción.

Otro de los ejes consultados fue la educación de los chilenos en el ámbito de los derechos humanos. Es así como se puede concluir que si bien hay un 58% de los consultados que dice conocer los derechos humanos; estas mismas personas perciben que sólo un 41% del resto de la ciudadanía es capaz de reconocerlos.

Los encuestados percibieron a los pueblos originarios (27%), las minorías sexuales (28%), los adultos mayores (32%) y las mujeres (35%) como los grupos a los que menos se les garantizan los derechos humanos. Al otro extremo, los hombres (52%) y los migrantes y extranjeros (39%) aparecen como quienes son más respetados en sus garantías fundamentales.

Al ser consultados respecto del nivel de acuerdo con distintas aseveraciones en este ámbito, un 81% cree que hoy las personas conocen más sus derechos que hace 10 años; un 56% piensa que los derechos no se respetan porque no se conocen, y un 49% de la ciudadanía percibe que la información y educación que hay sobre el tema “es deficiente”.

Por otro lado, la encuesta también aborda la situación de las personas privadas de libertad, consultando a la ciudadanía sobre la percepción que tienen de la vida que llevan los presos en las cárceles.

En este contexto, un 75% de los chilenos cree que en las cárceles hay hacinamiento, un 53% de las personas creen que los internos cuentan con agua potable, un 34% piensa que los presos tienen una cama y reciben una alimentación adecuada y un 28% cree que existen tratamientos médicos para los internos con adicciones de droga y/o alcohol.

Además, un 88% de los chilenos está de acuerdo en que los presos tienen derecho a recibir atención médica; un 84% piensa que el Estado debe ayudarlos en su reinserción laboral, una vez cumplida la condena; y un 81% de la ciudadanía cree que los detenidos en cuarteles policiales tienen derecho a contar con un abogado defensor.

En el caso de las mujeres privadas de libertad, embarazadas o con hijos menores de dos años, un 57% cree que deberían cumplir su condena en sus hogares. Además, el 49% apoya la idea del indulto para una persona que está condenada y con una enfermedad grave o terminal.

Finalmente, el estudio aborda los aspectos que el ciudadano percibe como “falencias” y puntos para mejorar en el actual sistema de justicia penal.

Frente a un listado de aseveraciones, un 52% de la ciudadanía está de acuerdo con que los juicios y condenas dependen del nivel socioeconómico o el origen de la persona. Esta aseveración fue mayoritariamente apoyada por las personas de entre 18 y 34 años (61%) y por los consultados de grupos socioeconómicos alto (59%) y medio alto (63%).

Por otro lado, un 45% opina que las penas y las condenas son muy bajas. Este aspecto fue rotulado como “falencia”, especialmente por las mujeres (49%), las personas de 55 o más años (50%) y de las clases más altas (50%) y también las menos acomodadas de la sociedad (49%).