En la instancia, en la que también participó la embajadora de Canadá en Chile, la experta dio cuenta al titular de Desarrollo Social de procesos exitosos de Consulta Indígena llevados adelante en otros países, y de la importancia de implementar políticas, programas y prácticas transparentes.

Jay Hartling, que durante su estadía en Chile también se ha reunido con empresarios para que así puedan mejorar sus procesos de relación con los pueblos originarios, busca promover la agrupación de las comunidades, la generación de protocolos de consulta, crear acuerdos de participación e involucrar a los pueblos en el monitoreo ambiental.

En ese sentido, considera que a Chile "le falta experiencia" y que prácticamente "es un bebé en tema de Consulta Indígena", pero destaca que existe la infraestructura institucional necesaria para implementar consultas eficaces que tiendan a mejorar la relación entre las empresas (públicas y privadas) y las comunidades.

"La solución es el diálogo, pero en Chile ahora debe existir una buen descanso. Se requiere un buen descanso y una reflexión, para así después reconstruir la relación a través del diálogo", aseguró Hartling en conversación con La Tercera.

Su sensación, como relató, es que desde el Ministerio de Desarrollo Social- entidad que asesora a diferentes entidades en materia de Consulta Indígena- "están dispuestos al diálogo y hay un compromiso de regresar a una mesa de trabajo cuando las condiciones sean las adecuadas".

"Para eso se requiere experiencia, paciencia y flexibilidad", subraya.

Sin embargo, puntualiza en que uno de los inconvenientes que van entrampando el diálogo es la violencia que hay en el país. "La violencia no resuelve nada, yo lo veo un poco único el tema aquí. No tengo solución, pero si hay un rol para la policía, yo realmente no entiendo cuál es aquí", sostuvo.

Cabe hacer presente que la Consulta Indígena constituye una piedra angular del Convenio 169 de la OIT, el cual Chile ratificó en 2008 y que entró en vigencia en septiembre de 2009, cuyo principal fundamento es el respeto a las culturas y las formas de vida de los pueblos indígenas.

Este, entonces, establece el deber del Estado de consultar las medidas legislativas y administrativas susceptibles de afectar directamente a los pueblos originarios, a través de sus instituciones representativas y procedimientos apropiados.

Desde hace algunos meses, por ejemplo, el Ministerio de Educación ha llevado adelante una consulta sobre la propuesta de Bases Curriculares para la asignatura de Lengua y Cultura de Pueblos Originarios de 1º a 6º año básico.