Fiscal presenta informe a corte donde da cuenta que obispado de Valparaíso ocultó información
Documento fue evacuado en respuesta a la solicitud de la segunda sala del tribunal de Alzada, donde está alojado el recurso de protección interpuesto por la iglesia, que mantiene paralizada la causa.
El Ministerio Público de O'Higgins tenía ocho días de plazo para enviar el escrito solicitado por la Corte de Apelaciones de Rancagua, donde se tramita la acción judicial interpuesta por el obispado de Valparaíso que reclamó por la legalidad del allanamiento que la fiscalía realizó al edificio eclesial el pasado 13 de septiembre, pues este no se avisó con 48 horas de anticipación, como establece la ley para los inmuebles religiosos.
El escrito, firmado por el fiscal Sergio Pérez, quien ese día encabezó la diligencia, argumentó que no se dio aviso previo, pues el juez de garantía de Rancagua, Luis Barría, autorizó, así lo autorizó conforme "al artículo 209 del Código Procesal Penal".
Agrega que el día de la entrada y registro al obispado porteño, que se repitió en simultáneo en las diócesis de Chillán, Osorno y Concepción, se entrevistó con el vicario judicial, Luis Meneses Iturrizaga, quien recurrió a la corte y estaba a cargo de las denuncias por eventuales delitos sexuales contra menores y el tribunal eclesiástico, asegurando que este "se mostró reacio a colaborar".
Según el fiscal Pérez, el sacerdote cuestionó la firma electrónica de la orden judicial y que cuando le consultaron por las denuncias e investigaciones, Meneses los condujo a una oficina donde había tres cajas con todas las investigaciones.
El fiscal relata en el documento que le consultó si "esas eran todas las denuncias e investigaciones que se habían realizado en el obispado durante los 30 años que el señor Meneses había trabajado en dicho lugar, y éste lo afirmó".
Sin embargo, prosigue su relato, "en el subterráneo del edificio, en una de las múltiples habitaciones que había, específicamente en una suerte de "medio piso" encontré una serie de documentos bajo una manta, correspondiente a expedientes y otros documentos relevantes para la investigación, distintos a los entregados previamente por el señor Meneses".
El persecutor agrega que en otras dependencias del edificio, también fue incautada documentación relevante para la investigación, como fue el caso de la "curia diocesana, donde se ubica la oficina del obispo".
Así el fiscal Pérez defendió la diligencia, asegurando que en ella no se vulneraron garantías constitucionales.
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