El Ministerio Público decidió cerrar sin formalizaciones la indagatoria que abrió por una eventual omisión de denuncia de funcionarios de gobierno ante las irregularidades detectadas en convenios de entidades estatales con fundaciones como Democracia Viva.

El lunes 17 de febrero, desde las 8.30 horas, en el Juzgado de Garantía de Antofagasta se realizará una audiencia para discutir la solicitud del órgano persecutor en orden a comunicar su decisión de no perseverar en el procedimiento.

En el escrito que presentó al tribunal para que se fijara la audiencia, el fiscal Cristian Aguilar señala que cerró la investigación y por ello pretende “comunicar la decisión de no perseverar en este procedimiento (sin imputado (a) formalizado), por cuanto durante la investigación no se han reunido antecedentes suficientes para formalizar y formular una acusación por el delito de omisión de denuncia”.

El persecutor buscaba dilucidar si hubo funcionarios públicos que conocieron de irregularidades e incumplieron el mandato legal que tienen de denunciar ante las policías o el Ministerio Público.

Se indagó al jefe de asesores de la Presidencia, Miguel Cristpi y la exsubsecretaria de Vivienda, Tatiana Rojas.

Jaime Winter, abogado de Rojas, valoró la decisión de la Fiscalía de Antofagasta.

“Para nosotros no es ninguna sorpresa que se haya tomado esta decisión de no perseverar en la causa, porque la única razón por la que se estaba investigando la omisión de denuncia es porque se había presentado una denuncia por parte de un grupo de personas vinculadas al Partido Republicano, y la verdad es que no había ningún antecedentes para sostener que se estaba ante tal delito”, indicó.

En el caso de Tatiana Rojas, explicó el abogado, cuando ella recibe la información sobre cuestionamientos al trabajo del exseremi del Minvu de Antofagasta Carlos Contreras, formalizado por fraude al fisco, su representada “inmediatamente tomó todas las medidas y eso está acreditado en la causa, para que el asunto se investigara y, además, informó a sus superiores”.

“En ningún caso se levantó la existencia de un delito en ese momento, sino que simplemente de asuntos que había que ajustar sobre el trabajo del Ministerio. Por lo tanto, no hay ninguna razón para pensar que penalmente existiría una omisión de denuncia en los términos que exige el Código Procesal Penal. Dado que este era el único delito que se le imputaba a la exsubsecretaria, esperábamos esta determinación”, explicó.