Fiscalía: delitos por violencia rural en La Araucanía subieron en un 28%

"Hace exactamente un año, en este mismo lugar, comencé mi anterior rendición de cuenta pública explicando que 2017 había sido un año 'complejo'. De haber avizorado lo que enfrentaríamos en las semanas y meses siguientes en la denominada Operación Huracán, o que finalizaríamos el año con una investigación de la complejidad del homicidio del joven Camilo Catrillanca, hubiese usado probablemente entonces otro calificativo".

De esta manera comenzó su discurso el fiscal regional de La Araucanía, Cristián Paredes, en la cuenta pública de su jefatura, aludiendo directamente a los dos casos que remecieron la investigación policial en la zona y que quebraron la relación entre el Ministerio Público y los estamentos investigativos de Carabineros en la región.

Sin embargo, estos dos casos se dieron en el marco de investigaciones que buscan disminuir los hechos de violencia rural en la región, objetivo que al parecer sigue siendo una de las deudas de las autoridades en la zona.

Según explicó el fiscal Paredes, "durante 2018 ingresaron a las distintas fiscalías de la región 270 causas por delitos vinculados a este fenómeno, 49 ingresos más que en igual periodo del año anterior, lo que representa, a igual fecha, un incremento de un 28 %".

Además, el persecutor reconoció un dato no menor, al detallar que tras el homicidio a Catrillanca, ocurrido el 14 de noviembre, se produjo un peak de incidentes. De acuerdo a las cifras entregadas por la fiscalía, entre noviembre (58) y diciembre (31) se registró un tercio de los casos de violencia rural en la zona acumulados a lo largo del año (33%).

Tal como lo ha asegurado el gobierno, después de eso se desencadenaron una serie de hechos de violencia en la provincia de Malleco.

"Estamos llamados a cumplir con nuestro deber cualquiera sea la agencia estatal en que labore el imputado, incluso si es la nuestra, como en los casos señalados. Los hechos acontecidos en noviembre último, a propósito de la muerte de don Camilo Catrillanca y la investigación por homicidio y por obstrucción desarrollada por nuestra Unidad Regional de Derechos Humanos, demuestran cuán pertinente y justificada ha sido su instalación", explicó Paredes.

En cuanto a las condenas por violencia rural, el fiscal destacó dos. El obtenido por el ataque incendiario al templo evangélico del sector Niágara, en que se logró una sentencia de 10 años de presidio contra dos personas, y también subrayó el caso Luchsinger.

Sobre esta última causa, se concentró en dos puntos: la condena de 18 años a los presuntos autores del hecho, dictada por la Corte Suprema, y lo sucedido con dos prófugos en la causa.

"Lamentamos que por razones ajenas a la voluntad y al accionar de la fiscalía, dicha experiencia de justicia se haya visto truncada por la fuga de los condenados, para quienes siempre pedimos la prisión preventiva. Las órdenes de detención dictadas por el tribunal se encuentran vigentes. Confiamos en el trabajo policial para que se materialicen pronto".

Para Jaime Quintana, senador PPD por la región, el alza en las denuncias "es consecuencia de la actitud que tomó el gobierno durante sus primeros meses en la zona. Una actitud de confrontación, a lo Álvaro Uribe, solo genera más violencia. Si van a insistir con Colombia, deberían mirar más lo que hizo Santos. Espero que en los próximos meses primen el diálogo y la prudencia". El parlamentario agregó que "lo que se requiere para bajar esas cifras es más inteligencia y menos parafernalia policial. Esa es la forma de identificar a los violentistas y aplicarles la ley".

Su par de la zona, el senador de Evópoli Felipe Kast, precisó que "una de las claves para terminar con la violencia en La Araucanía es terminar con la impunidad, y para lograr hacerlo es fundamental el trabajo de la fiscalía, institución responsable de liderar la investigación y la persecución penal".

Cuando ocurrió el caso Huracán, la relación entre Carabineros y la Fiscalía Regional de La Araucanía se resintió, aseguran fuentes de ambas instituciones. Una vez conocido el caso, el exjefe de Inteligencia de la policía uniformada, Gonzalo Blu, dijo públicamente que al no confiar en el trabajo de Carabineros se estaban poniendo en el lado de quienes delinquen en la zona.

Estas palabras hirieron la susceptibilidades, incluso provocaron intercambio de cartas entre el fiscal nacional, Jorge Abbott, y el exsubsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, quien respaldó el actuar de la policía.

Pero, pasado el tiempo, el quiebre parece haber quedado atrás. Y si bien a la cuenta pública estaba invitado el general director de Carabineros, Mario Rozas, quien no pudo asistir, pues ayer era la ceremonia que lo oficializaba como máximo jefe policial, Paredes envió un mensaje a la institución policial: "Quiero reconocer el trabajo de Carabineros de Chile, institución fundamental para preservar la seguridad interna, prevenir delitos y contribuir a la persecución penal. Hoy no nos pudo acompañar su nuevo general director, don Mario Rozas, por obligaciones imprescindibles de su cargo, pero la presencia de su delegado expreso para esta ocasión tiene un alto valor simbólico y demuestra que las dificultades vividas en el año 2018 se acotan solo a quienes participaron en hechos actualmente investigados".