Fiscalía dice que son “contradictorias” las conclusiones del peritaje encargado por la familia de fallecido integrante de la CAM

El fiscal regional de La Araucanía, Roberto Garrido, se refirió este jueves a los resultados de un metaperitaje encargado por la familia de Pablo Marchant, activista de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) que murió en medio de un enfrentamiento con Carabineros en Carahue hace cuatro meses, y que difundió el medio “La otra diaria”. En este un perito privado, el médico cirujano Bernardo Morales, habría establecido una presunta ejecución del joven por parte de la policía, sólo con revisar los antecedentes que hay en el expediente por este homicidio, dos lesiones -en cabeza y brazo- y que habría estado de rodillas.

Consultado por la situación, el jefe del Ministerio Público de la IX Región sostuvo que “no conocemos este metaperitaje, no sabemos cómo es la forma en que se llega a esas conclusiones, que son distintas, incluso contradictorias con el informe de autopsia que fue incorporado por el SML. Creo que es necesario contar con todos los antecedentes antes de tomar una decisión tan relevante penalmente como es la formalización”.

El fiscal agregó que desde un inicio la familia del joven, a través de su abogado Rodrigo Román -de la Defensoría Popular- fueron invitados a participar de las pericias legistas cuando se desarrollaron por parte de la doctora Nubia Riquelme a las horas posteriores al deceso de Marchant. “Desde el primer momento fueron contactados por el Ministerio Público, incluso, se les ofreció la posibilidad de participar en el infirme de autopsia directamente, o por medio de algún representante, se reunió el fiscal y la unidad de atención de víctimas con la madre del fallecido”, explicó.

Junto con esto, el jefe regional del Ministerio Público aclaró que para formalizar a algún responsable por la muerte del integrante de la CAM aún faltan antecedentes. “Esperamos prontamente las diferentes pericias que se han encargado y poder analizar estos elementos con objetividad para tomar las decisiones con fundamentos que corresponden en este caso”, enfatizó.

En el expediente judicial, que ya suma más de cien fojas, no existe ningún antecedente que se adhiera al metaperitaje privado de Morales, quien, además, establece que Marchant habría recibido los disparos estando de rodillas. Por el contrario, lo que hasta el momento la PDI ha acreditado es que las heridas que presenta tanto en el hombro como en la cabeza son del mismo disparo que le quitó la vida y que ingresó por el costado derecho de su cuerpo, a corta distancia, pero no a quemarropa. Esto es acorde a lo declarado por el policía que disparó esa jornada, quien -según dijo a fiscalía- habría percutado el arma sin apuntar cuando vio a la víctima supuestamente apuntando con un fusil a otro carabinero.

En las conclusiones del SML se establecen cuatro puntos: “La causa de muerte es un traumatismo cráneo encefálico abierto grave por herida por disparo de arma de fuego (escopeta); que la lesión encéfalo craneana que presenta el occiso es necesariamente mortal, que es atribuible a la acción de terceras personas y que desde el punto de vista médico legal y con los antecedentes que se dispone hasta este momento, la muerte se considera de tipo homicida”.

Uno de los documentos clave que da cuenta de eso es el informe del SML redactado por la médico legista Nubia Riquelme. En el informe se indica que había tres heridas más a la que le produjo la muerte”, pero que ellas son producto de perdigones. “Estas tres lesiones corresponden a trayecto de perdigones antes de penetrar piel”, especifica el análisis.

La Tercera se contactó con el abogado de la familia Marchant-Gutiérrez, Rodrigo Román, pero se excusó de responder el llamado.

Tras los hechos ocurridos en Carahue el 9 de julio en un sector forestal, se abrieron dos investigaciones: una por el ataque incendiario armado en contra de trabajadores de la faena y el segundo por la muerte de Marchant, la que está a cargo de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía en La Araucanía.

El médico cirujano Bernardo Morales, que estuvo a cargo del peritaje privado, es exjefe del Departamento de Tanatología del Servicio Médico Legal y en 2006 fue desvinculado de su cargo por incumplimiento.

En ese entonces, los funcionarios lo denunciaron por la adulteración del libro de asistencia de la unidad, con el fin de ocultar sus frecuentes faltas e incumplimiento de las 33 horas semanales por las que fue contratado. Esto, sumado a la incompatibilidad que tenía por ser jefe de la unidad de Anatomía Patológica del Hospital de Carabineros determinaron finalmente su desvinculación de la entidad legista en medio de un escándalo.

La Tercera se contactó con Morales, para tener más detalles sobre su conclusión, pero éste indicó que no se referiría al tema por no contar con autorización del abogado de la familia.