Fiscalía interpone recurso de queja contra jueza de Rancagua en causa por corrupción contra exministros de la Corte de Apelaciones

La Fiscalía Metropolitana Sur interpuso un recurso de queja contra la jueza de garantía de Rancagua Paz Reyes, cuya resolución impidió que el Ministerio Público cerrara de forma total la investigación por delitos de corrupción contra los exministros de la Corte de Apelaciones de esa ciudad Emilio Elgueta y Marcelo Vásquez, y de otros cuatro imputados.

Esta jornada se conoció que el Tribunal de Garantía de Rancagua decretó el sobreseimiento definitivo parcial de dos abogados imputados por los delitos de estafa procesal y uso mercantil de elemento privado, en el marco del Caso Jueces. Estos habían sido formalizados el pasado 9 de abril, mismo día en que se presentó la reformulación de cargos para los exministros Elgueta y Vásquez.

Luego, en audiencia realizada el pasado viernes 30 de abril, se sobreseyó a Elgueta por el delito de estafa procesal, tras acusarlo de concertarse con otros imputados para evitar el remate de una casa de un funcionario judicial utilizando un pagaré falso. En esa ocasión, el Ministerio Público buscaba cerrar la investigación de todos los imputados, lo que fue rechazado por la jueza Reyes.

La jefa de Asesoría Jurídica de la Fiscalía Metropolitana Sur, Sandra Reveco, afirmó esta tarde que la institución que representa, “en en el marco de la investigación que lidera en la causa por delitos de corrupción contra los exministros de la Corte de Apelaciones de Rancagua Emilio Elgueta y Marcelo Vásquez, y de otros cuatro imputados, presentó un recurso de queja contra una jueza de garantía de dicha ciudad que impidió ejercer a la Fiscalía la facultad constitucional exclusiva de comunicar el cierre de la investigación en forma total para todos los imputados, cerrándose solo para uno de los exministros”.

Agregó que esta acción “tiene como consecuencia que el Ministerio Público se ve inhabilitado de presentar una sola acusación, perjudicando y debilitando de esta forma, el ejercicio de la acción penal pública en esta causa de alta complejidad”. “Asimismo, dicha resolución divide la investigación contra los dos ex ministros, lo que eventualmente implicaría la realización de dos juicios separados con la misma prueba y por hechos similares”, sostuvo.

Reveco añadió que “igualmente, dicha jueza sobreseyó un hecho que daba cuenta de una estafa procesal, donde de acuerdo a los antecedentes de la investigación, el ministro Vásquez se habría concertado con otros imputados, entre ellos abogados, para evitar el remate de una casa de un funcionario judicial vía el uso de un pagaré falso. Ante esta última resolución la Fiscalía presentará los recursos legales pertinente ante la Corte de Apelaciones de Rancagua”

Tras conocer el anuncio de la Fiscalía, Matías Künsmüller, defensor del abogado Pablo Latorre, implicado en el caso, calificó como “inédito” el actuar del Ministerio Público -al que acusó de querer mediatizar más la causa- y dijo esperar que el recurso sea desechado para no sentar un “antecedente nefasto”.

Al respecto indicó estar sorprendido por la forma en que fue dado a conocer: “el Ministerio Público lo anunció en Twitter antes de que la resolución fuera notificada”.

“Queda la sensación de que el Ministerio Público, una vez que pierde un argumento, trata de de hacer público lo más posible la presentación de un recurso para litigar la causa a través de la prensa”, agregó. “No me había tocado ver un tuit del Ministerio Público que presentara un recurso de queja, que es un recurso disciplinario, y lo hace por la prensa”, destacó.

Respecto del fondo, Künsmüller sostuvo que la resolución del Juzgado de Garantía” lo que hizo fue reconocer, vía cautela de garantía, que las acciones del Ministerio Público estaban violando los derechos de los imputados”, al pretender cerrar la causa de imputados que habían sido formalizados recientemente.

“La jueza recogió este argumento y dijo que no se puede cerrar la investigación respecto de personas que acaban de ser formalizadas (...) Encuentro grave que el Ministerio Público presente una queja por un fallo que lo que hizo fue reconocer el derecho de los imputados. Esto es realmente demencial”, concluyó.