Alcalde de Algarrobo queda en prisión preventiva tras ser formalizado por malversación de caudales públicos y cohecho

En el Juzgado Garantía de San Antonio fue formalizado este jueves el alcalde de Algarrobo, José Luis Yáñez, quien fue detenido por la Policía de Investigaciones en el marco de una investigación por un millonario desfalco que afecta a ese municipio.

El jefe comunal, quien presentó el viernes pasado una licencia médica por 15 días, fue detenido en el camino antiguo a Cartagena, comuna de San Antonio, durante la noche del miércoles. La fiscalía investiga transferencias fraudulentas que habría realizado la tesorera municipal, Belén Carrasco, y que llegarían a los $1.069.383.196.

En el caso de Yáñez, la fiscal Claudia Perivancich lo acusó por los delitos de malversación de caudales públicos y cohecho. Según la persecutora, el alcalde dispuso una reestructuración al interior del municipio, designando a Carrasco en dicho cargo de la tesorería. Carrasco llegó a trabajar a la Municipalidad de Algarrobo en 2019 y pasó al Departamento de Tesorería en junio de 2021.

Yáñez y Carrasco mantuvieron una relación de pareja en el mismo período en que se realizaron las transferencias fraudulentas. Vale decir entre marzo de 2022 y noviembre de 2023.

Además, el jefe comunal “consintió en las reiteradas sustracciones de fondos”, aseguró Perivancich. La fiscal dijo que Yáñez “hizo caso omiso” a las observación de la Contraloría Regional de Valparaíso en ese sentido. Citando la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, la fiscal dijo que el alcalde tenía la “obligación de custodiar y salvaguardar los recursos públicos de municipio”.

Por otra parte, Carrasco, quien tiene siete meses de embarazo, fue formalizada el martes por el delito de malversación de caudales públicos. Quedó en prisión preventiva y el tribunal decretó 150 días de investigación.

De profesión ingeniera en administración de empresas e ingeniera civil, la mujer habría realizado una serie de transferencias a cuatro personas, dos de ellas un sobrino y un primo del alcalde. Y de acuerdo a antecedentes, Carrasco adulteró las nóminas de pago para transferir los dineros. Según la acusación, la mujer realizó 91 transferencias en 20 meses.

Respecto al cohecho, la fiscal acusó que Yáñez recibió cinco transferencias por un total de $25 millones de la empresa Sociedad Excavaciones Peña Limitada, dedicada a la construcción, áridos y maquinaria, y que es de propiedad de Rafael Peña Aranda. Los traspasos habrían sido para “ejercer influencia para que otros funcionarios municipales pudieran favorecer contrataciones directas con esa empresa o realizaran gestiones en favor de la misma”.

Dicha empresa ha prestado servicios en el municipio desde 2016 hasta noviembre de 2023. Dos servicios han sido realizados mediante licitaciones públicas y 15 por contratos suscritos por trato directo.

Los $25 millones fueron recibidos entre el 19 y el 22 de agosto de 2022. “Las transferencias se realizaron a la cuenta corriente personal del alcalde”, dijo la fiscal.

“El alcalde obró a sabiendas de que su conducta infringía el principio de probidad que le obligaba a mantener un desempeño honesto y leal de la función o cargo”. “Ninguna de las transferencias indicadas corresponde a donativos oficiales y protocolares o a aquellos que autoriza la costumbre como manifestaciones de cortesía y buena educación”, agregó la fiscal.

Así las cosas, el 25 de agosto de 2022 el alcalde adquirió divisas por un monto de 21.429 dólares que luego remesó en una cuenta corriente abierta en Estados Unidos.

El tribunal decretó que el alcalde quede en prisión preventiva y primero ordenó su ingreso al Anexo Penitenciario Capitán Yáber, en Santiago, a solicitud de la defensa, sin embargo luego fue derivado al Centro de Detención Preventiva de Casablanca. El plazo de investigación fijado es el mismo que se decretó para Carrasco, vale decir 150 días.

Tras la formalización, la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, valoró la resolución de la audiencia. “El alcalde no ha prestado declaración en la investigación hasta ahora. No sabemos si eso va a cambiar a futuro”, dijo.

“Estamos trabajando afanosamente, no solo tenemos nosotros posibles imputados, están categorizados como tal en querellas que se han presentado en la causa. Tenemos mucho trabajo por delante”, cerró.

Malversación de caudales públicos tiene una pena que puede llegar hasta los 15 años de prisión. En el caso del cohecho, existe la agravante por ser autoridad pública. En tanto, la UDI, partido donde militaba Yáñez, decidió suspender su militancia tras conocerse las irregularidades en la gestión municipal.