Frontera norte: la puerta al crimen organizado

La desierta frontera norte de Chile con Perú y Bolivia ha concentrado históricamente la atención de los gobiernos nacionales. Las demandas limítrofes de las naciones vecinas han marcado durante dos siglos gran parte de las discusiones entre los tres estados. Pero hoy este problema parece ser secundario, al menos para Chile. En la actualidad, la atención del país por los casi 1.100 kilómetros que comparte con ambos (168 km con Perú y 942 con Bolivia) se enfoca principalmente en los problemas transnacionales ligados al crimen organizado en actividades como el narcotráfico, el tráfico de personas y el contrabando.

Según cifras de las brigadas Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado (Briant) de la PDI, entre 2016 y el 24 de septiembre de 2019 se han incautado en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta (la llamada macrozona norte) un total de 29,7 toneladas de cocaína, marihuana y pasta base.

Los decomisos realizados en esta área durante 2018 equivalen a un tercio de la droga retirada por la PDI en todo el país. De las 24,5 toneladas de estupefacientes recogidas ese año 8,7 salieron de circulación en la macrozona.

De acuerdo con el subprefecto Roy Farías, jefe de la Prefectura Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado Norte (Preanconor), la complejidad de este escenario se vincula a que la macrozona limita con dos de los principales productores de drogas del mundo. No obstante, también cree que el aumento del consumo en Chile ha impulsado el ingreso de estupefacientes.

"Hoy el país representa una gran oferta para traficantes provenientes de Perú y Bolivia. Dejamos de ser casi un país de tránsito y pasamos a ser uno con mucho consumo. El mejor ejemplo es el de la marihuana. Somos el número uno en Latinoamérica y estamos entre los tres principales consumidores a nivel mundial", explica.

Pero no es solo la droga un tema que complica. El contrabando de cigarrillos a través del desierto ha tomado fuerza en los últimos años. Incluso, lo lucrativo del negocio y las bajas penas a las que se arriesgan quienes lo practican han impulsado a distintas bandas a cambiar de giro delictual.

La preponderancia del Norte Grande en la situación de este delito en comparación con el nivel nacional es mucho mayor que en el caso de las drogas. Así, de las 6.293.895 cajetillas que Aduanas ha incautado entre enero y junio de 2019, el 69,6% fue decomisado en las regiones más septentrionales de Chile (4.383.740 cajetillas).

Para el subprefecto Farías, pese a que esa zona es la puerta de ingreso de droga y contrabando al país, "Santiago, por un tema demográfico y de recursos económicos, es el gran objetivo". Sin embargo, añade que "hay una gran cantidad de drogas que queda en la macrozona y una menor, aunque cada vez más importante, que llega a otras regiones, como aquellas del extremo sur".

El desierto surge como un actor protagónico en este tema. La ausencia de una frontera natural, como ocurre en la zona centro- sur del país con la presencia de la Cordillera de los Andes, ha permitido históricamente el libre paso de drogas, contrabando y personas. Según estadísticas obtenidas por el Ministerio del Interior, en 2018 se identificaron 166 pasos clandestinos. De ellos, 116 comunicaban con Bolivia y 50 con Perú.

Según el alcalde de Iquique, Mauricio Soria, "nuestra frontera es muy permeable, demasiado extensa y con muy poca implementación. Se ha mejorado mucho, pero aún son pocos los medios que tienen nuestras policías para cubrir todo el territorio".

En esto coincide el alcalde de Calama, Daniel Agusto, quien enfatiza que el estar cerca de la frontera "es una externalidad muy negativa y por eso necesitamos mucho apoyo. Estamos procurando más presencia policial y tener más unidades presentes. Hay que fortalecer los retenes fronterizos, porque ni Carabineros ni los vehículos que usan están dando abasto".

En este sentido, el jefe comunal destacó el decreto del gobierno que permite a las Fuerzas Armadas colaborar con el combate al narcotráfico. "Su participación es esencial acá. La frontera es muy extensa y hay muchos pasos donde se ingresa droga y no logran ser descubiertos. Se necesita la ampliación de la tecnología con que se vigila, y en eso las FF.AA. son un actor relevante", argumenta.

La alcaldesa de Antofagasta, Karen Rojo, enfatiza que las estadísticas y los hechos delictuales reiterados "son elocuentes en que la mayor problemática con el crimen organizado ocurre en la frontera con Bolivia". Y aseguró que las cifras entregadas por la PDI en cuanto al número de personas detenidas por tráfico de drogas en la zona, lideradas por chilenos y bolivianos, "evidencia la necesidad del trabajo binacional coordinado para combatir este flagelo y otros que afectan a ambos países".

Para el subprefecto Farías, las bandas dedicadas a estos delitos están compuestas principalmente por chilenos. No obstante, aseguró "también se han instalado ciudadanos de otros países, más allá de Perú y Bolivia".

Para la alcaldesa Rojo, esta situación afecta directamente en la calidad de vida de las personas de las ciudades. "El crimen organizado en los pasos fronterizos del norte son una cruda realidad y una problemática muy latente que afecta a las tres regiones".

Rojo, Agusto y Soria trabajan en la obtención de recursos que permitan enfrentar la delincuencia, a través de cámaras de seguridad y la implementación de diferente tecnología. Sin embargo, el alcalde de Calama es enfático en señalar que si no se fortalece la intervención de la frontera, "de poco servirá el esfuerzo que hagamos".

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