“Fue el factor que facilitó el delito”: menor que quedó en internación provisoria citó a adolescente secuestrado en Illapel

El Juzgado de Garantía de Illapel ordenó la internación provisoria de una adolescente de iniciales C.A.J.R. cuya participación fue clave en el secuestro ocurrido en Illapel esta semana. Conocía previamente a la víctima y había entre ellos un “lazo” de, al menos amistad, según la información revelada en la audiencia. Los captores actuaron con violencia y exigían $150 millones para liberar al menor de edad.

Tras su detención el miércoles en Pichidangui, por parte de la Policía de Investigaciones, el grupo de secuestradores fue formalizado por los delitos de sustracción de menor y porte ilegal de arma de fuego. Dos de ellos, identificados con las iniciales F.U.A.B. y P.J.J.V. quedaron con la medida cautelar de prisión preventiva. La otra menor de edad detenida, de iniciales V.A.P.H., quedó bajo arresto domiciliario parcial nocturno y prohibición de acercarse a la víctima.

“El tribunal al resolver la medida cautelar de prisión preventiva respecto de los dos imputados adultos, y de internación provisoria respecto de una de las adolescentes, no solo valoró hechos objetivos en relación a la gravedad de la pena asignada al delito, entendiendo que el mínimo de la sanción parte de 15 años y un día de privación de libertad, sino también las circunstancias especiales de comisión; siendo un hecho no menor que uno de los imputados mantenía un lazo de amistad previo con la víctima, y ese fue el factor que facilitó que se cometiera este delito, ya que la víctima no opuso resistencia. Pero aun así, llamó la atención la forma violenta que se comportaron los imputados con él”, sostuvo la magistrada Andrea Rojas Cortés.

El plazo de investigación se fijó en 60 días.

“Se ponderó también por el tribunal, que la conducta desplegada por estos imputados por sí sola ya deja en evidencia que su libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad. Adicionalmente, se estimó que la libertad de los imputados también es peligrosa para la seguridad de la víctima”, agregó la jueza.

Respecto de la segunda imputada adolescente, la magistrada explicó que “el tribunal declinó, por ahora, decretar la medida de internación provisoria, ya que los antecedentes incorporados por parte del Ministerio Público fueron insuficientes para estimar que ella actuó concertada con los tres imputados”.

La causa mantiene su carácter de reservada y la fiscalía no descarta solicitar ampliar el plazo de investigación en el futuro a la espera de reunir más medios de prueba.

Fue el padre del menor quien denunció el pasado lunes ante Carabineros el secuestro de su hijo de 16 años en la comuna de Illapel, Región de Coquimbo. Afirmó haber recibibo llamadas mediante la cual le habrían exigido 150 millones de pesos por la liberación de su hijo. Tras esto, desde el Ministerio Público se dispuso que personal especializado de la PDI realizara las primeras diligencias del caso.

Según el Ministerio Público, aproximadamente a las 17.00 horas del lunes 16 de octubre de 2023, los adultos y la menor que conocía al joven secuestrado, concertados de antemano y a bordo de un vehículo, se dirigieron al punto donde la víctima se reuniría con C.A.J.R., que lo había contactado previamente. Al verlo en el lugar descendieron del automóvil, apuntaron a la víctima con un arma de fuego y, a la fuerza, la obligaron a subir al vehículo para dirigirse hasta una cabaña en Los Vilos, golpeando al menor constantemente con la empuñadura del arma y con los puños en su cabeza y rostro que, además mantenían cubierta para impedirle ver a sus captores y el camino por donde iban. Al llegar a destino, introdujeron a la víctima a la cabaña y le ataron de pies y manos.

Una vez en la vivienda, los secuestradores, que usaban máscaras y guantes, tomaron el teléfono celular de la víctima y realizaron una videollamada al padre. Le exhibieron a su hijo golpeado, maniatado y apuntado con armas de fuego, exigiéndole la entrega de $150.000.000, amenazando con dar muerte al menor si no cumplía.

Pasadas las 21.00 horas del lunes, la familia realizó una primera transferencia a la cuenta del joven secuestrado por la suma de $200.000, dinero que fue retirado por los imputados utilizando la tarjeta bancaria de la víctima, mediante dos giros por un total de $195.000, en un cajero automático ubicado en una estación de servicio en la Ruta 5.

Con el dinero en su poder, los imputados dejaron al joven amarrado y encerrado en la cabaña y volvieron a la mañana siguiente para hacer una nueva videollamada, pero utilizando otro aparato, al padre del menor cautivo para exigirle más dinero. El hombre realizó una segunda transferencia por $609.690, monto del cual los imputados giraron otros $200.000.

Por la tarde, los imputados decidieron cambiarse a otro lugar. En el trayecto, volvieron a golpear a la víctima, agresión que grabaron y enviaron al padre. En el camino, cambiaron de opinión y optaron por retornar a la cabaña de Los Vilos.

En ese inmueble dejaron una vez más al adolescente encerrado para dirigirse a la localidad de El Melón, en Nogales, Región de Valparaíso. Allí recogieron a la coimputada V.A.P.H., que, según la fiscalía, estaba en conocimiento del delito que el grupo estaba desarrollando. En el trayecto de retorno desde El Melón, compraron licor en una botillería de La Ligua, utilizando la tarjeta bancaria del adolescente secuestrado y consumieron esas bebidas al llegar a la cabaña.

Finalmente, el miércoles 18 de octubre, se dirigían a Illapel por la Ruta 47 cuando fueron controlados por efectivos de la PDI. Al registrar el automóvil, los policías encontraron un arma de fuego, sin que los imputados contaran con autorización para su porte y tenencia y el aparato celular utilizado para realizar las videollamadas.

En dicho contexto, el imputado P.J.J.V. les informó a los policías el lugar donde mantenían cautiva a la víctima.

Así, los detectives llegan a la cabaña en Quilamarí a eso de las 16.00 horas, encuentran al adolescente maniatado en uno de los dormitorios con señales de haber sido agredido y lo llevan a un centro asistencial para verificar su estado de salud. Las lesiones que había sufrido el menor de edad fueron diagnosticadas como menos graves y fue dado finalmente de alta.

El subprfecto Hassel Barrientos, jefe de la BIPE Antisecuestros de la PDI, indicó que “de igual forma, el resultado de las diligencias de negociación, el trabajo operativo de equipos en terreno, conforme  a la georeferenciación de las llamadas telefónicas y cámaras de seguridad  permitió identificar lugares de la comuna de Illapel y se logra establecer el lugar de cautiverio”.

El fiscal jefe de Illapel, Andrés Villalobos, destacó la importancia de los medios de prueba reunidos en la investigación como el levantamiento del secreto bancario, solicitado por el Ministerio Público al Juzgado de Garantía de Illapel a la Cuenta Rut de la víctima. “La BIPE trabajó desde la madrugada del día de los hechos para esclarecer la ubicación de la víctima y detener a los responsables. Lo que se hizo fue que el Ministerio Público solicitó autorización al Juzgado de Garantía de Illapel para alzar el secreto bancario de una Cuenta Rut para tener los movimientos de ella y pudimos conocer que se estaban efectuando giros de cajeros automáticos. La PDI realizó diligencias para ubicar las cámaras de seguridad de aquellos cajeros y pudo establecerse la participación de un sujeto de sexo masculino con una mujer en los giros”, explicó el persecutor Villalobos.

El fiscal añadió que a partir de ese momento “se efectuaron vigilancias presenciales en estos lugares y se logró establecer la realización de un segundo giro y se pudo vincular a un vehículo en que se transportaban las personas que hacían estos giros”.

“El miércoles de esta semana pudieron controlar este vehículo en que se encontraban estas cuatro personas detenidas y se encontró un revolver calibre 38 con municiones, un teléfono celular usado por extorsionadores que estaba intervenido a raíz de una solicitud efectuada al Tribunal de Garantía para contar con la información de dicho teléfono y vestimentas que resultaron ser similares a las que aparecían en las cámaras de seguridad que usaban los individuos cuando realizaban giros de dinero y que eran compatibles además con videos de los extorsionadores que enviaron a las familias cuando exigían rescate”, detalló.

El fiscal agregó que quedan diligencias pendientes relacionadas a otras personas que podrían estar vinculados, pero que por ahora “son antecedentes reservados”.