El Juzgado de Garantía de Antofagasta acogió a trámite la ampliación de la querella que presentaron los diputados del Partido Republicano Cristián Araya y Juan Irarrázaval para que se indague formalmente al ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, a la directora de Presupuestos, Javiera Martínez, y al jefe de asesores del Presidente Gabriel Boric, Miguel Crispi.

A lo principal y primer otrosí, téngase por ampliada la querella criminal presentada por Cristián Andrés Araya Lerdo de Tejada y Juan Eduardo Irarrázaval Rossel, en los términos que indica, y remítase a la Fiscalía Local del Ministerio Público, para los fines legales pertinentes.

En junio los diputados de oposición presentaron una querella por los delitos de cohecho agravado y fraude al fisco por los convenios por 426 millones de pesos entre la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda de Antofagasta y la Fundación Democracia Viva.

Esta semana ambos legisladores solicitaron, que en el marco de esa querella, se investigue a las autoridades que a su juicio habrían dictado instrucciones que habrían beneficiado a fundaciones o estarían relacionados directamente con personeros que están siendo investigados por el fiscal a cargo del caso, Cristián Aguilar.

Además, los diputados piden al Ministerio Público que despache una ampliación de la orden de investigar a la Brigada Anticorrupción de la Policía de Investigaciones “a fin de que proceda a recopilar todos los antecedentes, documentales y testimoniales, sobre el hecho punible y su autoría”. 

Adicionalmente, se requirió que “se disponga que el Cibercrimen de la Policía de Investigaciones de Chile concurrir a las dependencias de la Dipres y del Palacio de La Moneda, y a los domicilios de los querellados, a fin de proceder a incautar los computadores y teléfonos institucionales y de uso personal; y, se cite a declarar en calidad de imputados a Kenneth Giorgio Jackson Drago; Miguel Ernesto Crispi Serrano y Javiera Martínez Fariña”.

Frente a la determinación del Juzgado de Garantía de Antofagasta, el diputado Cristián Araya manifestó que “el país demanda que la justicia llegue hasta el fondo en este grave caso, en el que están comprometidos la fe pública y millonarios recursos públicos, que habrían sido obtenidos de forma irregular, mediante un mecanismo para defraudar al Fisco, y es muy relevante que se indague a todos quienes habrían participado o tengan vinculación con esos hechos”.

En tanto, el diputado Juan Irarrázaval indicó que “al acogerse este recurso, se podrá indagar eventuales responsabilidades legales de estas autoridades en los ilícitos que se investigan, porque hasta ahora el gobierno los ha blindado”.